La Junta de Castilla y León abre 374 expedientes de protección sobre menores en riesgo en 2020

La Junta de Castilla y León abrió en 2020 un total de 374 expedientes de protección sobre menores de la Comunidad que se encontraban en situación de grave riesgo y estaban declarados en desamparo frente a los 473 iniciados en 2019 y los 478 registrados en 2018.

De ellos, 81 se iniciaron en Valladolid, la que siguen Burgos (62), León (48), Salamanca (46), Ávila (38), Zamora (28), Segovia (26), Soria (23) y Palencia (22), según las estadísticas facilitadas a Efe por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que dirige Isabel Blanco.

Los datos revelan que el maltrato físico o psíquico hacia bebés, niños y adolescentes está presente en dos de cada diez casos que obligan a la administración a intervenir en una familia.

A este motivo de desprotección, que conlleva la apertura de expediente y la adopción de diversas medidas que en los supuestos más graves pueden llegar a la separación de los padres de manera permanente, se unen unas situaciones de negligencia presentes en más de la mitad de los casos que pasan por una alimentación, higiene o vestimenta deficientes o la ausencia de atención a las necesidades o emociones del niño, entre otras.

Asimismo, en los expedientes abiertos por Familia se observan otras causas: imposible cumplimiento de las obligaciones parentales (8,2 por ciento), abandono (2,9 por ciento), abuso sexual (1,7 por ciento) renuncia (1,5 por ciento) e inducción a la delincuencia (0,8 por ciento). Invisibilidad es la palabra más repetida por todos quienes se ocupan y preocupan de este fenómeno porque, en la mayoría de los casos, los menores no piden ayuda y este hecho los sitúa en una posición aún más vulnerable ante la persona que ejerce el maltrato.

Los ayuntamientos, a través de los Centros de Acción Social (CEAS), son los que más advierten sobre posibles situaciones de maltrato y desprotección de menores y en 2020 alertaron en 200 de los 374 expedientes, lo cual supone el 53,4 por ciento del total.

A continuación, están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (39), los servicios de salud (37), la Fiscalía (20), el Juzgado (14), alguno de los padres (12), el ámbito educativo (10), otras Comunidades Autónomas (ocho), la gerencia territorial (siete), el propio niño (cuatro), familiares (dos) y otras fuentes.

Datos de una Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que, a lo largo del año pasado, atendió un total de 1.847 casos frente a los 1.949 de 2019 y los 1.919 de 2018.

No obstante, al término de 2020 los expedientes acumulados situaban León como la provincia con más casos -un total de 369- por delante de Valladolid (258), Salamanca (180) y Burgos (150).Les siguieron Ávila (132), Palencia (107), Zamora (99), Segovia (76) y Soria (50).