El Govern vende ahora un rescate de 5.000 millones en salud tras una década sin revertir los recortes

El Ejecutivo de Pere Aragonès ha decidido dar carpetazo a la primera y severa crisis entre socios con la aprobación y presentación pública del plan de Govern, una especie de hoja de ruta para los próximos cuatro años con más de 1.500 medidas de todos los ámbitos. Brocha gorda para el marco de la legislatura, con las concreciones por definir en los presupuestos anuales que republicanos y posconvergentes deberán pactar con la CUP y aprobar en el Parlament pese a las reticencias de los anticapitalistas.

Sea como fuere, lo cierto es que la Generalitat ha usado este documento -presentado ayer a mediodía pro la portavoz del Ejecutivo y no por el presient- para oficializar la apuesta de ERC por el diálogo con una mención específica a la mesa de negociación pese a las reticencias de JxCat. También por poner el acento en la gestión con un plan específico definido como rescate económico: 5.000 millones extra en sanidad en los próximos cinco años y 700 en políticas sociales.

Y es que una de las medidas estrella del nuevo Govern –supeditada a la aprobación de los presupuestos– es la mencionada inyección de 5.000 millones de euros adicionales en el próximo lustro en sanidad pública para afrontar la salida de la pandemia y revertir los recortes de la última década. Todo después de que la crisis del coronavirus llegara cuando Cataluña no había alcanzado aún al porcentaje de recursos de 2010 – el último del tripartito– ni había igualado la inversión per cápita (1.315 euros anuales) más alta de la última década en el apartado de salud. Un sistema bajo mínimos con los posconvergentes al frente y ERC dentro del Ejecutivo en los últimos años, y tensado al máximo por la Covid.

El plan del Govern también incluye ahora otra de las grandes reivindicaciones históricas del sector sanitario: destinar un 25% del presupuesto –la principal partida de las cuentas– a la atención primaria y «aumentar o, como mínimo, mantener la plantilla actual de profesionales».

Otro de los ámbitos de intervención prioritarios e «ineludibles» será la salud mental, cuyo presupuesto aumentará en 80 millones de euros, el plan de prevención del suicidio, el fortalecimiento de la salud comunitaria y la citada atención primaria, claves durante la pandemia.

El Govern también promete llegar a los 1.000 millones de euros en política de vivienda durante la legislatura y un plan «de rescate social» de 700 millones, además de medidas pactadas con la CUP como la reclamación del Ingreso Mínimo Vital al Estado o impulsar un plan piloto para implantar la renta básica universal sin más concreciones que las que ya se especifican en el pacto de investidura con los antisistema.

En el ámbito educativo, el plan prevé «avanzar hacia la gratuidad progresiva de la educación entre los 0-3 años a través de diferentes líneas de subvención y financiación que compensen las aportaciones de las familias», sin más concreciones.

Dos de los aspectos más polémicos de las últimas semanas también son noticia en el plan de la Generalitat para la legislatura: la fallida ampliación del aeropuerto de Barcelona con 1.700 millones de inversión por parte del Gobierno se evita y no aparece, mientras que sí se da apoyo a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. También se plantea una consulta ciudadana, un aspecto que han enfadado a la CUP, el socio que Aragonès busca para pactar los presupuestos en el Parlament. Eso sí, el plan de Govern incluye algunas de las medidas que ya acordaron con los anticapitalistas como avanzar hacia una banca pública.