Arroyo de la Encomienda reclama cambios en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para no penalizar a los ayuntamientos saneados

El Pleno del mes de abril del Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda aprobó una moción en la que solicita al Ministerio de Hacienda la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Financiera (LOPSF). El principal objetivo es que el Gobierno deje de aplicar las mismas restricciones a todos los ayuntamientos, sin tener en cuenta si están endeudados o saneados, como es el caso de Arroyo.

Según informa el Consistorio, la moción, que fue llevada al Pleno por el Grupo Municipal de IPAE, se aprobó por mayoría absoluta con los votos a favor del PP y Vecinos por Arroyo. En ella se defiende la necesidad de impulsar una reforma legislativa de la ley para “la aplicación de planes individualizados, de modo que no se penalice la gestión de los ayuntamientos saneados, garantizando en todo momento la autonomía municipal”.

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que preside Sarbelio Fernández, aseguró que es “un claro ejemplo” de una entidad a la que se penaliza, ya que, a pesar de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y no tener deuda, denunció que se le limitan sus posibilidades de crecimiento por incumplir la regla de gasto por 48.000 euros, una medida que se considera “injusta”.

Unas limitaciones que se plasman en un plan económico-financiero que, precisamente, fue aprobado en el Pleno celebrado este miércoles y en el que se determinan las medidas internas a tomar durante el periodo 2025-2026. El documento establece la necesidad de efectuar un “control y vigilancia continuada de la ejecución del presupuesto, realizando los ajustes que procedan para mantenerse dentro de los límites fiscales establecidos” por la legislación vigente.

En este sentido, la concejala de Hacienda, Ángeles Retamero defendió el contenido de este plan que, según dijo, se ha elaborado con “rigor”, y que “mantiene intacto el compromiso con la ciudadanía, garantizando los servicios públicos, priorizando la inversión social e impulsando el desarrollo del municipio”.

La moción explica que el objetivo de la regla de gasto es que “los ayuntamientos no aumenten el gasto por encima de la tasa de crecimiento de referencia del PIB y que, cuando se obtengan mayores ingresos de los previstos, estos no se destinen a financiar nuevos gastos, sino que vayan a reducir la deuda”. El problema surge cuando el nivel de endeudamiento es cero –como es el caso de Arroyo – y se topa con una ley que “cercena la posibilidad de destinar los recursos municipales a mejorar los servicios públicos”.

“El resultado es que un ayuntamiento saneado económicamente, con superávit en los ingresos y sin deuda, se ve obligado a aprobar un plan económico–financiero con lo que ello conlleva de limitación en la gestión económica municipal”, resume la moción, que denuncia el agravio que sufren la entidades locales en la comparación con la administración central y las autonómicas, que “superan por miles de millones de euros los límites de sus niveles de deuda (en diciembre la deuda España ha sido del 105,33 por ciento del PIB)”.

El documento aprobado por el Pleno que deja clara su anuencia con “la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica”, aunque “no tratando a todos por igual”, tal y como ocurre ahora, que hay “ayuntamientos cumplidores y responsables económicamente, aquellos que no gastan por encima de sus ingresos y no se endeudan, que son tratados exactamente igual que aquellos que gastan más de lo que ingresan y recurren a la financiación externa”.

Por ello, la moción considera “urgente” que “el Gobierno de España proceda a tramitar las necesarias modificaciones legislativas que permitan a cada ayuntamiento afrontar sus responsabilidades en el gasto acorde a sus ingresos y expectativas de crecimiento, sin cercenar constantemente su autonomía en la gestión del municipio”, informa Ical.

Por otra parte, Arroyo pide una reforma legislativa al Gobierno de España, pero también una mayor implicación de la Federación Española de Municipios y Provincias en estas cuestiones, organismo al que se exige en la moción “una defensa firme del respeto a la autonomía municipal en materia presupuestaria”.

“El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda no solo no se siente representado por la FEMP, sino que se siente desprotegido ante estas políticas que solo defienden a las entidades locales incumplidoras y endeudadas, y olvidan a aquellas que están saneadas. La FEMP debe mostrar su utilidad, abandonar su inacción y respaldar las necesidades y reivindicaciones de los municipios ante una legislación injusta y que castiga la buena gestión”, concluye el documento.