Sociedad

El empleo público y la administración local acaparan las quejas ciudadanas

Durante el pasado 2023 el Procurador del Común ha tramitado un total de 2.784 nuevos expedientes

El Procurador del Común, Tomás Quintana
El Procurador del Común, Tomás QuintanaIcal

Un total de 2.784 expedientes tramitó el Procurador del Común durante el pasado año donde la administración local, el empleo público y la sanidad han sido las materias que han acaparado el mayor número de quejas presentadas en 2023, siendo León y Valladolid, las dos provincias de la Comunidad que mayor número presentan.

De esta manera, León vuelve a liderar el número de quejas con 402, seguida de Valladolid con 298 cerrando este ránking Soria con 65, aunque también se han presentado otras 121 de personas de fuera de la Comunidad, una del extranjero y 138 que no reflejan procedencia, que mayoritariamente son electrónicas.

Respecto a las áreas temáticas sobre las que versan las 1.774 quejas, destacan un año más, las referidas a la Administración Local, que acaparan el 20,24 por ciento de las reclamaciones, seguido de Empleo Público, 14,04 por ciento y Sanidad y Consumo con 10,20 por ciento. Las relacionadas con el Medio Ambiente acumulan el 9,70 por ciento del total.

El Procurador del Común también ha recibido un total de diez quedas múltiples que han supuesto la apertura de 923 expedientes. 190 estuvieron relacionadas con la dotación de vestuario y EPI al personal subalterno de la Dirección Provincial de Educación de León y 173 sobre la gestión de las bolsas de empleo de personal laboral de la misma Dirección General.

También se han tramitado 127 reclamaciones sobre las obras del CRA Maestro Emilio Alonso de Carbajal de la Legua (León) y otras 62 sobre la disconformidad mostrada con los horarios de las rutas 328 y 331 de transporte escolar en esta misma provincia.

En Medio Ambiente se han tramitado 87 expedientes derivados de una queja múltiple presentada por las molestias y ruidos provocados por el campo de tiro de Candeleda (Ávila). Otras quejas múltiples tienen que ver con las obras en el entorno de la Cruz de Ferro en Santa Colomba de Somoza; la deficiencia en la asistencia sanitaria en la zona básica de Salud de Tábara (Zamora) o sobre la presencia de perros potencialmente peligrosos en Santiuste de Pedraza (Segovia).

Completa la estadística al pasado año la tramitación de 97 expedientes de oficio, 34 más que el pasado año, promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos de la Administración autonómica, a las diputaciones provinciales y a diferentes municipios, generalmente de mayor población.

Así, por citar algunos ejemplos: sobre la necesidad de implantar un servicio que permita la atención administrativa personalizada y preferente a las personas mayores; la regulación del tráfico de vehículos de reparto de mercancías en zonas peatonales: la situación del comercio rural en Castilla y León y las medidas de apoyo que precisa, sobre todo por su carácter social; la pervivencia de las farmacias en el medio rural; la prevención de conductas suicidas en la Comunidad y en particular en menores y jóvenes; el fomento de la rehabilitación y puesta en uso de viviendas de titularidad municipal en el medio rural; la promoción de campamentos de verano inclusivos para personas con necesidades especiales; sobre la adopción de medidas de apoyo a la natalidad; el control del ruido producido por los lugares de ocio nocturno; la ampliación de las franjas de edad de los cribados de cáncer de mama; la conservación de diferentes carreteras provinciales en la Comunidad; la prestación del servicio de abastecimiento de agua en diferentes localidades afectadas por la presencia principalmente de nitratos; adquisición de productos alimenticios de cercanía para consumo en los comedores escolares; programación de actividades extraescolares adaptadas a menores con capacidades diversas; protección de diferentes bienes de interés cultural en peligro; adopción de medidas de seguridad para quienes transiten por la Ruta del Cares; accesibilidad y espacios para sillas de ruedas en vehículos de transporte público; protección del entorno del Canal de Castilla; la ordenación del desarrollo de las energías renovables en el medio rural, entre otras.