Más financiación, servicios públicos y legislación frente a la despoblación en Castilla y León

Atacar la sangría demográfica con medidas económicas, servicios sociales y legislación, invirtiendo en juventud y aprovechando la longevidad como una oportunidad. Es lo que han reclamado los presidentes del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega; el de Cuentas, Mario Amilivia; y el Procurador del Común, Tomás Quintana, durante una jornada organizada por el Consejo Económico y Social (CES) y celebrada en Ávila.

Allí, el presidente de esta institución, Enrique Cabero, informaba de que se está trabajando en la elaboración de ese “gran reto”, que es transversal y afecta a todos los ámbitos de la sociedad y a todos los sectores y poderes públicos. En este sentido trabajan para elaborar el documento desde “una perspectiva de edad en las políticas públicas”, basándose en “la sociedad de la longevidad” porque “estamos ante un contexto nuevo” que viene marcado precisamente por el hecho de que “nunca antes habíamos tenido una esperanza de vida tan amplia”, toda una “suerte”, apuntaba, y precisamente como una oportunidad es como veía esa longevidad.

Enfocar el reto demográfico desde la edad es la idea porque “hay que invertir en juventud, es el gran objetivo, una necesidad y yo diría que una obligación”. Invertir en jóvenes para que estos puedan desarrollar su proyecto vital en Castilla y León podría ser la conclusión pero hacíendolo teniendo en cuenta que “la sociedad longeva abre nuevas oportunidades a la actividad empresarial, al empleo y al desarrollo en general”.

Amilivia apeló a que  hay que actuar ya, ahora más que nunca porque en la Comunidad la pérdida de población es un hecho y la previsión a futuro no es halagüeña además habrá zonas que en 2033 se habrán dejado en el camino el diez por ciento de sus vecinos, alertaba. Para Amilivia, la conclusión es que si no hay actividad económica no se gana población, ya no se trata tanto de prestación de servicios esenciales “que es una condición necesaria y suficiente”, pero sin movimiento económico no hay movimiento poblacional. Así pues hicieron un informe en su día “reclamando proyectos piloto económicos para distintas zonas del territorio” porque no es lo mismo planificar para Ávila, una de las zonas que más población pierde junto a Salamanca, Zamora y León.

Por su parte, Tomás Quintana incidió en el asunto de la despoblación pasa por la defensa de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones públicas. El Procurador del Común lo aborda atendiendo a las propias quejas de los ciudadanos cuando sienten sus derechos afectados; o bien actuando de oficio.

Quintana observó que la despoblación es uno de los problemas fundamentales de la Comunidad, especialmente en el medio rural “aunque no solo”. La pérdida o las dificultades en la prestación de servicios públicos se ha puesto de manifiesto y es “un soporte importante de la calidad de vida y por tanto para el mantenimiento poblacional”, dijo.

Agustín Sánchez de Vega apuntó a una “cuestión fundamental como es el reto demográfico” y aclaró que el Consejo Consultivo “reconoce las implicaciones, consecuencias y circunstancias en que se produce este problema que encierra problemas de población, envejecimiento o disminución de la natalidad”. Aseveró que ante ello hay que reconocer que ésta es una “cuestión de Estado”, un problema político de envergadura en el que todos deben poner su granito de arena.