Sánchez de Vega defiende la garantía jurídica de emitir dictamen de las proposiciones de ley como se hace con los anteproyectos de la Junta

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, sostuvo que estos órganos pueden asumir competencias que serían beneficiosas para el Estado democrático y se refirió expresamente a “traspasar a la función consultiva el umbral parlamentario”, con la emisión de dictámenes sobre las proposiciones de ley.

Sánchez de Vega realizó esta reflexión durante su intervención en la sesión extraordinaria de la Comisión de la Presidencia para informar sobre la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2023, en la que se recogen 539 dictámenes y 180 recursos resueltos por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

De esa manera, se refirió a la petición del Grupo Socialista a la Mesa de las Cortes para solicitar un dictamen sobre la proposición de ley de concordia de Castilla y León, impulsada por PP y Vox, rechazado por los socios que tienen mayoría en el órgano rector de la Cámara, informa Ical.

Sánchez de Vega, en el final de su intervención como consideraciones generales, argumentó que, en estos casos, la garantía jurídica que supone la intervención de un órgano externo e independiente de la dinámica política de mayorías y minorías, se extiende a la vida parlamentaria, en sintonía con la que se sigue en los anteproyectos de ley de la Junta.

También, aludió al “control pre-normativo” de los decretos-leyes como norma general y problemática más amplia y advirtió de que “su profusa utilización por los ejecutivos como instrumento de gobierno provoca la consolidación de una posible mutación constitucional y estatutaria”.

Dictámenes

Sánchez de Vega además aseguró que los dictámenes y recursos plasman las señas de identidad institucional, como la independencia, imparcialidad, objetividad, neutralidad política, transparencia y eficacia y añadió que las administraciones siguen confiando en el Consultivo, como garante de la legalidad de los procedimientos y de la actuación administrativa.

Asimismo, afirmó que los ciudadanos ven protegidos sus derechos, principalmente a través de los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones; y que el Tribunal ofrece una justicia administrativa que genera una sólida confianza prejudicial entre los candidatos a la contratación, los licitadores y los operadores jurídicos.

Igualmente, defendió el peso de la auctoritas en un órgano consultivo cuyos dictámenes no son vinculantes y reseñó que han conseguido reducir el tiempo de emisión de los dictámenes desde la admisión a trámite de 20 a 18 días hábiles.

Respecto de los dictámenes, explicó que 19 corresponden a la potestad normativa de la Junta (3,5 por ciento); los expedientes de responsabilidad patrimonial han supuesto el 67 por ciento del volumen anual (362); a los que les siguen los de revisión de oficio, con casi un 13 por ciento del total.

Además, resaltó la confianza que las instituciones consultantes siguen manteniendo en el Consejo, ya que el 95 por ciento de las decisiones administrativas han confirmado su “parecer”. “Es un plus de reconocimiento y prestigio hacia un órgano que no emite mandatos, sino consejos”.

En relación a las consultas, explicó que su origen se ha revertido respecto al año anterior, con el 54 por ciento de las administraciones locales; el 45 por ciento de la administración autonómica (de ellas, el 32 por ciento, 79 consultas, de la Consejería de Sanidad.

Por provincias, Valladolid (con 119 dictámenes), León (con 88) y Salamanca (84) son las provincias de las que proceden más expedientes objeto de dictamen.

Los expedientes de responsabilidad patrimonial (155) ocupan el primer lugar y se refieren a expedientes del ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación); 53 son del ámbito sanitario, y 47 de ellos están relacionados con infraestructuras (instalaciones y redes de abastecimiento y saneamiento).

Asimismo, 35 se refieren a los efectos generados por el “covid-19” (mayoritariamente, perjuicios en el ámbito de la hostelería). El resto corresponden a “actividades municipales”, “infraestructuras” y otros, aludidos en la Memoria.

En cuanto al aspecto sustantivo de los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones derivada del funcionamiento de los servicios públicos, el Consejo les dedica en torno al 67 por ciento de su labor (362 casos). En estos expedientes están presentes situaciones dignas de protección jurídica, referidas a derechos sanitarios, educativos, de servicios sociales, de salud, relativos a menores, dependencia, familia, también de funcionarios, medioambientales, o en general relativos al funcionamiento de los servicios públicos, precisó.

Según el presidente del Consejo, la explicación de este alto porcentaje de asuntos es la baja cuantía que la ley establece en Castilla y León para acceder a este órgano a través de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial: 3.000 y 6.000 euros, si la consulta se plantea por la administración local o por la autonómica.

“Calan como lluvia fina al conjunto del ordenamiento, conformando una suerte de justicia indirecta pero próxima a los ciudadanos, ampliando las formas de protección jurídica clásicas”, defendió el presidente del Consultivo sobre esos dictámenes.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales en 2023, detalló que se dictaron 174 resoluciones que resolvieron 180 recursos, a los que se unen los 62 acuerdos sobre medidas cautelares, de suspensión o no suspensión del procedimiento de licitación.

Con carácter general, advirtió de dos hechos en los últimos años: licitaciones que no han recibido ninguna oferta; e incremento de casos de resolución de contratos debido a la situación económica, especialmente derivada del incremento de los precios.

Los contratos más recurridos se refieren a los de servicios (el 64 por ciento de los recursos presentados) y los de suministros (22 por ciento), que en su conjunto suman el 86 por ciento de los recursos.

Los ayuntamientos fueron los órganos de contratación que más recursos recibieron: 65 (el 36 por ciento). Contra el gobierno autonómico, el ámbito de gestión más recurrido fue el sanitario: la Gerencia Regional de Salud, como órgano de contratación, soportó 38 actos recurridos (21 por ciento).

De estos, el 25 por ciento de las resoluciones fueron estimatorias, total o parcialmente (45). El 47 por ciento (86) de los recursos fueron desestimados y el 22 por ciento (40) se inadmitieron. El resto (9-5%) fueron archivadas.

Como conclusión, señaló la suma de los valores estimados, con más de 1.580 millones de euros en litigio, en unas cifras de recursos anuales similares, lo que añadió que confirma la consolidación de dos de sus características esenciales: especialización e independencia de los poderes adjudicadores y de las administraciones.

Igualmente, destacó el esfuerzo del Tribunal por rebajar significativamente los plazos de resolución, desde la remisión completa del expediente, pasando de los 28 días del año anterior a los 20, de media, del pasado. Este dato, afirmó que ha de resaltarse en comparación con los más de 12 meses de resolución de los Jueces de lo contencioso y los 17 del Tribunal Superior, para resolver los litigios sobre contratación pública.

Por último, expresó el “orgullo” del Consejo por participar en el “estudio plural y recopilatorio” sobre lo que ha significado la historia de la “nueva” Castilla y León que se originó con el Estatuto de 1983. El resultado es la edición de un libro conmemorativo sobre estos 40 años de Comunidad.