La pandemia multiplica por 130 el reparto urgente de comida

El Consejo de Gobierno ratifica un informe de la Consejería de Familia que pone de manifiesto la “respuesta eficaz” que se ha dado a todas las necesidades de apoyo a las familias surgidas en 2020

Isabel Blanco, consejera de Familia
Isabel Blanco, consejera de FamiliaEUROPA PRESS EUROPA PRESS

La covid ha multiplicado por 130 el reparto urgente de comida entre las familias de la Comunidad. De hecho, han sido 21.583 las familias que han demandado este servicio el pasado año, frente a las 166 del 2019, según se desprende del balance de la eficacia de las políticas de apoyo familiares que ha presentado la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades este jueves en el Consejo de Gobierno.

Se trata de un servicio creado hace ocho años para atender necesidades sobrevenidas por la crisis económica y que se reforzó en marzo de 2020, ante la previsión de que el confinamiento y la situación sanitaria y social diera lugar a un repunte de solicitudes.

En esos meses más duros de la pandemia, merced a este servicio se distribuyeron alimentos, productos de higiene y, puntualmente, medicamentos, para evitar desplazamientos de pacientes de riesgo al centro sanitario. Otro de los servicios de la red de protección para las familias es el de la entrega de alimentos, también con un incremento en el 2020 debido a la covid, ya que llegó a 92.881 personas, 7.081 más que el año anterior, con un incremento del 8,25 por ciento.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, recordaba que en noviembre se aprobó un cambio en la ley que regula la Renta Garantizada para compatibilizar su percepción con el Ingreso Mínimo Vital y evitar así que ningún ciudadano cobre menos con la prestación estatal que con la autonómica.

Como complemento a la Renta Garantizada, el Gobierno autonómico está impulsando otras medidas para facilitar la inserción sociolaboral de los perceptores.

El pasado año se convocaron dos líneas de subvenciones:

  1. - La primera, por un importe superior a los dos millones de euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE), facilitó la contratación de 188 perceptores de la prestación autonómica en entidades sin ánimo de lucro y empresas.
  2. -Y con la segunda, con un presupuesto de más de 1,9 millones de euros, 12.275 personas en situación de exclusión social participaron en los itinerarios integrados y personalizados de inserción que eran objeto de la convocatoria.

En cuanto a las medidas habilitadas para paliar la pobreza energética, el documento analizado hoy en Consejo de Gobierno detalla que el pasado año se evitó el corte de suministro de energía en 172 hogares. En este caso, esta cifra es la mitad de la contabilizada en un año ordinario, como 2018, si bien hay que tener en cuenta que con la declaración del estado de alarma se decretó la prohibición de interrumpir el abastecimiento de luz, gas y agua a los consumidores vulnerables y a personas en riesgo de exclusión social.

Finalmente, dentro de la Red de Protección se presta un servicio integral de apoyo a personas en riesgo de desahucio. Todas las familias que han recurrido a él –527 durante el pasado año– han recibido atención profesional y soluciones individualizadas y adaptadas a sus capacidades económicas.

El informe del departamento que dirige Isabel Blanco también ha examinado las herramientas de conciliación, con una red de centros infantiles de 0 a 3 años que tiene una cobertura del 53,1 por ciento, veinte puntos más que la media europea, con 32.739 plazas, el 40 por ciento en el medio rural.

Ante la pandemia, se reforzaron las medidas para favorecer tanto las reducciones de jornada, como las excedencias por cuidado de hijos, de forma que en el 2020 se concedieron 358 ayudas por más de 408.000 euros en la primera modalidad y 186 por más de 192.500 euros para el segundo de los supuestos.

Y hay que añadir las 1.223 ayudas directas por una cuantía de casi 895.000 euros otorgadas para financiar los gastos de guarderías de las familias que no se pudieron acoger a la bonificación sobre el IRPF que aplica la Junta en el tramo autonómico por no haber presentado declaración de la renta o por superar los niveles de ingresos previstos en su regulación.

El vicepresidente Francisco Igea, tras concluir el Consejo de Gobierno
El vicepresidente Francisco Igea, tras concluir el Consejo de GobiernoRubén CachoIcal

Otros acuerdos

La Junta de Castilla y León ha dado hoy el visto bueno, en Consejo de Gobierno, a un acuerdo por el que se autoriza la celebración de un contrato para garantizar el suministro de gas natural en 120 centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud. Esta decisión se toma para financiar este suministro en el periodo 2021-2022 y se destinarán para ello más de ocho millones de euros.

La contratación se realizará dentro del Acuerdo marco, suscrito por la Consejería de Economía y Hacienda, para la homologación del suministro de gas natural destinado a las instalaciones utilizadas por la Administración de la Comunidad. Para ello se utilizado la figura de la compra centralizada, ya que esto permite reducir los trámites administrativos de contratación, tener mayor capacidad de negociación de precios y homogeneizar los costes de todos los centros.

También en materia sanitaria, el Gobierno regional ha aprobado la compra de 90.000 vacunas tetravalentes frente al meningococo. Para la adquisición de estas dosis se ha destinado un presupuesto 2,9 millones de euros.

La vacuna objeto de este contrato será de una tipología que permita su uso en niños de 12 meses. Este grupo poblacional está incluido, en el calendario oficial de vacunaciones sistemáticas a lo largo de la vida de las personas para la Comunidad, como pacientes para los que está indicada esta medida preventiva.

En Fomento, el Consejo de Gobierno ha recibido la comunicación del departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones por la que se amplía el plazo en 60 días del contrato del servicio de transporte del personal y material relacionado con la campaña de vacunación COVID-19 en las áreas de salud de Castilla y León. El plazo se ha adaptado al ritmo de vacunación, aunque sin variar el coste de 845.900 euros, ya que la facturación ha sido menor de la esperada.

Y en materia educativa, la Consejería de Educación ha comunicado hoy al Consejo de Gobierno la contratación del suministro de 16.000 medidores de dióxido de carbono para los centros públicos de enseñanza no universitaria, mediante tramitación de emergencia, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La medida, que cuenta con un presupuesto de 1,4 millones de euros, responde a una recomendación realizada por el Comité de Expertos de Castilla y León. Los primeros medidores ya están funcionando en las aulas de la Comunidad desde comienzos de este mes.

Finalmente, en materia cultural, el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración del yacimiento de Soto de Medinilla, en Valladolid, como Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica. Con esta declaración se resuelve el expediente incoado en 1980. Esta nueva declaración BIC se enmarca dentro del compromiso de Legislatura de la Junta de concluir todos los procesos de declaraciones pendientes.