La Brújula Térmica Legislativa

Hasta el más ebrio parroquiano del último bar de Antón Martín sabe que en España se legisla en caliente. Que los Partidos -ocupados a menudo en deshilachar las costuras del tejido social, trazando arbitrariamente fronteras ideológicas-, sólo desengrasan los anquilosados mecanismos de su iniciativa política cuando la vergüenza o el olfato estratégico les ponen en la tesitura de tener que ofrecer soluciones inmediatas a situaciones de hecho o de derecho anquilosadas en el tiempo, siempre que algún riesgo previsible se materializa en un mal evitable. Las referencias térmicas proliferan, pues, al calificar las pulsiones reformadoras del Parlamento.

España legisla en caliente… pero deja de hacerlo cuando el clima se templa. Cuando las efusiones pasionales de la tragedia dejan de nublar la vista del votante o se acostumbra a la desagradable imagen de una herida mal cicatrizada, sus señorías vuelven a dejarse caer con gran estruendo y rostro aliviado sobre el escaño, convertido, no en símbolo de sus elevadas responsabilidades, sino en el lugar seguro desde el que contemplar el poco edificante espectáculo de una sede en la que no necesariamente suceden cosas verdaderamente relevantes.

Este, y no otro, es el contexto que permite explicar el estado de nuestro sistema judicial.

Todo un elaborado catálogo de reivindicaciones históricas de la carrera, se ha ido convirtiendo, con el paso del tiempo, en un sonido sordo y rítmico, al que la opinión pública y publicada se ha acostumbrado. Una letanía lejana que se repite incesante y sin énfasis desde hace décadas. La probada lealtad institucional del único Poder del Estado cuya composición subjetiva se nutre de acuerdo a los principios de mérito y capacidad, nunca ha puesto al gremio político del país en la tesitura de aplicarse a una estrategia legislativa de verdadera actualización, y de provisión de medios materiales y humanos.

Así, sin un proyecto definido, y sobre los mismos mimbres adustos que han soportado las consecuencias de la recesión del año 2008, la Administración de Justicia se dispone a afrontar una nueva crisis social sin la más mínima capacidad de adaptación. Hoy, cuando el calor de las llamas aprieta y se distinguen nítidamente algunas ampollas en la delicada piel de los responsables políticos de la justicia, hay un caldo de cultivo idóneo para los compromisos vacíos. Para los rostros circunspectos de los que se dicen llamados a un destino histórico: la reforma de la Justicia. Hoy es el momento de legislar al calor del incendio. De implementar medidas incompletas o carentes de previsión presupuestaria. Hoy, desde luego, no será, por que sería contrario a nuestra tradición democrática, el día de poner en marcha valientes reformas que no pueden generar consensos partidistas, porque nunca han estado en la agenda de un Parlamento desinteresado de los Jueces, y lo que es más doloroso, del justiciable. Esta España que produce leyes al abrigo de la hoguera, no es capaz de asumir el elevado tecnicismo de una reforma legal que aligere procesos excesivamente farragosos en todos los órdenes, o promover la implementación efectiva de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

La clase dirigente, que lo único que ha sido capaz de ofrecer en los tiempos de relativa bonanza es la conversión de una tarea eminentemente artesanal como debería ser la administración de la Justicia, en una suerte de línea de producción en cadena -esa Nueva Oficina Judicial que transmuta el proceso en una especie de Ford modelo T-, no debería dejar pasar una vez más la oportunidad que el calor de la historia le brinda para garantizarla efectividad del principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde.

Manuel Eiriz García es Juez Decano de El Vendrell (Tarragona) y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura