La Junta reclama al Gobierno un estatuto del Pequeño Municipio para “diferenciar tamaños” cuando se establezcan obligaciones a los ayuntamientos

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, reclamó hoy al Gobierno un estatuto del Pequeño Municipio para “diferenciar tamaños” cuando se establezcan obligaciones a los ayuntamientos. “Es oportuno y queremos que sea por ley”, trasladó el consejero, quien añadió que “no es normal” que las exigencias legales “sean idénticas o iguales sin diferenciar tamaños”. “Dado el municipalismo que tenemos, con 2.248 municipios, no se puede pedir lo mismo a una capital de una provincia que a un pequeño municipio de 200 habitantes. Y por lo tanto creemos indispensable esa ley y las obligaciones que tienen los pequeños municipios”, apuntó González Gago.

A su juicio, las premisas de este estatuto deben poner el foco en la tramitación de sus normas, por ejemplo, para aprobar un reglamento local o para dictar una instrucción o directriz que pueda hacer un alcalde, el cual “no puede ser igual en un ayuntamiento como el de Valladolid o en Pozuelo de la Orden”, que es el pueblo del consejero, que tiene 75 habitantes.

Pero no solo en requisitos jurídicos de control de legalidad, sino también, prosiguió, en la parte de la gestión económica, que es “muy compleja porque hay que hacer muchos documentos contables; y esas exigencias son iguales para todo tipo de ayuntamientos”. En los más pequeños, trasladó, solo hay un secretario interventor, que es el único empleado público “capacitado para realizar estas funciones” y además habitualmente presta servicios a varios ayuntamientos, de tal manera que “puntualmente solo asiste unas horas por la mañana a la semana a uno de ellos”. “Con esta carestía de recursos profesionales que tiene el mundo local no es normal que se esté exigiendo que la gestión sea idéntica”, remarcó.

El consejero realizó esta petición durante su intervención en el desayuno informativo 'Transparencia y canales de denuncia en las entidades locales’, organizado por Grupo Tribuna, en el que también participaron la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMPCyL) y presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, junto a las alcaldesas de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, y la de Fuensaldaña, María Pilar Peña, así como el director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León, Máximo López, y el letrado de la Comunidad Autónoma, Ignacio Sáez.

Transparencia

González Gago detalló dos elementos “clave” para las administraciones públicas “en la vida moderna”. Por un lado, se refirió a la transparencia de las mismas y, por otro, a la necesidad de contar con canales de información. Sobre el primer punto, reconoció: “A todos se nos llena la boca sobre si atendemos muy bien al ciudadano y damos todo aquello que nos exige; pero en definitiva viene a ser un compromiso de que todo agente público, sea autoridad o funcionario, dé cuenta de su gestión y de su administración”.

En segundo lugar, respecto a los canales de información, recordó que se han puesto en marcha a raíz de una Directiva Europea y que permiten que los ciudadanos o los propios empleados públicos de la administración transmitan “actividades que consideran de cierto riesgo, inadecuadas, inapropiadas e incluso que puedan llegar a constituir corrupción”, y que “mantiene siempre el anonimato”. Es más, dijo, la Ley de Medidas de Acompañamiento creó la Autoridad Independiente de Corrupción de Castilla y León, que está adscrita al Consejo de Cuentas de las Cortes Regionales.

En ambos casos, continuó, se trata de legislación básica del Estado. De hecho, destacó que en materia de transparencia existe una ley del año 2013 que “impone” a las administraciones públicas el “deber de publicar determinada información en su web, de forma activa y sin que nadie se lo pida”. Sin embargo, esta ley también permite que “cualquier ciudadano pueda pedir específicamente una documentación, un expediente con el que cuente sobre un asunto concreto”.

Dos velocidades

A su juicio, ocurre “igual” con los canales de información, si bien la ley básica es más reciente, de 2023, pero que “impone la obligación de tener dos canales, uno interno dentro de cada administración y uno externo, que sea ajeno a la propia administración”.

En este contexto, trasladó que el comisionado de la Transparencia de Castilla y León ha manifestado que en la Comunidad “hay dos velocidades”. Por un lado, las grandes corporaciones locales, como las diputaciones provinciales o los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que “tienen capacidad para dar esa publicidad activa que exige la ley”; y por otro, municipios más pequeños en tamaño que tienen, “por problemas de personal, dificultades a la hora de llegar a cumplir totalmente lo que exige la ley”.

El consejero aprovechó su intervención para manifestar la “colaboración” de la Junta con todos los municipios, y ensalzó también el apoyo de las diputaciones provinciales para ello. En todo caso, sostuvo que el “panorama es diverso”, por lo que animó a las corporaciones locales a que cumplan esa “doble vertiente” de información hacia la ciudadanía y de apertura de esos canales para que cualquier denunciante pueda hacerlo.

Respecto a la Administración autonómica, González Gago destacó que la Junta acomete en este ámbito “políticas activas de inmediato cumplimiento”, tras la ley básica en materia de transparencia del año 2013 y de la propia de 2015, “con unos objetivos de mayor difusión que las que exigía el Estado”.

Y respecto a los canales de denuncia, recordó que nada más aprobarse la legislación el pasado año se dio luz verde a un decreto ley que fue ratificado por todos los grupos parlamentarios en las Cortes, mediante el que se crea un canal interno de denuncias, adscrito a la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León, y otro externo, sometido también, como las corporaciones locales, a la Autoridad Independiente re reciente creación.

FRMP

Por su parte, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, demandó hoy un “principio de ruralidad” en la Ley de Transparencia, que data de 2013, que sea “adecuado” al tamaño, actividad y responsabilidad de cada ayuntamiento, que están obligados a cumplir con esta norma de cara a los ciudadanos. “Tenemos que pensar qué impacto tienen todos esos requisitos en el funcionamiento ordinario de la mayoría de nuestros municipios, en los que sus responsables ni siquiera tienen una retribución económica”, justificó.

Armisén compartió que la transparencia es un “principio esencial de la democracia y del funcionamiento de las administraciones”, pero pidió un “equilibrio” para “no llevar a las entidades locales al colapso por el cumplimiento de principios burocráticos de transparencia, que no aportan más información ni más datos, sino simplemente es el cumplimiento burocrático”.

Así lo trasladó durante su participación en el desayuno informativo 'Transparencia y canales de denuncia en las entidades locales’, organizado por el Grupo Tribuna y en el que participó como ponente el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. La presidenta de la FRMP señaló que esta institución “ha trabajado mucho con textos y posibles textos para la aplicación de una ley de transparencia específica para las entidades locales”, y matizó que su posición siempre ha sido “muy clara” a la hora de reclamar una “diferencia” de requisitos y de obligaciones legislativas para los municipios de menos de 5.000 habitantes, principalmente por la disponibilidad de recursos.

A su juicio, la mayoría de los municipios tiene secretarios, que es el “único funcionario a tiempo parcial, a veces dos horas a la semana”, y que presta servicios a los ciudadanos. Por lo tanto, incidió, “no tienen medios suficientes para cumplir las obligaciones que a veces se establecen para otras entidades administrativas, que tienen mucho personal, mucha más gestión de todo tipo, económica, patrimonial, etc., que los pequeños de Castilla y León”, donde recordó que hay 2.248 municipios.

Por otro lado, Armisén extendió este carácter diferenciador al que se refirió a los procedimientos sancionadores, para los que se establecen plazos para entidades “de mucho más tamaño y con muchos más recursos”. En este sentido, consideró que esa sanción “no puede ser igual cuando el plazo que marcan es muy breve o muy corto para ese cumplimiento”.