La Junta pone en marcha en Zamora una nueva residencia con 200 plazas para dependientes

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha presentado en Zamora los detalles del proyecto de construcción de la nueva residencia de mayores de la capital, que supondrá la creación de cerca de 200 plazas para personas dependientes y conllevará una inversión estimada de 16,3 millones de euros.

Al respecto ha indicado que estas instalaciones, que contarán también con un centro de día para 16 personas, van a constituir un emblema de modernidad y un ejemplo de la transformación de los Servicios Sociales que está acometiendo la Junta.

Un proceso que implica avanzar hacia un sistema más innovador, eficiente en la protección de los más vulnerables y acorde a las necesidades futuras. Se trata, además, de una infraestructura diseñada para consolidar la atención a la Dependencia 5.0.

El Gobierno regional ha iniciado ya el estudio topográfico y geotécnico de los terrenos donde se levantará el recinto. Se trata de una parcela de 13.000 metros cuadrados, ubicada en la Avenida Requejo, propiedad de la Gerencia de Servicios Sociales, sobre la que se ubica el Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de Zamora (CIFP) y el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa (CFIE).

Respuesta a las necesidades de las personas con dependencia

Tras este primer trámite administrativo y la inminente delimitación y vallado del recinto, se procederá a licitar la redacción del proyecto de obra, como paso previo a la ejecución del inmueble. Con esta nueva infraestructura, se dará respuesta a las necesidades de las personas con dependencia en la capital zamorana, puesto que la actual residencia ‘Tres Árboles’ sólo cuenta con 28 plazas adaptadas para dependientes.

El diseño del centro se adaptará plenamente al modelo de atención residencial regulado en una ley autonómica pionera, cuyo anteproyecto se ha sometido ya a participación ciudadana en Gobierno Abierto. Conforme a los principios que inspiran la norma, las personas pasan a ocupar el núcleo de las políticas sociales y reciben cuidados más individualizados, adaptados a sus necesidades, basados en sus preferencias e intereses y desde el respeto a su dignidad.

A esta concepción ética de los cuidados se supedita la arquitectura de los centros, de manera que la residencia de Zamora se distribuirá en torno a 12 unidades de convivencia. Se trata de pequeños módulos, de entre 12 y 16 plazas, concebidos como ‘mini hogares’ dentro del recinto, ideados para favorecer la atención personalizada del usuario, con los mismos profesionales de referencia.

Las instalaciones tendrán capacidad para atender a alrededor de 200 personas con dependencia. Y a esto hay que sumar la construcción de un nuevo centro de día, con el mismo formato que la residencia y una capacidad de 16 plazas.

Creación de empleo en torno a los cuidados de atención directa

Asimismo, su puesta en funcionamiento conllevará la creación de empleo. Se estima que, en función de las unidades de convivencia resultantes tras la finalización de las obras, se pueda incrementar hasta el 70 por ciento la plantilla de 107 profesionales que actualmente desempeñan su labor en la residencia “Tres Árboles”. La mayoría de estos nuevos puestos de trabajo se vincularían a la atención directa a los usuarios.

La de Zamora será una de las tres nuevas residencias de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales que se construya plenamente adaptada al nuevo modelo de atención residencial. Las otras dos son la de Ávila –que como la zamorana se financiará con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2023 de la Unión Europea– y la de Salamanca, que se está sufragando con presupuesto autónomo.

La consejera ha hecho hincapié en que los fondos europeos van a permitir acelerar la modernización de los Servicios Sociales, implementar las nuevas tecnologías al sistema de cuidados de larga duración y consolidar la posición de vanguardia que ocupa la Comunidad por sus políticas de protección a los más vulnerables.

Reforma en la residencia de Benavente

De hecho, otro de los proyectos al que ha hecho referencia, que se acometerá con cargo al REACT EU –un instrumento de financiación adscrito al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER– es el de reforma y equipamiento de la residencia de mayores Los Valles de Benavente, una reconversión que dará lugar a la creación de cinco unidades de convivencia.

El centro dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, y con una plantilla de 140 trabajadores, dispone de 218 plazas, de las que 138 son para personas dependientes y 80 para válidos. Dentro de las habilitadas para asistidos, dispone de cinco plazas de estancia temporal para dependientes, tres en unidad de convalecencia sociosanitaria y dos de respiro familiar.

Las obras que van a ejecutarse en esta residencia pretenden en primer lugar modernizar las instalaciones y mejorar las condiciones del edificio –construido en el año 1996– y, en segundo término, acometer una reconversión de plazas de personas válidas en plazas para dependientes, tratando de dar una respuesta eficiente a las necesidades y demandas.

Así, con un desembolso de casi 283.000 euros, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha iniciado ya los trabajos para la ampliación del vestuario, reforma de una parte del saneamiento y mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución de los equipos de climatización y aire acondicionado.

En una segunda fase, procederá a la adaptación de plazas para personas dependientes y la creación de cinco unidades de convivencia. La inversión prevista en este proyecto supera los tres millones de euros, incluyendo tanto la construcción como la dotación del equipamiento necesario para garantizar la mejor atención.

La nueva residencia de la capital y la reforma proyectada en la de Benavente constituyen dos de las grandes iniciativas de inversión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para la provincia de Zamora en esta legislatura.

No obstante, el departamento de Isabel Blanco ha reservado una partida adicional de 10,4 millones sin territorializar para la ejecución de obras de conservación y mantenimiento y la dotación de equipamientos en distintos centros de las nueve provincias de Castilla y León.

Fondos europeos: 150 millones para abordar la transformación social

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2023 de la Unión Europea va a permitir acometer 166 proyectos relacionados con la modernización y digitalización de los Servicios Sociales en Castilla y León. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha asignado a la Comunidad 150,74 millones de euros, de los que el 70 % serán gestionados sólo por la Junta, el 20 % las entidades locales y el 10 % será en colaboración con el Tercer Sector.

Eje 1. Plan de apoyos y cuidados de larga duración

El grueso de estos recursos (95,18 millones) se dirigirá a iniciativas dentro del eje denominado ‘Plan de apoyos y cuidados de larga duración’, donde encaja un amplio listado de obras de nueva construcción, mejora y equipamientos en centros propios de la Administración autonómica, con el objeto de adecuar su estructura a los actuales modelos de atención a mayores, dependientes y menores.

En concreto, las inversiones programadas en este apartado –una parte de ellas financiadas con presupuesto propio de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades– se elevan a 17,25 millones de euros en Ávila; 6,02 millones en Burgos; 8,98 millones de euros en León; 4,4 millones en Palencia; 19,21 millones de euros en Salamanca; 13,3 millones en Segovia; 4 millones en Soria; 7,82 millones de euros en Valladolid, y 16,33 millones en Zamora.

En este desglose se incluyen las tres residencias de nueva edificación citadas antes – en Ávila, Salamanca y Zamora– y obras de remodelación para implantar unidades de convivencia en centros de Burgos (4,33 millones de euros); León (4,4 millones de euros); Palencia (3,4 millones de euros); Segovia (13,3 millones de euros); Soria (un millón de euros) y Valladolid (4,08 millones de euros).

El departamento que dirige Isabel Blanco avanzará con fondos autónomos en la futura Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de León –un centro donde se prestarán servicios de valoración de discapacidad y dependencia, gestión de recursos y atención temprana–, al que se destinarán 3,5 millones de euros–. Y, junto a esto, continuará con la ampliación de plazas de convalecencia y la reconversión de plazas públicas residenciales de personas válidas en otras para dependientes.

También se ha incluido en la relación de proyectos financiables con fondos europeos la modernización de infraestructuras y la mejora de los modelos de protección residencial y acogimiento familiar especializado, en particular, para menores no acompañados o con necesidades especiales.

En este apartado, cabe destacar la construcción de un nuevo centro de protección de menores en Salamanca, con una inversión de 3,5 millones de euros, y las obras de remodelación programadas en tres centros de Valladolid (por valor de 3,73 millones) y en uno de Burgos (por importe de 1,68 millones de euros).

Eje 2. Plan de modernización de los Servicios Sociales

Para el segundo apartado, el ‘Plan de modernización de los servicios sociales’, se reservan 37,14 millones de euros, orientados a impulsar la transformación tecnológica de los Servicios Sociales y la consolidación del sistema de atención a la Dependencia 5.0.

En este bloque se encuadran la Telasistencia Avanzada –mediante la adquisición de nuevos dispositivos para optimizar el modelo–; proyectos innovadores basados en la aplicación de tecnologías a los equipamientos del hogar para favorecer la promoción del envejecimiento activo y de la vida independiente; proyectos piloto –como la creación de ecosistemas de inteligencia ambiental, basados en el uso de robots sociales que prestan apoyo a los cuidados de larga duración–, e iniciativas de digitalización de trámites –para abrir nuevos canales para el acceso y la prestación de servicios–.

Eje 3. España, país accesible

Finalmente, en el tercer bloque llamado ‘España país accesible’, se consignan 18,42 millones de euros para abordar mejoras de accesibilidad, tanto relacionadas con la administración ‘sin papeles’, como las de tipo físico –supresión de barreras–, o las de los ámbitos educativo y de transporte –fomentando el uso de vehículos adaptados a personas con discapacidad–.

Comisión de investigación

Por otra parte, Isabel Blanco consideró que Pablo Iglesias y Salvador Illa deberían comparecer para hablar sobre la gestión de las residencias de mayores desde el inicio de la pandemia de coronavirus, como ex vicepresidente segundo y ministros de Derechos Sociales y Agenda 2030 y ministro de Sanidad, respectivamente.

“Si hay que volver a comparecer, volveremos a hacerlo pero también tiene que hacerlo el exministro Illa, que era autoridad sanitaria en ese momento. Cuando más déficit de personal teníamos, dictó una orden diciendo que los liberados sindicales se incorporasen de manera obligatoria a nuestros centros. Y, a los tres o cuatro días, se modifica esa orden diciendo que no se incorporen. También se tendrá que explicar eso”, señaló.

“El exvicepresidente de Servicios Sociales tiene centros en esta comunidad. El Imserso tiene centros que fueron afectados por el virus. A lo mejor hay que explicar por qué unos, sí y otros, no y por qué teníamos que reportar unos datos que luego no se han hecho públicos. Porque no todas las comunidades los han facilitado. Si se quiere saber de verdad qué pasó hay que saberlo y tendrán que venir todos. Nosotros, que ya lo hemos explicado, y los que no han comparecido y no han explicado”, añadió.

Procurador del Común

Por último, la consejera afirmó que el Procurador del Común “debe ampararse en los datos y no en percepciones”, a tenor de sus observaciones sobre la derivación de pacientes desde centros residenciales de mayores a hospitales.

“La realidad es que, hasta junio, se trasladó a más de 5.000 personas a los hospitales. Unas fallecieron en los centros hospitalarios; otras, en los centros residenciales, y otras, en sus casas. Esa es la realidad. Todas las denuncias que hubo en su momento al respecto, tanto en la Fiscalía como en los juzgados han sido desestimadas o archivadas. Esa es la realidad. El resto son percepciones”, insistió.

“El traslado o no de los ancianos a los hospitales fue decidido siempre según un criterio médico, según el criterio de los profesionales que atendían esos centros. Se trasladaron en la primera, la segunda y la tercera ola y ha habido familias que indicaron que la persona estaba muy mayor y querían que falleciera en el propio centro residencial”, subrayó.