Cáritas denuncia: “Sin papeles, no hay proyecto de vida posible”

La pandemia triplica el riesgo de exclusión social entre los migrantes. Existen barreras invisibles que le abocan a vivir en los márgenes del sistema

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella. EFE/ Alejandro GarcíaAlejandro GarcíaEFE

Se estima que en España viven entre 400 y 600 mil personas en situación administrativa irregular, de las cuales unas 100 mil residen en Cataluña, lo que representa en torno al 0,8% del total de la población. Este colectivo, por su propia condición administrativa, no tiene posibilidad de acceder a los derechos, que le son reconocidos, como cualquier otro ciudadano y ello le ubica en los márgenes del sistema, tal y como pone de relieve el informe ‘Frontera in-visibles’ elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas de Barcelona.

Los datos de la Fundación FOESA señalan que la exclusión social de las personas de nacionalidad extranjera ronda el 51%, mientras que entre las personas de nacionalidad española se sitúa en el 18%, lo cual supone que prácticamente se triplica en función del origen. De hecho, entre las personas migradas existe una vulnerabilidad mucho mayor, que se concreta en que, si un 6,5% de los españoles está en riesgo de caer en la exclusión severa, entre los extracomunitarios el porcentaje aumenta hasta el 23,1%. Por dimensiones, en el ámbito laboral un 39% de las personas extracomunitarias están en situación de exclusión, por el 17% de los españoles o comunitarios, mientras que en lo referente a la vivienda la proporción es del 69% de los extracomunitarios por el 29% de los comunitarios o españoles.

Y es que, tal y como pone de relieve el informe elaborado por Cáritas, cuando una persona se ve forzada a salir de su país de origen se encuentra con un sinfín de barreras para poder desarrollar una vida digna. En primer lugar, debido a su situación administrativa irregular, tienen grandes dificultades para lograr una vivienda digna, lo que les aboca a vivir en la calle o bien a realquilar habitaciones, y lo mismo sucede en el ámbito laboral: los trámites de regularización les fuerzan a trabajar en la economía informal un mínimo de tres años y a encontrar un contrato de un año a jornada completa antes de poder optar a un trabajo decente. Y ello siempre con el riesgo de ser expulsado y con la imposibilidad de acceder a las prestaciones.

Todo ello, además, lleva frecuentemente asociada una vulneración de algunos derechos inherentes al ciudadano, como es el del empadronamiento. Pese a que ese derecho está reconocido, a menudo las personas en situación irregular se encuentran con muchos obstáculos para poder tramitarlo, lo cual es especialmente preocupante puesto que es la puerta de acceso a muchos otros derechos. Y lo mismo sucede con el acceso a los Servicios Sociales o la apertura de una cuenta corriente, que pese a ser derechos reconocidos no siempre los pueden ejercer por esas barreras invisibles que se derivan de su situación administrativa.

En este contexto, la pandemia no ha hecho más que agravar la situación de estas personas, que están siendo las más afectadas por subsistir de una economía informal y no contar con ningún tipo de prestación. De hecho, según los datos de los que dispone Cáritas, si antes de la pandemia el 8% de la población vivía sin ingresos, dos meses después ese porcentaje ya había aumentado hasta el 25%, de los cuales un 32% son extracomunitarios.

En definitiva, la situación administrativa irregular condiciona las oportunidades de las personas, ubicándolas al margen del sistema por trabajar en el mercado informal, vivir de realquier, tener grandes obstáculos para acceder a los sistemas de bienestar social...ya que, pese a que en un plano teórico se reconocen sus derechos, en la práctica no se les permite ejercerlos.

Pero es que acceder a la regularidad es una complicada tarea. Para hacerlo por la vía del arraigo social -que es la mayoritaria-, hay que acreditar tres años de residencia continuada y en ello juega un papel destacado el padrón, así como un año de contrato laboral y además ésta es revisable durante los cinco primeros años. Si la vía es la de la concesión de protección internacional, la cosa no mejora. En 2020, solo se reconocieron un 4,57% de las solicitudes de asilo por estatuto de refugiado y un 43,74% de las de razones humanitarias, mientras que el 51,69% fueron denegadas o archivadas.

Ante este panorama, desde Cáritas quieren hacer hincapié en que, pese a que legalmente se reconocen los derechos de estas personas, en realidad existen unas barreras invisibles que les abocan a vivir en los márgenes de la sociedad y por ello lanzan una serie de propuestas a las administraciones para revertir la situación.

Recomendaciones

Así pues, demandan al Estado la agilización del sistema actual de concesión de citas previas para la emisión de la TIE, así como que se garanticen vías seguras para la migración, se facilite el acceso al mercado laboral de las personas migradas mediante la flexibilización de la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo, se conceda la autorización de trabajo a las jóvenes migrados sin referente y se garantice la plena inclusión del sector del trabajo doméstico en el régimen general de la Seguridad Social.

Además, la entidad reclama a la Generalitat que se garantice la atención de los servicios sociales a este colectivo y su acceso a prestaciones básicas, así como una mayor protección de los menores extranjeros sin refrentes. Por último, la propuesta que lanza Cáritas a las entidades locales pasa por garantizar el empadronamiento a todos los que viven en un municipio, al margen de si pueden acreditar título de propiedad o contrato de alquiler, y facilitar los trámites de los informes de extranjería reduciendo la tasa de emisión.

En este sentido, el directo de Cáritas Barcelona, Salvador Busquets, advierte que «si no se produce la regularización de estas personas, las abocamos a una calle sin salida, a vivir en los márgenes de la sociedad».