La Justicia apuñalada

Desearía no tener que escribir este artículo, pero los tristes acontecimientos sucedidos el día 1 de diciembre me obligan a ello. En síntesis, ese funesto día para la justicia española, María Sonsoles Sanchidrián Velayos, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva, fue atacada con un destornillador por un hombre al que el día antes se le había notificado una sentencia civil con resultado desfavorable a sus pretensiones. Como resultado de la agresión sufrió lesiones de diversa consideración en varias partes del cuerpo, e incluso tuvo que estar ingresada en la UCI al sufrir un neumotórax, según fuentes publicadas.

Este episodio, que podría semejar algo puntual y excepcional, no supone un simple apuñalamiento a una persona, no. Que el lector no se confunda. No se sostiene aquí que haya víctimas de primera y de segunda. La que se encuentra comprometida es una de las bases de nuestro Estado de Derecho: la independencia judicial. De lo que ha trascendido a la opinión pública se infiere que la agresión se produjo por una resolución judicial desfavorable. Por lo tanto, la causa del apuñalamiento ha sido el ejercicio de la función jurisdiccional por una magistrada, ni más ni menos. Por eso, los jueces y magistrados de España nos hemos solidarizado de inmediato con nuestra compañera, como se aprecia en el comunicado conjunto de las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias, o en el que ha difundido la Comisión Permanente del CGPJ.

Este sentimiento de profunda tristeza y pesar se debe a que asumimos que cualquiera de nosotros podría haber sido la víctima. En mayor o menor medida, todos estamos expuestos a que personas descontentas con el sentido de nuestras resoluciones exterioricen su disconformidad. Puesto que desempeñamos un poder del Estado y asumimos elevadas cotas de responsabilidad, nuestras acciones están sujetas a la crítica, a la discrepancia y al recurso, en su caso. Sin embargo, en este caso se ha pasado a las vías de hecho, se ha empleado la violencia para coartar el libre desarrollo de la función jurisdiccional, y eso es algo sencillamente intolerable. Además, se suman las circunstancias que rodean el ataque: se ha producido en una pequeña localidad, con un único juzgado servido por una sola magistrada. Los denominados “juzgados de pueblo” resultan, en su mayoría, los más expuestos, los más vulnerables, debido a la ausencia de medidas de seguridad efectivas, tales como vigilancia, arcos de seguridad, cámaras, aparcamientos en el interior de las sedes judiciales, ausencia de personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… No es éste el momento ni el lugar de abrir el debate sobre la suficiencia de estas medidas en muchas localidades, pero no podemos pasar por alto que la agresión se produjo en las proximidades de un juzgado sin las debidas protecciones.

Otro aspecto que no debemos obviar es que, con ser algo excepcional, los ataques a jueces y magistrados no son algo aislado. Recientemente se tuvo conocimiento de que en Teruel, a principios de noviembre, fue increpado y golpeado el magistrado titular del Juzgado de Instrucción núm. 3, Jerónimo Cano, por un individuo al que había condenado a una pena de prisión, y cuyo fallo había suspendido. Y estos son solo los casos que han trascendido públicamente, pues hay que tener en cuenta la multitud de historias que guardan para sí muchos compañeros que han sufrido ataques intimidantes, vejatorios, o actos de hostigamiento fuera de las dependencias judiciales por causa de sus decisiones. Estas acciones revisten una inusitada gravedad, porque ponen en peligro la esencia de la función jurisdiccional, ya que pueden tener su reflejo en el sentido de las resoluciones judiciales.

Los jueces y magistrados hemos jurado guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y así lo seguiremos haciendo, sin injerencias ni presiones externas, pero no podemos sino condenar enérgicamente estos hechos, que comprometen el desempeño de nuestra función. Vaya desde aquí toda mi solidaridad y mi apoyo a la compañera María Sonsoles, a quien deseo una pronta recuperación.

Daniel González Uriel es juez y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura