Juez conservador, juez progresista

Hace poco, en un certero artículo, Pedro García Cuartango se quejaba de que ahora todo es blanco o negro y que no solucionaremos nuestros problemas “hasta que empecemos a ver la enorme variedad de grises que existen en la realidad”. En la judicatura, al menos de cara a la sociedad, sucede lo mismo. A los jueces nos ven de dos colores. Blanco o negro. Conservadores o progresistas.

Esta limitación cromática poco o nada tiene que ver con la trayectoria profesional de un juez o con el tipo de resoluciones que dicte. Es indiferente que haya resuelto suspender desahucios de familias en situación de vulnerabilidad o que haya dictado sentencias imponiendo devolver un préstamo al banco. Que en alguna ocasión haya condenado a un empresario a readmitir un trabajador porque en su despido se vulneraron derechos fundamentales o que en cambio considerase procedente el despido por transgresión de la buena fe del empleado. Sería demasiado exigente. La colocación de etiquetas es mucho más simple.

La vía tradicional para que te asignen la etiqueta de juez conservador o juez progresista pasa porque te asocies a una de las dos asociaciones tradicionales, la Asociación Profesional de la Magistratura o Juezas y Jueces para la Democracia. El propio miedo al distintivo desalienta muchas veces la participación asociativa. Es cierto que existen otras dos asociaciones judiciales representativas, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, pero por una u otra razón, hasta ahora han venido sorteando la imposición de aquellas etiquetas. En mi caso, como pueden comprobar por la asociación a la que pertenezco y según aquellas reglas, soy un juez conservador nato.

Luego está la vía premium, la de conservador o progresista electo, es decir, que un partido político te elija para un cargo (gubernativo o técnico, si fuese de naturaleza política ya plantearía otros problemas), entonces adquieres automáticamente una u otra condición en función del partido político que te designe. Lógicamente esta condición no es inmutable, ya que hay veces que se han dado casos de portabilidad de compañías – el gancho de una mejor oferta -, pero se trata de supuestos muy puntuales.

Últimamente, superado el bipartidismo, parecía que la entrada de nuevos partidos políticos en el Parlamento iba a permitir ampliar esa aburrida dualidad de colores, pero en la renovación del Consejo General del Poder Judicial volvemos a ver los mismos tonos de siempre e incluso con vetos a quien es muy conservador o demasiado progresista.

No está entre mis intenciones culpabilizar genéricamente a los partidos políticos de la asignación de etiquetas, no al menos en su totalidad. También existen algunos jueces que gustan y alardean de mimetizarse con sus pigmentos favoritos. Pero una cosa son los colores políticos que has decidido adoptar y activamente ejercer y otra diferente las etiquetas judiciales a las que me estoy refiriendo, y desde luego quienes transitan por aquellos caminos deberían tener condicionada - al menos - su vuelta a la judicatura.

Mientras no superemos la división por etiquetas seguiremos encallados en la misma piedra, la simplificación. El hecho de asignarte una u otra hurtará, la mayor parte de las veces, de un análisis más profundo de la carrera del magistrado de que se trate, y eso tiene un riesgo, que la designación, antes que atender a currículos, acabe premiando las etiquetas. O si lo prefieren, los colores.

Pablo Baró es Magistrado y Presidente Asociación Profesional Magistratura Cataluña