Cuenta atrás para la Ley de Concordia en Castilla y León

El Gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León reafirma su fortaleza y unidad de acción en el ecuador de la legislatura. Y lo hace después de que se vaya a cumplir no de los compromisos adquiridos por ambas formaciones en el acuerdo que firmaron hace dos años para gobernar: la proposición de ley autonómica de Concordia, que viene a sustituir el decreto de memoria Histórica y Democrática que se aprobó durante el último mandato de Juan Vicente Herrera.

Los grupos parlamentarios de ambas formaciones han registrado este martes la proposición de ley que, según apuntaban sus portavoces, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, tiene como objetivo reivindicar la "historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación, combatiendo cualquier intento de quienes tratan de utilizarlas para dividir a los españoles además de "honrar y proteger" la historia de España desde 1931 hasta 1978

Un periodo que, según los firmantes de la norma, ha sido testigo de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales que han marcado el devenir y la identidad de España, por lo que de esta forma, se quiere reconocer así a quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos.

En la exposición de motivos, PP y Vox explican que la conquista y consolidación de la democracia en España ha sido uno de los logros históricos más significativos de la sociedad española. Si bien, advierten de que "nunca" ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el Franquismo. Asimismo, exponen que las nuevas generaciones que no vivieron, ni siquiera remotamente, ninguno de los referidos enfrentamientos, han recibido en muchas ocasiones una "visión sesgada" de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista en la sociedad.

También se apunta que ante una "catástrofe" de gran magnitud como fue la Guerra Civil, cuyas consecuencias humanas, materiales y emocionales se extienden mucho más allá de la propia cronología bélica, "solo una actitud decidida y generosa" hacia la reconciliación puede ayudar a restañar heridas y a restaurar y devolver a la comunidad el equilibrio perdido.

Igualmente, PP y Vox defienden que los los poderes públicos deben velar por el mantenimiento de una visión objetiva de la historia así como de los errores cometidos "para no volver a repetirlos jamás", pero siempre sobre el respeto a la dignidad humana y sobre la base de la promoción de la convivencia y la Constitución de 1978 excluyendo la confrontación partidista.

La ley está compuesta por cuatro títulos, veinte artículos, una disposición adicional, una transitoria, una derogatoria, y tres disposiciones finales.

Así, por ejemplo, en el Título II se recoge y reconoce el derecho a la recuperación de las personas desaparecidas y se establecen los instrumentos jurídicos necesarios a tal fin, como son el mapa de fosas o el derecho de acceso al patrimonio documental autonómico. El Título III, por su parte, se refiere a todo el proceso de actuaciones públicas necesarias para la localización, exhumación e identificación de las víctimas, mientras que el IV recoge la regulación de la Comisión de Exhumaciones como órgano colegiado, que sustituirá al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y suprimirá la presencia en este órgano de las asociaciones sin ánimo de lucro o memorialistas. Su labor será la de resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas; informar del mapa de fosas; realizar un informe de las actuaciones desarrolladas y velar por el depósito, conservación y accesibilidad de los trabajos realizados, según explicaba De la Hoz

Asimismo, cabe señalar que en la Disposición final primera recoge la modificación de la Ley 4/2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas de terrorismo de Castilla y León con el objeto de incluir un Plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo.

La ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Al respecto, PP y Vox esperan que la norma esté aprobada por las Cortes en este periodo de sesiones que se cierra a finales de junio.

"Esta no divide ni da una visión sesgada de la historia", destacaba el popular De la Hoz, mientras explicaba respecto a que la ley se delimite el periodo entre 1931 (Segunda República) y 1978 (aprobación de la Constitución), que se ha hecho así para rechazarcualquier vulneración de los Derechos Humanos con independencia de “quien, cuando y donde”, y no para equipar a las víctimas de ambos regímenes.

El texto presentado por PP y Vox no recoge una condena expresa a lo ocurrido en el periodo comprendido entre 1936 y 1978 y suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como Franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.

Sobre este hecho, De la Hoz explicaba que la condena a la "dictadura" está "implícita" en el "espíritu del texto" y pedía "no buscar tres pies al gato con interpretaciones malintencionadas".

Menéndez, por su parte, apuntaba que, al contrario que en la actual ley nacional de Memoria Democrática, lo que no hacen con esta proposición de Ley es una "interpretación sesgada de la historia". Además, destacaba que se eliminan imposiciones ideológicas que intentan instaurar una versión oficial de la historia, algo que para Menéndez es "impropio de una democracia y sí de gobiernos autoritarios".

Reacciones

Nada más conocerse la presentación y registro en las Cortes de la proposición de Ley de Concordia, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, acusa al presidente Mañueco de "resucitar" el Franquismo.

El dirigente socialista, además, denuncia que esta norma iguala a las víctimas y los verdugos de la dictadura y a quienes dieron el golpe de Estado y quienes defendieron la democracia.

Tudanca, además, echa en cara al jefe del Ejecutivo regional de haber enterrado lo poco que quedaba al actual decreto consensuado por el PP y el PSOE, n el que, según apunta, se incluye una condena expresa a la Dictadura Franquista y se protegía a las víctimas, algo que en su opinión no ocurre con esta nueva normativa en forma de proposición de ley que estudiarán recurrir durante su tramitación en las Cortes de Castilla y León. Además, avanza que pedirán al Gobierno de España que analice y, si hubiera base para ello, impugne esta legislación por vulnerar la Ley de Memoria Democrática estatal, como se ha anunciado también para la Comunidad Valenciana, donde PP y Vox han presentado también una normativa similar,

"Hay una derecha que ya no se distingue de la extrema derecha y que no se distingue del franquismo", afirma el líder del partido del puño y la rosa, para quien aprobar esta normativa "escomo si en Alemania promovieran la defensa del nazismo y defendieran el Holocausto,. "Es intolerable", finaliza.

También se ha referido a esta proposición de Ley, el procurador Francisco Igea, que la ha calificado de “inútil y humillante”, entre otras cosas, porque pone fin al consenso de “todas las asociaciones y partidos políticos en el Decreto de Herrera” de 2018.

“Nos encontramos ante uno de los días más vergonzosos para Castilla y León”, lamenta Igea, para quien el PP "se ha visto forzado y humillado" a presentar una Proposición de ley "completamente incomprensible".

En este sentido, señala que el texto presentado hace hincapié en el periodo que pretende abarcar la norma en “defensa de las víctimas”, ampliado desde 1931 a 1978, cuando el Decreto de 2018 se refería a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. “Nadie sabe explicar por qué se ha extendido este período; si el PP encuentra legítima o no la II República, o si encuentra legitimo o no el Golpe de Estado del 36”, apunta el procurador no adscrito.