Las rupturas matrimoniales en la Comunidad se redujeron en el primer trimestre del año un 4,9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de las 1.074 a las 1.021 del pasado año. Este descenso por encima de la media nacional, que es del 3,2 por ciento, hasta totalizar 24.241, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogido por Ical.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población, se observa que el mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes se dio en Baleares, con 57,4; Canarias, con 56,9 y Comunidad Valenciana, con 54,8. También por encima de la media nacional, que fue de 49,9 demandas por cada 100.000 habitantes, se situaron Cantabria, con 54,5; Murcia, con 54,3; Castilla-La Mancha, con 53,7; Andalucía y Extremadura, con 51,3; La Rioja, con 50,9 y Cataluña, con 50,1. Los territorios con las tasas más bajas fueron Aragón, con 42,7 demandas presentadas por cada 100.000 habitantes; Castilla y León, con 42,7 y Madrid y Navarra, con 43,9.

En concreto, en Castilla y León se contabilizaron 593 divorcios consensuados, un 8,3 por ciento menos y 396 sin acuerdo (-3,4 por ciento), así como 32 disoluciones, de las que 23 fueron por consenso.

A nivel nacional, entre enero y marzo de este año, todos los tipos de demanda -tanto las de divorcio como las de separación, consensuadas y no consensuadas- disminuyeron respecto al mismo periodo de 2024. Las 9.448 demandas de divorcio no consensuado suponen un descenso interanual del 3,6 por ciento, mientras que las 13.951 demandas de divorcio consensuado representan una disminución del 2,6 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. Por su parte, las demandas de separación consensuada (254) decrecieron en un 11,8 por ciento y las demandas de separación.