La punta del iceberg

Imagen de una sede judicial en Cataluña GENRALITAT

Suele decirse que a perro flaco, todo son pulgas. Y es que cuando aún no nos habíamos recuperado de la resaca provocada por la primera ola de la pandemia, la cruda realidad nos golpea con una segunda ola – que quizás no sea la última – la cual augura una nueva avalancha de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs).

Y todo ello se produce con una Administración en situación de colapso que, según se sigue denunciando a día de hoy en los medios, no ha conseguido todavía solucionar buena parte de los problemas existentes en la tramitación de los expedientes derivados de la primera ola, ya sea porque aún hay trabajadores que no han cobrado la prestación de desempleo - o lo han hecho con errores - o porque, una vez reincorporados al trabajo, les siguen ingresando la misma.

Pero la realidad descrita – que puede verse agravada con la gestión de las nuevas prestaciones aprobadas, como es el caso del subsidio de 430 euros para aquellos desempleados que agotaron la prestación, subsidio o ayuda de la que se hubieran beneficiado entre el 14 de marzo y el 30 de junio del presente año - es sólo la punta del iceberg, la parte visible del problema, ya que la saturación existente puede llegar a provocar, una vez agotada la vía administrativa, un goteo de demandas en materia de desempleo ante los Juzgados de lo Social. Unos juzgados que se encuentran esquilmados como consecuencia de la anterior crisis, sin un plan de choque coherente por parte del Ministerio de Justica y que en la mayoría de los casos arrastran un señalamiento que bien podría ser tildado de desorbitado.

De hecho, sólo en lo que a Cataluña se refiere, la mayor parte de los Juzgados de lo Social – que ya antes de la actual crisis registraban de media un ingreso en torno a los 1.000 asuntos por juzgado y año y que han dejado de celebrar aproximadamente 200 actos judiciales por cada órgano judicial durante el primer estado de alarma - tienen señalamientos programados durante todo el año 2021, el conjunto de ellos incluso tienen señalamientos para el año 2022, y los asuntos a los que extienden su conocimiento son en su inmensa mayoría aquellos respecto de los que se prevé va a existir una entrada masiva de demandas derivadas de la pandemia, como ocurre con los despidos que son consecuencia de la crisis de la COVID-19 o con las solicitudes relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital.

Del escenario perfilado resulta más que evidente que muchos de los trabajadores afectados se verán obligados a llevar a cabo un incierto peregrinaje en orden a reclamar sus derechos que podría llegar a prolongarse en el tiempo más de lo que, ciertamente, sería deseable.

Y es que aunque el papel lo aguanta todo, la realidad es obstinada, de modo que si bien en un contexto como el actual nadie cuestiona que la adopción de medidas extraordinarias en orden a la protección del empleo es obligada desde el punto legislativo, sólo a través de la dotación de medios materiales y personales es posible lograr que las medidas aprobadas sean llevadas a la práctica de manera efectiva.

Esta es en verdad la vía a través de la cual podemos evitar que se fracase en el intento de proteger a aquéllos que, a consecuencia de los efectos devastadores de la pandemia, se encuentran en una situación especialmente vulnerable. Un objetivo que, sin duda, no admite demoras.

Sara Villarreal Narganes es Magistrada y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura