La CUP exige a la Generalitat expropiar vivienda para aumentar el parque público

La vivienda se ha convertido en uno de los principales temas en el debut del Govern en el Parlament y amenaza con perdurar durante toda la legislatura y dar más de un quebradero de cabeza a Pere Aragonès. De hecho, en su estreno como president, ya vio cómo la CUP y Podemos organizaron una protesta contra un desahucio. Hoy, los cuperos han exigido a la Generalitat expropiar vivienda a Socimis, Sicavs y fondos de inversión para destinarlas al parque público. También Podemos, otro aliado potencial del Govern, ha pedido medidas de inmediato para el ámbito residencial.

Los anticapitalistas también han reclamado que la Sareb retorne los inmuebles que “tienen ilegítimamente” para transferirlos a las oficinas de vivienda y empezar a penalizar a los propietarios de pisos turísticos porque consideran que no pueden haber mientras siga habiendo problemas habitacionales. La receta de la CUP, expresada en el Pleno por la diputada Montserrat Vinyets, no pasa tanto por construir sino por ampliar el parque de vivienda mediante incorporación de inmuebles en manos privadas y destinar buena parte de los recursos a rehabilitar pisos para ahorrar energía -estiman que podría afectar a un 80% del parque total-.

Por su parte, Susanna Segovia (Podemos) ha criticado que Cataluña continúe liderando el ránking de desahucios y ha planteado diversas cuestiones: crear una unidad de antidesahucios que permita mediar en los desalojos en lugar de que tenga que acudir los Mossos d’Esquadra; ampliar el número de pisos en la mesa de emergencia, que todavía registra una lista de espera con 1.500 familias; o, que la Generalitat cumpla con el 60% que le corresponde el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que serían 1.400 viviendas.

Segovia también ha recriminado los recursos públicos que está destinando la Generalitat y los que previsiblemente destinará. La diputada morada ha recordado que ahora Cataluña está en 378 millones de euros anuales en política de vivienda, cuando en 2010 estaba en 450 millones y Esquerra y JxCat se han comprometido a llegar a los 1.000 a final de legislatura. No obstante, Segovia alude a un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya que recomienda llegar a los 2.200 millones.

Y, lo cierto es que, como ha recordado la propia diputada de Catalunya en Comú en Podem, la vivienda es competencia autonómica. Si bien, el vicepresidente, Jordi Puigneró, ha replicado que Cataluña tiene una problema de “falta de soberanía” para poder resolver esta problemática habitacional. Puigneró también ha informado que la gestión de la vivienda pasará finalmente a la conselleria de Drets Socials liderada por Violant Cervera, con el objetivo de orientar la política a la atención de personas y familias con problemas habitacionales.

Puigneró ha pedido que Podemos, que está en el Gobierno, colabore y ayude a conseguir recursos para hacer frente a la emergencia habitacional y ha cargado contra los incumplimientos de Madrid en el Plan de Vivienda Estatal -ha dicho que hay una infrafinanciación del 50% en los últimos años-, que también ha considerado mal diseñado. En este sentido, el vicepresidente ha asegurado que se necesitan recursos para garantizar las ayudas para evitar la pérdida de vivienda, para estimular la promoción de vivienda protegida, para atender los casos de riesgo de exclusión social o para dar un “salto cualitativo” en materia de rehabilitación y eficiencia energética”.

Asimismo, el vicepresidente ha propuesto también explorar otras alternativas, como mejorar la conectividad en Cataluña para oxigenar las grandes ciudades y permitir que los ciudadanos puedan irse a vivir a otras zonas de la autonomía y ejercer el teletrabajo. Otras de las medidas que también ha defendido Puigneró es la creación de un grupo de trabajo para abordar los desahucios y el acuerdo de un protocolo con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para avisar con antelación de cualquier desalojo.

Vox

Pero no solo CUP y Podemos han abordado el problema de la vivienda, también Vox ha aludido, aunque para cargar contra la “okupación”. El diputado Sergio Macián ha asegurado que Cataluña “es el paraíso de los ocupas”, un fenómeno que “degrada barrios, atrae delincuentes y favorece el tráfico de drogas”.

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmado que el problema de la falta de vivienda en Cataluña no es un problema de seguridad sino “profundamente social”, aunque también ha reconocido que el único reto que hay que abordar desde la perspectiva de seguridad es el de las “mafias” que “utilizan a personas” y que están al servicio de los “grandes propietarios”.

El conseller de Interior ha afirmado que Vox tiene una idea de la seguridad “muy antigua, muy de los años 60” y ha explicado que la perspectiva del Govern es “enormemente diferente”: “la seguridad son muchas cosas”. Y ha acusado a la formación de extrema derecha de “mentir” con los datos sobre ocupaciones, y de querer “estigmatizar”: “Es uno de los principios fundamentales de la violencia. Anular al otro, dejarlo en un rincón, señalarlo. Esto es lo que genera violencia”.