Las 63 viviendas de alquiler social Puente Colgante en Valladolid, van tomando forma

Las viviendas de alquiler público del edificio Puente Colgante de Valladolid van tomando forma. Con una inversión que supera los 6,3 millones de euros, las obras comenzaban el pasado mes de agosto, y el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante una visita realizada a las que serán las futuras casas, acompañado por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, destacaba que el próximo año se seleccionarán los 62 beneficiarios que podrán disfrutar de ellas.

La 63 irá destinada a la Asociación Síndrome de Down de la capital. De esta manera estas viviendas apuntalarán el parque del que dispone la Junta que alcanza ya las 2.665, superando el compromiso de 2.600 adquirido en el marco del Diálogo Social y con un incremento durante la presente legislatura de 694 viviendas.

Tras una gran reforma, el edificio logrará alcanzar una calificación energética A, con un consumo casi nulo y con calderas centralizadas de biomasa. Además, el consejero apuntó que los fondos europeos de reconstrucción permitirán seguir impulsando el parque público a través de un programa de ayuda a la construcción de edificios, con una inversión del Gobierno regional, superior a los 27 millones.

Por otra parte, el consejero rechazó el proyecto de Ley de Vivienda que prepara el Gobierno para intentar controlar el precio de los alquileres, al considerarlo una clara medida intervencionista que supondrá una merma de libertades. Unas declaraciones de las que se mostró contrario el propio Puente, de una manera dialogante, al asegurar que se trata de una propuesta «interesante» con el fin de evitar la especulación que rodea a mercado del alquiler.

«La música no nos suena nada bien, nos suena a intervencionismo y a merma de libertad. Parece que los arrendatarios son los ricos y que hay que ayudar a los pobres», señaló el consejero que afirmó que las políticas deben ir por la vía de la incentivación, con apoyos como los parques públicos y ayudas al alquiler, como viene haciendo la Junta.

Mientras, Puente matizó que toda medida que contribuya a garantizar el cumplimiento de un derecho básico, como es el acceso a la vivienda, es positiva. «Todos los poderes públicos deberíamos estar concienciados de la necesidad de garantizar un derecho del que depende la felicidad de las personas. Me parece loable y hay que buscar las fórmulas que se adapten a la legalidad y que respeten los derechos de los propietarios. No está demás que se ponga encima de la mesa la necesidad de que la vivienda no se convierta en un negocio especulativo al entroncar con derechos esenciales», finalizó.