Agentes de la Policía: «El Gobierno se va a vender a lo que pida el separatismo»

Miembros del cuerpo temen que el traslado podría concretarse este mismo año

Dos jóvenes muestran una urna empleada el 1-O a los policías nacionales apostados ante la comisaría de la céntrica Via Laietana de Barcelona que permanece cortada por cientos de personas en protesta por la sentencia del procés.
Dos jóvenes muestran una urna empleada el 1-O a los policías nacionales apostados ante la comisaría de la céntrica Via Laietana de Barcelona que permanece cortada por cientos de personas en protesta por la sentencia del procés. FOTO: Quique García EFE

El traslado de la Policía Nacional de la comisaría de Vía Laietana genera mucho rechazo dentro del cuerpo. En este sentido, algunos agentes, como Marcos Veiras, portavoz de Jupol en Cataluña, dan por hecho que el Gobierno cederá y es una decisión que sospecha que podría tomarse incluso este año si Moncloa necesita los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, mientras que otros, como Luis Mansilla, portavoz del SUP, creen que ese escenario está más lejos, aunque tampoco lo descarta: «Lo que hoy es blanco, mañana es negro».

«El Gobierno no va a aguantar la presión. No confiamos en Marlaska», asegura Veiras, que pone en cuestión las palabras del Ministro del Interior, que ha dicho en varias ocasiones que no se va a traspasar el edificio de Via Laietana a la Generalitat. «Es un ataque directo contra nosotros y lo que representamos y contra quienes defendemos la Constitución», añade. «El mensaje que nos manda el Gobierno es que nos van a echar de Cataluña», prosigue el portavoz de Jupol, que cree que el «Gobierno se va a vender a lo que pidan» los independentistas para aprobar los presupuestos.

«Nos silencian y los compañeros se están marchando. Hay una sensación generalizada de abandono», recrimina, tras recordar que en Cataluña faltan alrededor de 500 agentes para cubrir todas las vacantes que hay y explica que ahora se están destinando policías del área de investigación al área de seguridad. Además, Veiras también reclama al Ministerio del Interior que en los dispositivos de seguridad cuando hay manifestaciones independentistas frente a la comisaría (se han convertido en una constante) haya más distancia «para que no lleguen las piedras que se lanzan».

Mansilla, por su parte, se muestra, por ahora, más optimista sobre el desenlace de la comisaría porque ahora se encuentra en obras y eso puede ser señal de que el Gobierno no tiene intención de ceder el edificio. No obstante, reconoce que son conscientes de que el independentismo «necesita un icono o logro» con el traspaso del edificio y eso puede favorecer su posición. «La previsión es que continuemos, pero es un tema político ajeno a nuestra voluntad. Todo dependerá de los intereses políticos de pacto no pacto y poco podemos hacer», zanja.

Si bien, tanto Veiras como Mansilla advierten de que, aunque los agentes tengan poca capacidad para decidir qué se hace con la comisaría, emprenderán acciones, como movilizaciones, para meter presión. En este sentido, descartan la vía jurídica porque es muy difícil de que prospere porque es un local del Gobierno.