«Artículo 2. Las elecciones al Parlamento de Cataluña se convocarán para que tengan lugar el próximo 30 de mayo de 2021, previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia en el territorio de Cataluña, y con la deliberación previa del Gobierno, mediante un decreto del vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat». Así reza el Decreto 1/2021 de la Generalitat de Cataluña que presentó el viernes el vicepresidente, Pere Aragonés. Un decreto que «ni justifica la fecha electoral concreta escogida, ni argumenta por qué el aplazamiento no puede ser inferior. Tal y como está redactada la parte expositiva del Decreto, éste tanto serviría para justificar la celebración de elecciones en marzo, como abril, como mayo, como octubre», apuntan fuentes jurídicas a LA RAZÓN. Estas mismas fuentes añaden «la falta de motivación de los decretos ha sido interpretada por el Tribunal Supremo como un indicio de arbitrariedad y puede dar lugar a su nulidad». Por tanto, las elecciones anunciadas para el 30 de mayo de este año pueden quedar en nada.

Diferentes sectores de la sociedad civil han recibido muy mal el aplazamiento. Solo unos días antes, por ejemplo, las patronales PIMEC y Fomento del Trabajo pidieron que se celebraran las elecciones el 14 de febrero: «Pido formalmente al gobierno interino de la Generalitat que no retrase las elecciones. El país no se lo puede permitir porque necesitamos ahora un nuevo gobierno. Le puede convenir a alguien, al país no le conviene. No podemos seguir más tiempo en una situación de interinidad, de debilidad. Pido al gobierno que garantice el derecho fundamental de voto de los ciudadanos, que tome todas las medidas sanitarias posibles para garantizar el derecho de voto y celebrar elecciones el próximo 14 de febrero con todas las garantías», dijo el lunes pasado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Tampoco hay sintonía con el cambio de fecha en las organizaciones sindicales.

El artículo 2 ha hecho saltar todas las alarmas, porque tal y como está planteado «podría alargar la convocatoria, pero nunca acortarla», señalan fuentes jurídicas, porque «plantea el 6 de abril de 2021 para convocar las elecciones y abrir el proceso de 54 días que cumple el 30 de mayo. Eso sí, no justifica esta fecha ni hace imposible pensar que no sea otra». La sospecha se sustenta en que este viernes, cuando el gobierno toma la decisión «las previsiones sanitarias eran mejores que la pasada semana. O sea, no hay criterio sanitario», apuntan desde una entidad cívica que valora la presentación de un recurso. Para acabar de cimentar sospechas, un tuit del responsable de comunicación de Junts per Catalunya, Pere Martí, en el que afirmaba: «Ahora tenemos tiempo para ganar bien». El tuit fue borrado, pero atizó un malestar que corría el viernes por la noche como un reguero de pólvora.

«No se entiende este retraso. ¿Pueden votar los socios del Barça el 7 de marzo y los catalanes no podemos hasta el 30 de mayo?», comenta el presidente de una gran empresa catalana que considera que «tenemos un gobierno con demasiada interinidad. Podemos hablar de años, pero tras la ruptura de febrero del año pasado ha acelerado la descomposición del Govern. Con las elecciones el 30 de mayo podemos estar así hasta el mes de octubre. Es una barbaridad».

«Este tuit demuestra que no hay ningún interés sanitario en el aplazamiento», apuntan fuentes socialistas. «Solo pretenden erosionar a Pere –Aragonés–», afirmaban en Esquerra Republicana. Todos los partidos han aceptado el aplazamiento salvo el PSC y Vox. Ambos están estudiando la posibilidad de presentar recursos –a la Junta Electoral y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– aunque todavía no han tomado una decisión. El PP también rechaza el aplazamiento –lo considera una «comedia»–.

El posicionamiento sanitario del govern, con la complicidad de ERC, JxCAT, Comunes, Ciudadanos y CUP, está bajo sospecha porque «podemos ir a trabajar, pero no a votar; podemos salir a comprar, pero no a votar; podemos salir a pasear pero no a votar. Que tomen medidas y que se vote», pedía un destacado dirigente de un sector muy afectado por la pandemia.

Las encuestas de los últimos días apuntaban a un crecimiento exponencial del PSC y del ministro Illa, que ayer asumió de nuevo el protagonismo de la campaña de vacunación. No es baladí que el ministro Illa dijera que «somos el noveno país en vacunación. Hemos logrado velocidad de crucero esta semana. El ritmo es óptimo. Vamos a lograr de aquí al verano que un 70 por ciento de los españoles hayan recibido la vacuna. Con una estrategia que funciona lo vamos a lograr». Todo un aviso a navegantes, a todos aquellos que han jugado a un aplazamiento por intereses puramente electorales. Illa, con estas palabras, deja claro que no dimitirá y que seguirá al frente del Ministerio de Sanidad.

«Van a perder como perdió Susana Díaz por alargar el congreso del PSOE. Retrasarlo dio fuerzas a Pedro, ahora retrasar las elecciones van a dar la victoria a Illa, porque lo van a reforzar», comentaba ayer a este diario un dirigente socialista catalán. El PP centrará este debate, la dimisión de Illa como ministro, convencidos que su presencia les perjudica.

La presentación de los recursos se concretará esta semana, a medida que las diferentes organizaciones convoquen a sus comités ejecutivos, después de un fin de semana de llamadas cruzadas entre entidades que en algunos casos tienen poco en común. Solo les une el «horror» de alargar un proceso electoral hasta el próximo 30 de mayo, sin garantías de que realmente sea esta fecha. «A este paso, Aragonés todavía es capaz de agotar una legislatura que nació muerta»,