Leyes de educación

Algunas de las medidas de la ley Celaá han empezado a aplicarse ya en este nuevo curso recién estrenado, con lo que anda otra vez el mundo de la enseñanza algo revuelto y bastante desconcertado.

No es para menos, porque en los últimos años se han promulgado tantas leyes de educación que no parece sino que esta fuera el juguete preferido de los políticos, o el campo de pruebas donde hacer experimentos y sembrar discordias. Como si la educación fuera una cosa menor o mercancía de baratillo y no lo que realmente es: el pilar sobre el que se asienta una sociedad y la fuerza que la sostiene.

Primero fue la Ley General de Educación del ministro Villar Palasí, la última de la época franquista, que se promulgó en 1970 y estuvo vigente durante la transición y los primeros años del gobierno socialista. Esta ley, que estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años (la famosa EGB) y el bachillerato de tres años, con un curso final de preparación para la universidad (los tan añorados BUP y COU), fue sustituida en 1990 por la LOGSE del PSOE (la de la ESO), reemplazada en 2002 por la LOCE de la ministra Pilar del Castillo del PP, que dio paso en 2006 a la LOE socialista, que a su vez fue relevada por la LOMCE del ministro Wert (PP) en 2013, a la que ha venido a suplir la LOMLOE o ley Celaá.

Es decir, cinco leyes educativas en los últimos 30 años, cada gobierno la suya, y todas controvertidas y mancas, por partidistas y por haber sido elaboradas sin consultar a los que más y mejor podían orientar, los profesores, y así nos va.

Y nos irá, mientras no se dé respuesta al problema: la necesidad de una ley consensuada que dure años y legislaturas, y que tenga como criterio único y prioritario la mejora de la enseñanza, no los intereses ni la ideología del partido que la promulga.