¿Adiós a casinos bingos y salas de juego? Barcelona congela todas las licencias

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una suspensión temporal de un año en la concesión de licencias para nuevos bingos, casinos, salones de juego y otros establecimientos dedicados a los juegos de azar en toda la ciudad. La medida, que entró en vigor este viernes con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB), responde a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente el Plan Especial Urbanístico que regulaba la ubicación de este tipo de negocios. El plan, aprobado en 2021, establecía distancias mínimas obligatorias entre los locales de juego y determinados equipamientos sensibles, como escuelas, centros sanitarios o espacios para jóvenes. La decisión judicial considera que algunos artículos del plan vulneran los principios de proporcionalidad y libertad de establecimiento, pilares del ordenamiento jurídico tanto estatal como autonómico.

En concreto, el alto tribunal ha tumbado los artículos que prohibían abrir nuevos locales de juego a menos de 800 metros de centros educativos y a menos de 450 metros de otros equipamientos como ambulatorios, hospitales o espacios dirigidos a adolescentes y jóvenes. El Supremo reconoce que el consistorio tiene plena legitimidad para regular urbanísticamente la implantación de este tipo de actividades, pero subraya que las restricciones deben estar debidamente justificadas, ser proporcionadas y no vulnerar la normativa sectorial vigente en Cataluña. En su fallo, el tribunal concluye que las limitaciones impuestas por el Ayuntamiento no se basaban en un análisis técnico suficiente ni en datos que demostraran la necesidad de esas distancias concretas, por lo que entiende que, en la práctica, podrían suponer una prohibición encubierta.

Ante esta resolución, el gobierno municipal ha decidido actuar de manera inmediata para evitar un vacío legal que permita la proliferación de nuevos locales de juego durante el periodo de revisión normativa. La primera teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, ha señalado que la prioridad del ejecutivo local es “reformular el plan para que Barcelona siga siendo un referente en la protección de la salud pública y la prevención de la adicción al juego”. En este sentido, ha recalcado que la suspensión de licencias busca evitar que, en este periodo de impás, entren nuevas solicitudes que puedan comprometer los objetivos del consistorio. Bonet también ha confirmado que la redacción del nuevo planeamiento urbanístico ya está en marcha y que se trabajará para dotarlo de “plenas garantías jurídicas”, de modo que pueda resistir un eventual escrutinio judicial.

El plan de 2021, promovido bajo el gobierno de Ada Colau y aprobado con el apoyo de los grupos municipales de los comunes, el PSC, ERC y Junts, establecía un marco pionero en España para limitar la concentración y expansión de locales de apuestas y juego en zonas sensibles. Su aprobación respondió al aumento de la preocupación social por los efectos de la ludopatía, especialmente entre los jóvenes, y por la presencia creciente de este tipo de negocios en barrios con elevados índices de vulnerabilidad socioeconómica. El plan impedía la apertura de nuevos establecimientos en las proximidades de escuelas, centros sanitarios o equipamientos para jóvenes, y limitaba también el número total de licencias en la ciudad.

La suspensión aprobada este viernes tiene una duración inicial de un año, pero puede ser prorrogada por otro más si el nuevo plan todavía no ha sido aprobado de forma definitiva. Durante este tiempo, el Ayuntamiento prevé abrir un proceso participativo que permita incorporar las aportaciones de entidades sociales, educativas y sanitarias, con el fin de reforzar el contenido del nuevo plan. El objetivo es que las futuras restricciones estén respaldadas por informes técnicos sólidos que justifiquen la necesidad y proporcionalidad de cada medida, y que se alineen con la normativa autonómica sobre el juego, que es la competente en la materia.

La reacción de los sectores implicados no se ha hecho esperar. Mientras que las asociaciones vecinales y las entidades que luchan contra la ludopatía han lamentado el revés judicial y piden al Ayuntamiento que mantenga el rumbo, reforzando las medidas de protección con base jurídica más sólida, las patronales del juego han celebrado la sentencia del Supremo. Estas defienden que el anterior plan limitaba de forma desproporcionada el derecho a emprender y vulneraba la libertad de establecimiento en una actividad legalmente regulada. La Asociación Catalana de Adicciones Sociales (ACENCAS), por su parte, ha instado al Ayuntamiento a no bajar la guardia y ha alertado del riesgo de un repunte de nuevos locales si se relajan los controles urbanísticos.