Cinco claves del declive del independentismo tres años después del referéndum ilegal del 1-O

“Jugada maestra de un autonomismo absolutamente aplanado, arrodillado ante el Estado. Así llegan JxCat y Esquerra al aniversario del 1 de octubre”. Con esas contundentes palabras, el líder de la CUP, Carles Riera, reprochó ayer a los dos principales partidos del independentismo la falta de respuesta a la inhabilitación de Quim Torra -que se ha despachado sin ningún tipo de “batalla”-, una imagen que es el fiel reflejo de la situación que atraviesa el independentismo tres años después del referéndum ilegal del 1-O: dividido, sin rumbo y cada vez más debilitado.

Tanto es así que apenas se ha recordado el 1-O, ha pasado desapercibido tanto para partidos como para entidades independentistas, que han organizado algún acto, pero de bajo perfil. Las claves que demuestran el declive del independentismo son múltiples, aunque entre ellas destacan el mermado respaldo que cosecha el proyecto; las divergencias internas; o, la gradual desmovilización de la calle -motor del “procés”-.

Caída "histórica” del apoyo a la independencia

El último barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat -CIS catalán- publicado a finales de julio arrojó un dato demoledor para el independentismo: el apoyo a la ruptura con España había sufrido una caída “histórica” y se situaba en el 42 por ciento, mínimo de la serie estadística -desde diciembre de 2014-. El apoyo a la unidad de España estaba ya en el 50,5 por ciento, un dato que confirma todavía más la tendencia al alza que se viene dibujando desde octubre de 2018 -entonces estaba situada en 44,1%-.

Entre tanto, en las elecciones generales de abril de 2019, el bloque constitucionalista logró una victoria simbólica frente al bloque independentista: PSC, Ciudadanos, PP y Vox cosecharon un 43,1% de los votos, mientras que Esquerra, JxCat y Front Republicà -coalición de la órbita de la CUP- lograron 39,2%. En las elecciones de noviembre, el bloque independentista -con la CUP concurriendo con sus siglas-, consiguió vencer por un estrecho margen. En este marco y con las encuestas favorables, el independentismo se ha fijado ahora como objetivo superar el 50% de los votos en las elecciones catalanas, que ha bautizado de “plebiscitarias”, una circunstancia que sitúa las expectativas muy altas y que, de no cumplirse, puede hacer generar una percepción de derrota del separatismo y acentuar el declive.

La Justicia, muro de contención al “procés”

La acción de la Justicia ha ido minando poco a poco al independentismo, hasta el punto que ha estado, en muchas ocasiones, en el origen de las propias disputas internas. La muestra más evidente es cómo se estrenó esta legislatura y cómo ha concluido: arrancó con el choque entre Esquerra y JxCat por la investidura telemática de Carles Puigdemont y Quim Torra la dio por agotada en un declaración institucional el pasado 29 de enero tras una disputa por el acta de diputada del president tras ser desposeído del escaño por la Junta Electoral Central. En ambos episodios, la amenaza de la acción de la Justicia combinada con la divergencia estratégica fue determinante para el enfrentamiento entre ambas formaciones: mientras Esquerra ha hecho bandera del gradualismo y el respeto a la Ley para evitar caer en “desobediencias simbólicas” que acarrean castigos, JxCat aboga por la confrontación y el continuo desafío al Estado.

La ruptura del independentismo

Las divergencias internas siempre han estado presentes en el independentismo, aunque, desde que estalló el “procés” nunca se habían hecho tan evidentes como en esta legislatura, que se ha convertido en un escenario de choques y enfrentamientos continuos. En este sentido, el giro de Esquerra hacia una estrategia mucho más posibilista y alejada de la crispación y el órdago permanente al Estado ha chocado con la apuesta de JxCat por mantener la confrontación, alimentada por el propio Carles Puigdemont. Las disputas entre ambas formaciones han ido carcomiendo a todo el independentismo y polarizando a todos los actores, que han escenificado varios desencuentros directos a lo largo de estos últimos tres años. «El supuesto independentismo práctico no tiene nada de práctico. (...) Los auténticos éxitos han venido desde el exilio», señaló en febrero Elsa Artadi, dirigente muy cercana al expresident de la Generalitat, marcando el camino a seguir contra ERC.

El Parlament ha sido el escenario de varias de estas batallas con la investidura fallida a distancia del expresident fugado en Waterloo; la retirada del acta de diputado a Quim Torra; y el rechazo a publicar las resoluciones íntegras contra la monarquía y el TC, todo por parte de Roger Torrent, el máximo responsable institucional de Esquerra. La incapacidad para pactar una respuesta conjunta y unitaria a la sentencia del “procés” y las pugnas por la gestión diaria del Govern han hecho el resto.

Desmovilización de la calle

Después de ocho años de “procés” tras la manifestación de la Diada de 2012, el independentismo ha ido perdiendo fuelle en la calle al margen de la pandemia. A modo de ejemplo, el 11-S de 2019, el último antes del coronavirus. La manifestación congregó a 600.000 personas, 1,2 millones menos que hace justo un lustro. El punto álgido corresponde a 2014, dos meses antes de la consulta del 9-N, con Artur Mas ocupando la presidencia de la Generalitat y Carme Forcadell exigiendo las urnas. Entonces, 1,8 millones de participantes llenaron las calles de Barcelona para formar una V de Victoria. Más allá de las movilizaciones de las entidades, la respuesta a la sentencia del “procés” estuvo protagonizada por el estallido de disturbios y altercados en las calles por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR). Y ya en época del coronavirus, una estampa reciente evidencia de nuevo la desmovilización de la calle: la inhabilitación de Quim Torra ratificada por el Supremo este lunes y su salida a pie del Palau de la Generalitat congregó a centenares de personas en la plaza de Sant Jaume, una cifra muy alejada de la afluencia de manifestaciones anteriores.

El coronavirus

La gestión de la pandemia de coronavirus también ha puesto frente a frente a Esquerra y Junts per Catalunya, socios en un Ejecutivo dividido en tiempos de confinamiento. En esta legislatura, los republicanos buscaban presentarse por fin ante su electorado como un partido solvente en la gestión y se adueñaron de las principales consejerías sociales al inicio del mandato. Una circunstancia que ha llevado a ERC a estar al frente de los departamentos cruciales en la contención del coronavirus: Salud, Educación y Asuntos Sociales, que soportaba la parcela de las residencias, además de Economía, responsable de elaborar los presupuestos de la mano de Pere Aragonès. Ambos socios se han vigilado de cerca durante los últimos meses, hasta el punto de que Torra llegó a criticar la gestión en los geriátricos de los republicanos -con miles de casos en pocas semanas- y trató de adueñarse del nombramiento del secretario de Salud Pública del Govern, Josep Maria Argimon.

Fuera del Ejecutivo, la gestión del coronavirus ha sido duramente criticada por parte de la oposición por la tardanza en aplicar medidas como el confinamiento en el Segrià -tras días de aumento sostenido de los contagios-, la polémica por el contrato con Ferrovial sobre los rastreadores o la posición de bloqueo constante de la Generalitat en las conferencias con el resto de presidentes autonómicos. Declaraciones fuera de tono -la portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró que “con la independencia” se habría actuado “antes” y "no tendríamos tantos muertos ni tantos infectados”- y las diferencias en materia social en el eje izquierda-derecha entre los dos socios del Ejecutivo han conllevado a un declive acentuado con la pandemia.