El Tribunal de Cuentas acredita al TS que se pagó la factura del referéndum ilegal del 1-O

El Tribunal Supremo cuenta ya con el informe remitido por el Tribunal de Cuentas respecto a los gastos derivados del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, en el que se hace constar que los condenados por la causa del «procés» han afianzado de forma solidaria la cantidad de 4,146 millones de euros, cantidad que se determinó que fue la empleada de forma irregular por la Generalitat para sufragar el citado referéndum y que, por ello, causó un perjuicio a las arcas públicas, según confirmaron a LA RAZON fuentes solventes. Buena parte de ese dinero ha sido aportado por los condenados gracias a una campaña de Crowdfunding, es decir, mediante una recaudación popular y voluntaria.

La Abogacía del Estado pidió al Supremo que en su decisión sobre los indultos a los condenados por el proceso soberanista catalán tenga en cuenta el dinero malversado y si han resarcido al Estado el daño causado. De esta forma, solicitaba así al Supremo que incorporase al expediente de indulto la documentación que obra en el expediente que tiene el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable de los condenados. Con este informe, ahora la Abogacía del Estado presentará su dictamen respecto a si informa a favor o en contra de otorgar la medida de gracia solicitada para los 12 sentenciados por el citado referéndum ilegal.

Una vez emita su dictamen el representante de los Servicios Jurídicos del Estado, sólo faltará el informe de la Sala Penal del Tribunal Supremo, como tribunal sentenciador –la Fiscalía se pronunció en contra–. Posteriormente, todo el expediente se remitirá al Ministerio de Justicia, para que sea éste quien eleve la propuesta correspondiente al Consejo de Ministros.

El separatismo apremia

Esquerra, socio imprescindible para Pedro Sánchez durante esta legislatura, nunca ha confiado en el indulto y es partidaria de la amnistía, que contemplaría una exención de responsabilidades penales generalizada para más de 3.300 políticos y activistas independentistas por problemas con la Justicia. Si bien, junto al resto de partidos independentistas (PDeCat, JxCat y CUP), ha ido poco a poco aceptando esta vía –permitiría una liberación inmediata de los nueve presos independentistas–, pero también ha empezado a crecer el malestar por cómo lo está gestionando el Gobierno.

Los republicanos acusan al gobierno español de estar retrasando lo máximo posible el procedimiento mediante continuas «excusas». Y, lo cierto es que la liberación de los presos independentistas se antoja un paso importante para tratar de desinflamar el desafío independentista, que puede ganar intensidad de nuevo si se alarga mucho tanto los indultos como la reactivación de la mesa de diálogo. Presiones no van a faltar porque JxCat y la CUP exigen a Esquerra pactar un horizonte temporal para la negociación con el Gobierno: sitúan 2023 como plazo máximo. Si entonces no hay resultados, el separatismo amenaza ya con «volver a hacerlo».