Menos ingresos para los ayuntamientos por la reforma del impuesto de plusvalía

Las reformas del impuesto de plusvalía municipal han reducido en un 30 por ciento los ingresos de los ayuntamientos en Castilla y León. La liquidación de este tributo, que se encuentra implantado en un 10 por ciento de los ayuntamientos de la Comunidad, ha pasado de 70,2 millones de euros en 2017 a 49,7 en 2020, aunque experimentó un ligero ascenso en 2021, hasta los 53,2 millones.

Esta es una de las conclusiones fundamentales que se recogen en el informe sobre el análisis del impacto en la situación económico-financiera del sector público local de Castilla y León de las reformas impulsadas por este tributo, publicado recientemente por el Consejo de Cuentas.

Aproximadamente, el 10% de los ayuntamientos de Castilla y León liquidan este impuesto (más del 80 por ciento de los de más de 5.000 habitantes y el 100 por ciento en los de más de 20.000) y reduciéndose mucho en los menores de 2.000.

El tributo se vio marcado por la crisis económica de 2008 cuando las liquidaciones descendieron de 56,2 millones de euros en 2007 a 45,1 en 2008. En los años sucesivos se produjo una tendencia alcista hasta 2017, pasándose de 70,2 millones en dicho ejercicio a 49,7 en 2020, aproximadamente el 30 por ciento menos. De esta forma, el tributo redujo su peso relativo sobre el total de los impuestos locales del 9,2 por ciento al 7,1 por ciento (el IBI es el impuesto con mayor peso específico de los tributos locales, superando en todos los ejercicios el 50 por ciento de los derechos liquidados).

Según la Cuenta General rendida por los ayuntamientos a 31 de diciembre de 2022, la liquidación de la plusvalía del ejercicio 2021 en Castilla y León aumentó hasta los 53,2 millones, siendo las provincias de Valladolid, Salamanca y Burgos donde se registraron mayores ingresos, 12,3; 10,9 y 9 millones.

Desde 2017, con una evolución creciente con carácter general, se han interpuesto un total de 1.426 recursos de reposición contra liquidaciones de plusvalía por importe de 5.781.590 euros, estimándose en torno a un 50 por ciento de los mismos.

Entre las recomendaciones del Consejo de Cuentas destaca que los ayuntamientos deberían, a través de su ordenanza fiscal, adaptar lo previsto en la Ley general Tributaria a su régimen de gestión de tributo y de organización y funcionamiento interno, en particular, con todo aquello que tiene que ver en lo referido a los procedimientos de gestión y a los de inspección.