José Francisco Martín llama “inútil” a Fernández Carriedo por devolver 99,8 millones al Estado al no ejecutar políticas de empleo

El coordinador del área de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, calificó hoy de “inútil” al exconsejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, después de que la Junta de Castilla y León se viera obligada a devolver 99,8 millones de euros al Estado por no ejecutar el dinero destinado a las políticas activas de empleo entre 2015 y 2019. Una situación que el PSOE relaciona con la mala gestión del Ejecutivo autonómico en materia de políticas de políticas activas, sobre todo en formación, al existir una “excesiva concentración” de empresas y centros que debían prestar los cursos en manos de excargos del Partido Popular y “amigos” de la Junta.

Unos fondos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que, según una respuesta del Gobierno central a una pregunta del grupo de senadores del PSOE autonómico, se distribuyen territorialmente para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en la materia. De esta manera, la Junta se ha visto obligada a la devolución de 3,6 millones de euros correspondientes al ejercicio 2015; 27,2 millones en 2016; 16,5 millones en 2017; 21,7 millones en 2018 y 30,5 millones en 2019. Unas partidas que se reparten en empleo, orientación profesional, oportunidades de empleo, formación profesional, modernización.

Martín calificó, según recogió la Agencia Ical, la devolución de este dinero como una “hazaña” más del Gobierno de la Junta formado por el “pacto de la rapiña”. “Hace falta ser inútil para hacer lo que han hecho estos cuatro años en la Consejería de Empleo, que entre septiembre de 2016 y julio de 2019 estaba dirigida por el señor Carriedo, que ahora es el responsable de todo el presupuesto de la Junta”, aseveró. Además, precisó que, en esas fechas, la gerente regional del Ecyl era Rocío Lucas, ahora consejera de Educación.

El procurador socialista puso los ejemplos de varios ejercicios como que del montante total que transfirió el Estado a la Comunidad para los programas de gestión del empleo de los parados de Castilla y León (307 millones), solo se ejecutó el 28 por ciento de lo presupuestado entre los años 2015 y 2019. En cuanto a la formación ocupacional, solo se gastaron 133 millones de los 453 millones de euros previstos. Por lo tanto, casi una tercera parte del presupuesto aprobado no se llevó a cabo.

Remanentes descontados

La respuesta de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales a los senadores socialistas precisa que “los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar cada ejercicio, que se encuentren en poder de las comunidades autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para que el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio, como situación de tesorería de origen”. Es decir, estos remanentes de crédito serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada territorio para la ejecución de acciones y medidas de políticas activas de empleo.

José Francisco Martín aprovechó la rueda de prensa para acusar también de “inútil” a la actual consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, después de “lucirse” esta semana con la publicación de una corrección de errores de una resolución del programa Reincórporate de la provincia de Salamanca, al no coincidir los nombres con los DNI.

Por su parte, el portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Pedro González, recordó que el PSOE ya denunció en marzo del año pasado la mala gestión de los fondos del SEPE que llegaban a la Comunidad, después de centralizar todos los cursos en centros de formación afines al PP y la Junta. “La Consejería dejó tirados a pequeñas empresas y autónomos, sobre todo del medio rural, que tuvieron que cerrar al no ser beneficiarios de esta formación de desempleados”, apuntó.

Reacción del PP

Minutos después, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Salvador Cruz, quien “cuestionaba” las declaraciones del PSOE por la falta de “experiencia” en la gestión de la que adolece. “El problema es un conjunto de las Comunidades autónomas y no sólo de Castilla y León”, insistía Cruz, ya que “la ejecución no depende del grado gestor, sino de factores externos y que existe una diferencia entre lo concedido y lo liquidado”.

Unos factores, que como el procurador popular ha comentado tienen que ver con " la renuncia de cursos, que los no se inician con el máximo de alumnos o que no acaban con los que empezaron o que algunas empresas no pueden dar cobertura a todos los cursos”.

“Quieren intentar desviar la atención hablando de mala ejecución cuando es Castilla y León una de las mejores autonomías que gestiona mejor los fondos que presupuesta”, y por ello ha animado a acudir a la página web del Ministerio de Hacienda, y ha hecho hincapié en otras autonomías del resto del Estado español.

También ha criticado que no haya hecho mención alguna a los Presupuestos de la Comunidad, que “son inversores” y que van a suponer un avance en el sistema público y para ayudar al municipalismo y al medio rural.