crisis sanitaria
Castilla y León reforzará su red social ante la dureza de la pandemia
Así lo asegura el presidente Fernández Mañueco, quien reafirma su compromiso y el de la Junta con los más vulnerables
Ante la dureza de esta pandemia y la virulencia de esta tercera ola que vuelve a amenazar a la población, al sistema sanitario, a la economía y, sobre todo, a los más vulnerables, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado que Castilla y León reforzará su red y escudo social para ayudar a los menos tienen y más necesitan y se están viendo afectados sobremanera por una crisis sanitaria que empezó hace ya casi once meses y que ha vuelto a poner en riesgo todo.
Lo ha hecho a través de un tuit en su perfil social de Twitter, donde Fernández Mañueco ha reafirmado su apuesto y su compromiso para con los más vulnerables. “Seguiremos reforzando nuestro modelo de servicios sociales, que está a la vanguardia de España, para garantizar que en la recuperación nadie se quede atrás”, escribe el presidente, que acompaña este compromiso con datos y beneficiarios en 2020 de la Red de Protección, personas con discapacidad, dependencia, mayores y familia. Así, recuerda que 26.529 personas se han beneficiado de la renta garantizada de ciudadanía.
Casi 100 millones para la red de protección a las familias
De momento, para este 2021, según los presupuestos de la Comunidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades manejará 1.081 millones, 121 millones y un 12,6 por ciento más que en el anterior (2018), centrado en tres ejes: refuerzo a de la atención a la dependencia, con un total de 679 millones, el 63 por ciento de los recursos; el apoyo a las familias, sobre todo las más desfavorecidas, con otros 255,39 millones, el 23,63 por ciento del total; e impulso a la igualdad de oportunidades, con 146 millones, el 13,51 por ciento de sus cuentas.
El incremento de la cuantía de las prestaciones económicas que reciben las personas dependientes, tanto las vinculadas a un servicio como las de cuidados en el entorno familiar, aumentan casi un 8 por ciento hasta alcanzar los 168 millones de euros; la cuantía destinada a los conciertos en centros de servicios sociales, hasta alcanzar los 171,60 millones, un 11 por ciento más; el desarrollo y la implementación de la teleasistencia avanzada como una prestación innovadora y moderna que será gratuita para los usuarios, eliminando el copago a los beneficiarios (supondrá para ellos un ahorro de 1,73 millones de euros según datos de 2019) y a las entidades locales (ahorro de 645.245 euros en 2019) centran la atención a la dependencia.
Para atender las necesidades urgentes y las situaciones de emergencia social, Blanco anunció que el presupuesto de 2021 cuenta con 94,95 millones destinados a los recursos que se integran en la Red de Protección a las familias y personas, entre los que ha destacado la Renta garantizada de Ciudadanía que benefició a más de 30.000 personas el último año y consigna 48,7 millones.
Otro de los objetivos para el próximo año es el reforzar la protección a la infancia, para lo que se presupuesta 60,7 millones para actuaciones de promoción y prevención en colaboración con las Corporaciones Locales a través del Acuerdo Marco, promoción de los derechos de la infancia en relación a menores afectados por situaciones de “pobreza infantil” y prevención de la desprotección y el maltrato infantil.
El presupuesto de 2021 permitirá contar con los dispositivos residenciales adecuados para menores protegidos con necesidades especiales, lo que puede suponer un impacto anual cercano a 1.900.000 euros y continuar la inversión en infraestructuras para transformar las residencias de infancia, en un modelo ordenado en torno a unidades de convivencia independientes, donde se reproduzcan las condiciones de vida lo más similares a las de una vivienda familiar (535.000 euros en 2021).
Además, se destinarán 1,1 millones de euros a la creación de una RED SOCIAL para trabajar conjuntamente por la igualdad de oportunidades y en la prevención de la violencia de género, avanzando en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género que aprovechen la transferencia de conocimiento.
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