La gestión del patrimonio cultural será “integral, sostenible y participativa” en Castilla y León

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte trabaja para que la gestión del patrimonio cultural sea “integral, sostenible y participativa”. En ese sentido, el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural, que previsiblemente llegará al parlamento autonómico el próximo mes de enero y al que ha tenido acceso Ical, prevé establer medidas, ayudas y subvenciones para los propietarios, poseedores y gestores de los bienes, así como impulsar la acción ciudadana a través de actividades de voluntariado y fomentar la participación empresarial, duinamizando la colaboración público-privada y entre administraciones.

La normativa vendría a sustituir a la actual Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que fue el primer texto legal que regulaba de manera integral esta materia en la autonomía. Desde su aprobación, dos décadas atrás, la concepción del patrimonio cultural ha evolucionado hasta dejar de tener el “carácter exclusivo de legado del pasado para considerarse un recurso imprescindible para nuestro futuro, dado su incuestionable valor educativo y social, su potencial económico y para el empleo, así como su importante dimensión en la cooperación internacional”.

En su Título V, que lleva por título ‘Medidas de Fomento y Fórmulas de Gestión’, recoge un “compromiso decidido con la sociedad”. Así, “se favorecerá el uso racional del patrimonio cultural; se considerarán los valores del patrimonio cultural como marco de referencia para cualquier actuación de ordenación y gestión territorial; se estimulará la cooperación entre los agentes implicados en la gestión y se orientarán las actuaciones hacia la gestión eficiente, fomentando desarrollo sostenible del territorio”.

Del mismo modo, se establece que en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para cada ejercicio se consignarán créditos destinados específicamente a sufragar el enriquecimiento y la gestión del Patrimonio Cultural de Castilla y León. En ese sentido, aunque se elimina la obligatoriedad del uno por ciento cultural en el presupuesto de licitación de cada obra pública financiada total o parcialmente por la Comunidad, se establece que, en los cinco ejercicios siguientes a la entrada en vigor de la ley se incrementarán de forma lineal las operaciones de capital del programa presupuestario destinado a la promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico, hasta completar un aumento de 20 millones de euros.

Como novedad se creará el Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León como registro general único de acceso público para la identificación, protección, consulta y difusión de los bienes existentes en la Comunidad. A él se incorporarán de forma automática todos aquellos que, a la entrada en vigor de la nueva Ley, estén incluidos en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León y en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Además, los titulares de derechos sobre Bienes de Interés Cultural o Inventariados y quienes inviertan en la gestión de estos disfrutarán de los beneficios fiscales que, en el ámbito sus competencias, determinen las diferentes administraciones. Y se determina por ley la creación del Sistema de los Caminos a Santiago en el territorio de Castilla y León, con el objeto de preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela, y de garantizar la gestión de este bien complejo mediante la clasificación de los diferentes caminos atendiendo a su naturaleza.

La norma establece asimismo marcos de colaboración con la Administración del Estado, con las entidades locales y con la Iglesia Católica y otras confesiones, y establece el régimen de infracciones y sanciones preceptivo, adaptado a la nueva consideración del patrimonio cultural.

Recomendaciones

En su informe previo al anteproyecto, el Consejo Económico y Social reconoce que los avances doctrinales y las consideraciones técnicas emanadas de la normativa y recomendaciones internacionales hacían necesaria la revisión de la ley vigente en la materia en la Comunidad.

Tras recordar que 8 de los 49 Bienes que España tiene inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO estén localizados en Castilla y León, el informe que muchos de los bienes tangibles y manifestaciones intangibles del patrimonio se encuentran en el medio rural, por lo cual consideran la importancia de “una adecuada ordenación, protección y difusión del Patrimonio Cultural como bien económico que puede ayudar al desarrollo económico y social y la potenciación del empleo de las áreas menos pobladas de Castilla y León”.

En su evaluación, el CES pide concrección en la definición de lo que la norma denomina “zonas de amortiguamiento”, en alusión al área, adyacente o no, a un Bien de Interés Cultural, en la que se desarrollará una protección adicional con el fin de evitar afecciones negativas sobre los valores del bien. Además, pide que se considere equiparar con la protección que se prevé brindar a los Caminos de Santiago por Castilla y León, a través del Sistema de Patrimonio Cultural, atractivos patrimoniales como Atapuerca, las Médulas o las rutas del vino, para que puedan “recibir una mayor difusión y protección”.

Entre sus recomendaciones, desde el Consejo sugieren también “avanzar en la digitalización del patrimonio cultural”, y recalcan que “una adecuada ordenación del

Patrimonio Cultural puede tener efectos favorables en diversos ámbitos”, principalmente el del empleo, desde perspectivas como la restauración, protección, difusión, desarrollo cultural local o el ámbito puramente turístico.