La participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades se mantiene en el 4% desde 2013

Al cierre de 2022, el volumen total de deuda en Castilla y León en términos de contabilidad nacional ascendía 13.322 millones de euros, con un incremento respecto a 2021 del 0,81%. Teniendo en cuenta que para todas las comunidades autónomas esta cuantía era de 317.089 millones, la participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades se mantiene desde 2013 en el 4%.

Este es uno de los datos reflejados en el informe específico sobre el endeudamiento de Castilla y León en el ejercicio 2022 elaborado por el Consejo de Cuentas, que fue presentado esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda por su presidente, Mario Amilivia, juntamente con la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente a 2022.

El presidente explicó en primer lugar la nueva presentación de la fiscalización de la Cuenta General, derivada de cambios normativos y de la necesidad de aproximar su estructura y contenido a las normas internacionales de auditoría adaptadas al sector público español.

Consecuencia de ello y de la experiencia adquirida por el Consejo, el análisis específico del endeudamiento, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del ejercicio se realizó en un informe adicional, que presentó en segundo lugar, considerando adecuada la explicación conjunta de ambos trabajos al tratarse de materias estrechamente relacionadas entre sí.

A modo de antecedentes, Amilivia recordó que el presupuesto de 2021 fue prorrogado en 2022 y que, si bien las reglas fiscales continuaban suspendidas en 2022, el Estado estableció una tasa de referencia de déficit público para las CCAA situada en el 0,6% del PIB regional.

Los créditos del presupuesto inicial de gastos e ingresos consolidado ascendían a 12.286 millones de euros, los cuales, tras incorporar modificaciones por 1.005 alcanzaron un montante definitivo de 13.290.

De acuerdo con los datos de la liquidación, las obligaciones reconocidas netas se situaron en 12.578 millones de euros, ascendiendo el gasto presupuestario no financiero a 11.399 millones.

Desde el punto de vista funcional, el 56% del gasto presupuestario se dedicó a sanidad, educación y cultura, 233 millones más respecto al ejercicio anterior. En atención sanitaria el gasto fundamental se realiza en Atención especializada, con 2.858 millones (un 2,7% más); y en Atención primaria, con 1.444 (un 4,4% más).

Respecto a la enseñanza, el principal gasto se destina al subprograma ESO, FP, Educación Especial, enseñanzas artísticas e idiomas, por un importe de 1.021 millones (un 2,3% más) y al subprograma Enseñanzas universitarias, con 422 millones (un 5,8% más).

En cuanto al capítulo de ingresos, conforme a los datos de la liquidación, los derechos reconocidos netos alcanzaron los 11.905 millones. En esta línea, subrayó que el sistema de financiación autonómica aportó a la Comunidad 7.655 millones en el ejercicio, el 64% del total de los ingresos de la cuenta consolidada. De ellos, las entregas a cuenta provenientes del Estado, 6.862 millones, suponen el 57%.

Refirió asimismo que el importe de la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2020 fue negativo para la Comunidad en 372 millones, cuantía neutralizada por la Administración del Estado al no considerarse el impacto económico de la crisis sanitaria en las entregas a cuenta de dicho ejercicio.

La auditoría recoge respecto al patrimonio generado por la Comunidad que este fue negativo por 8.214 millones, con una disminución de 125 millones en 2022. El patrimonio neto fue negativo por 6.099 millones, empeorando en 119 millones desde 2021, lo que explica la necesidad de recurrir al endeudamiento.

La Comunidad mostró unas pérdidas de 440 millones de euros en su cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, lo que supuso un aumento de los resultados negativos en 339 millones respecto a 2021 (un 335%).

Por otra parte, en 2022 presentó un resultado presupuestario consolidado negativo por 673 millones, con un aumento de 564 respecto a 2021.

En el balance consolidado, que refleja la situación y variación del activo, el pasivo y el patrimonio, la Administración general de la Comunidad tenía en su efectivo 582 millones correspondientes a fondos específicos para otras entidades, que provocaron apuntes de homogeneización.

En este informe separado del de la Cuenta el Consejo de Cuentas evaluó el endeudamiento del sector público autonómico, tanto desde el punto de vista de las entidades como en términos de contabilidad nacional, verificando la normativa en materia de estabilidad presupuestaria. Atendiendo a la deuda según balance, en el pasivo del balance consolidado de 2022 figuran 13.944 millones de euros (deudas con entidades de crédito por 9.513 millones, valores de deuda pública por 3.613 y otras deudas por 817).

Si se añade la deuda comercial (2.416 millones) y los pasivos por impuestos diferidos (44 millones) el importe total de deuda según balance asciende a 16.405 millones. En los próximos 5 ejercicios, según refirió Amilivia, la Administración autonómica tendrá que hacer frente a la amortización de más de la mitad del importe de sus préstamos, el 53,85%, y en 10 años tendrá que asumir el vencimiento del 87,09% del saldo de deuda viva, sin incluir los créditos de tesorería.

En términos de contabilidad nacional (la computada según el Protocolo de Déficit Excesivo) el trabajo concluye que, al cierre de 2022, el volumen total de deuda ascendía a 13.322 millones, un 0,81% más que en el ejercicio anterior.

En otras de las conclusiones se anota que la deuda sobre PIB en Castilla y León en 2022 fue del 20,7% cuando el total de las CCAA fue del 23,6%; nueve comunidades tienen un porcentaje deuda/PIB más alto y siete más bajo.

También, la deuda per cápita en Castilla y León era de 5.615 euros, cuando la media nacional alcanzaba los 6.679 por habitante. La deuda en 2022 se componía de 3.570 millones en valores representativos de deuda y 9.751 en préstamos.

Los préstamos de instituciones financieras residentes fueron los más significativos en el periodo 2013-2022, sumando 5.537 millones en 2022, siendo la tercera Comunidad que más acude a este instrumento. Desde 2021, su importe es superior al de la media nacional ponderada por el PIB, tendencia contraria al acceso a los Fondos de Financiación Autonómica en comparación con el resto de las CCAA. Así, su importe asciende a 2.157 millones, habiéndose reducido en los últimos años.

Por otro lado, la relación entre la deuda sobre los ingresos corrientes fue del 154%, 29 puntos por debajo de la media de las CCAA, y la carga financiera de la deuda sobre los ingresos corrientes era del 14,65% en 2022, 11 puntos por debajo de la media de las CCAA, situada en 25,32%, manteniéndose todo el periodo en niveles inferiores.

Con relación a la estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta la suspensión de las reglas fiscales vigente en 2022, Castilla y León estaba en los niveles del déficit obtenido en 2013, con un 1,1%. El déficit de todas las comunidades se situó en el 1,12%. El último objetivo de déficit fijado para la Comunidad, en 2019, era de 0,1%.

La deuda de la Comunidad en 2022, incluyendo excepciones, fue del 21,2% del PIB, casi 6 puntos más que en 2013 y similar al último objetivo fijado para Castilla y león en 2019 de acuerdo con los datos de Hacienda. La deuda de todas las CCAA se situó en el 23,5% en 2022.

En tal sentido, el Consejo de Cuentas opina que “la Cuenta General se presenta, con carácter general, de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación y refleja de forma fiable su actividad económico-financiera, excepto por las salvedades por incorrecciones materiales, incumplimientos legales y por una limitación al alcance que pone de manifiesto el informe de fiscalización y que a continuación detallaré”, afirmó.

En primer lugar, precisó que las salvedades por incorrecciones materiales anotadas se refieren a apartados como el inventario, el estado de cambios en el patrimonio neto, la contabilidad del Consorcio para la Gestión del Palacio de Congresos de Salamanca, la Sociedad del Medio Ambiente de Castilla y León y el balance individual de la Fundación Anclaje y Formación de Castilla y León.

Así, por ejemplo, el inventario continúa sin registrar los bienes muebles y el resto de los derechos, incluyendo solo los activos, salvo en el caso del Instituto Tecnológico Agrario. También, con relación al Consorcio para la Gestión del Palacio de Congresos de Salamanca, inmueble con un valor neto contable de 9 millones, sigue sin constar el cambio de titularidad de este o la cesión de su uso desde la Consejería de Cultura.

Por su parte, con referencia a Somacyl, se recoge que esta sociedad pública contabiliza como deudas transformables en subvenciones reintegrables el importe de los encargos realizados por la Administración General y por el Instituto de Competitividad Empresarial por importe de 105 millones, cuando realmente suponen el pago por encargos en su condición de medio propio y no van a formar parte de su patrimonio neto en el futuro.

En segundo lugar, respecto a las salvedades por incumplimientos legales, están relacionadas con la modificación de las previsiones de ingresos; la prórroga de los presupuestos para 2022; la no rendición de las cuentas anuales por parte del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente, ni tampoco las de la Fundación Investigación Biomédica de Salamanca, y con la adscripción del Consorcio para la Gestión del Palacio de Congresos de Salamanca, que funciona como una entidad local figurando adscrito a la Administración autonómica.

Y, en tercer lugar, las salvedades por limitación al alcance reiteran que persiste la imposibilidad de verificar la razonabilidad del importe del inmovilizado reflejado en el balance, con el efecto añadido de la amortización reflejada en la cuenta de resultado. Por lo cual, mientras no se complete el inventario, no se podrán realizar las pruebas adecuadas para evaluar la realidad de los saldos reflejados en los estados financieros. No obstante, en 2022 la Gerencia Regional de Salud inventarió las construcciones y terrenos.