Amigo pide más autonomía y flexibilidad en la gestión de los fondos para el empleo

Castilla y León recibirá este año 131 millones de euros del Gobierno de España para la ejecución de las políticas activas de empleo que se distribuyen en fondos para incentivos al empleo, para la modernización de los servicios públicos de empleo y para formación.

Así se desprende del acuerdo alcanzado este miércoles durante la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales presidida por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y en la que ha participado la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo.

Un encuentro en el que la consejera pedía a Díaz que las regiones de la España autonómica puedan disponer de una mayor autonomía a la hora de concretar el destino de los fondos de las políticas activas de empleo que reciban, especialmente en determinadas partidas como la construcción de la nueva Red de Centros Públicos de Orientación, que tiene como objetivo principal garantizar la colaboración y coordinación entre los servicios de empleo de las comunidades autónomas y el servicio estatal.

“Las regiones queremos más autonomía a la hora de decidir sobre aquellos aspectos que consideramos necesarios e importantes para los ciudadanos y que deben reforzarse dentro de las políticas activas de empleo, ya que ni los recursos disponibles ni las necesidades son iguales en todos los territorios”, señalaba la consejera.

Una “independencia” a la que Carlota Amigo quiere sumar también una mayor flexibilidad para los plazos de ejecución ante la demora que las Comunidades Autónomas están sufriendo en la recepción de los fondos.

La consejera de Empleo e Industria apuntaba asimismo que la colaboración y coordinación con esta Red de Centros Públicos de Orientación puede realizarse sin necesidad de construir nuevos espacios físicos, ya que, en su opinión, esto provocaría un coste de mantenimiento añadido para las regiones de la España autonómica en el futuro.

“Los costes de mantenimiento y de personal generados por estas nuevas infraestructuras los tendrán que pagar las Comunidades, por lo que se tendrían que detraer fondos de las políticas activas de empleo a medio y largo plazo para tal fin”, advertía Ana Carlota Amigo.

Y es que la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales supone la construcción de un total de 20 nuevos centros por toda la geografía española con su correspondiente equipamiento y personal. Al respecto, la consejera Amigo decía que esta dotación podría cubrirse con espacios ya existentes, para que los fondos que se reciban puedan dedicarse a medidas de fomento del empleo, mejora de empleabilidad o mejora de los espacios y equipamientos ya disponibles.

Por ello, la titular de Empleo e Industria reclamaba asimismo una mayor flexibilidad para que los gobiernos autonómicos puedan decidir el destino de los fondos según sus necesidades, como por ejemplo que se puedan aplicar a otras medidas y líneas que se contemplan como fondos finalistas, así como al periodo de ejecución y justificación de los recursos, teniendo en cuenta tanto el retraso en su aprobación como los condicionantes que todavía se mantienen por la situación sanitaria para el desarrollo de algunos programas.