Una asociación contra el acoso atendió a tres compañeros de escuela de la niña que se suicidó por presunto bullying

El pasado 19 de mayo, K., una chica de 15 años, se quitó la vida en Barcelona tirándose de un octavo piso y, según indican las primeras investigaciones, el acoso escolar que sufría esta adolescente, alumna de la escuela Jesús, María y José, de Pare Manyanet, en el barrio de Sant Andreu, podría estar detrás de ese suicidio.

Desde el propio centro escolar aseguran que los padres de la joven solo presentaron una queja ante un profesor acerca de lo que estaba viviendo su hija, de la que no dejaron constancia por escrito, y no recurrieron a los canales de comunicación establecidos para poner en conocimiento de la escuela el supuesto acoso que estaba sufriendo la chica. Por su parte, el Departamento de Educación dice no haber tenido constancia de que existiera esa situación.

Carmen Cabestany, profesora de Secundaria y presidenta de la asociación Nace contra el acoso escolar, está demasiado acostumbrada a escuchar este tipo de testimonio exculpatorio por parte de las escuelas y la administración cuando sale a la luz algún caso de estas características, pero además, en el caso concreto de esta escuela, para Cabestany resulta complicado dar credibilidad al centro, por cuanto la entidad que ella preside ha atendido tres casos de bullying del mismo colegio en los últimos tres años y en todos ellos la escuela se ha mostrado pasiva y no ha intervenido.

“Atendimos a una familia cuya hija sufría acoso desde los 3 años. Le pegaban, le insultaban, incluso llegó a producirse un episodio de carácter sexual. El colegio siempre culpabilizaba a la madre, a la que calificaba de sobreprotectora, sabionda, conflictiva...”, explica Cabestany, quien señala que “pese a que parece que ahora la situación ya se ha arreglado, la niña, que ahora tiene 8 años, sigue aún bajo tratamiento”. Pero para ello, ha sido incluso necesaria la intervención de la Síndica de Greuges, que tuvo que exigir a la escuela que mostrara a la familia los resultados de la investigación acerca del supuesto acoso que sufría su hija, algo a lo que está obligada pero que sin embargo no hizo hasta que medió la defensora del pueblo.

“Para muchos colegios, el protocolo, la investigación, es un puro trámite y, en la mayoría de los casos, éste siempre sale negativo”, alerta Cabestany, quien al respecto comenta que frecuentemente, los centros escolares antes una denuncia, queja o sospecha de acoso escolar “relativizan lo sucedido, lo niegan, dilatan en el tiempo el protocolo, revictimizan a la víctima o culpabilizan a los padres” para no tener que admitir que pueden ser escenario de este tipo de conductas, ya que “consideran que ello mancha la imagen de la escuela”. “Este tipo de centros en los que no se interviene son caladeros de acoso escolar y maltrato”, denuncia.

En el caso de esta chica de 8 años, la familia luchó, solicitando incluso la intervención de los inspectores, hasta conseguir que su hija pudiera seguir con su escolarización en el centro y sin ser víctima de las constantes agresiones de algunos de sus compañeros, pero en el caso de otra de las alumnas víctima de acoso en la escuela Jesús, María y José de Sant Andreu atendida por NACE, el final fue otro. “Fue a finales de 2018 y en marzo de 2019 los padres decidieron cambiar de colegio a la niña, que por entonces tenía 10 años, ante la pasividad de la dirección del centro”, explica Cabestany.

El problema, tal y como apunta la presidenta de NACE, es que la inacción ante un caso de acoso escolar o la deficiente gestión de este tipo de situaciones por parte de la escuela no es algo puntual de este centro educativo, que ahora se ha visto en el centro de todas las miradas por el suicidio de K., sino que es algo que se repite con cierta frecuencia. “Son una minoría los colegios que actúan bien ante estos episodios. Muchos tardan en actuar y, cuando lo hacen, no lo hacen bien”, advierte Cabestany, quien al respecto señala que “falta formación entre el profesorado acerca del acoso, sobre el que existe mucho desconocimiento acerca de su envergadura, y también existe la falsa idea de que si sale a la luz un caso de bullying se perjudica la imagen y el prestigio de la escuela”. “Además, muchos centros temen que, si el caso se judicializa, ello pueda suponer una sentencia condenatoria y, por lo tanto, una pérdida económica”, añade.

Para la presidenta de NACE, “todo está viciado y si cada uno hiciera su función, se abortarían los casos de acoso y no pasarían cosas como el desgraciado suicidio de K.” y, al respecto señala que la responsabilidad no es solo de las direcciones de los centros educativos, sino que ésta es compartida también por los profesores, las familias y la administración. “Los padres deberían organizarse y ser solidarios para combatir el acoso escolar, los profesores tendrían que actuar mejor y los inspectores también tendrían que intervenir de forma fulminante y, sin embargo, suelen proteger a los centros”. “Si nadie actúa bien y con voluntad de solucionar el episodio de acoso, esa escuela se convierte en un caladero de acoso”. En este sentido, para Cabestany, este último incidente con final trágico “ha de servir de algo”. “Hay que llegar al fondo del asunto para que pague quien tenga responsabilidad en ello y el centro se convierta en un entorno de tolerancia cero al acoso”.