Isabel Blanco defiende el modelo de la Junta en la integración de migrantes en pisos de asociaciones

La consejera en funciones de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, defendió hoy el modelo de la Junta de Castilla y León de atención a refugiados, basado en la integración y en la convivencia de estas personas extranjeras en pisos que son gestionados por entidades del Tercer Sector.

“Es un sistema, que se caracteriza por ser pequeños núcleos, que ha funcionado muy bien”, sentenció. Unas declaraciones que llegan después del anuncio del Gobierno central de poner en marcha un Centro nacional de Acogida al Refugiado (CAR) en Soria, con capacidad para 200 extranjeros sin recursos que hayan solicitado protección internacional y personas con algún tipo de protección subsidiaria o inscritas en programas de reasentamiento.

Antes de inaugurar el XVI Congreso de Cermis Autonómicos en Valladolid, Blanco apuntó que Familia no conocía esta información del Gobierno central aunque desconoce si ha habido algún contacto entre el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones y la Consejería de Transparencia, que es es la encargada de gestionar los asuntos de refugiados en la Comunidad, ya que la Gerencia de Servicios Sociales solo se ocupa de la parte de los menores extranjeros no acompañados.

Un Congreso donde se ha analizado la inclusión social en cuestiones como atención temprana, educación o acceso al ocio o al deporte de las personas discapacidad en el medio rural, donde existen muchas carencias en especial en el medio rural.

El presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, ha explicado que estas personas se enfrentan a mayores dificultades y déficits que pueden conducir al abandono del entorno rural, no sólo ellos sino toda la familia, algo que hay que “evitar”. De los 33 indicadores que utilizan para analizar esa inclusión social, en el medio rural un tercio están en peores condiciones que en el medio urbano, en cuestiones referidas al transporte, la educación o al ocio entre otras. Algo que está obligando, según Cayo a “desplazarse a toda la familia” o a hacer “un mayor gasto que nadie compensa”.

“Nos enfrentamos al emprobrecimiento o encarecimiento de los servicios básicos”, ha asegurado el presidente de la entidad.

Por su parte, Isabel Blanco ha recordado que unas 75.000 familias son discapacidad, el 43 por ciento de las existentes en la Comunidad, viven en el medio rural y ha reconocido que requieren un esfuerzo especial con medidas como las puestas en marcha por la Consejería para avanzar en la Dependencia 5.0, a través de las nuevas tecnologías, o apostando por una sostenibilidad financiera de las entidades del tercer sector. También se ha referido a una especial incidencia en la integración sociolaboral, en especial en el mundo rural, con itinerarios sociolaborales.