La Unión Europea estudiará el caso del niño de Canet

El caso de la familia y el menor de 5 años de Canet de Mar, acosados por pedir más presencia del castellano en la escuela, ha llegado a Bruselas. La delegación de Ciudadanos en la Eurocámara ha enviado una carta a la comisaria europea de Valores y Transparencia para denunciar la discriminación que sufre el español en el sistema educativo catalán y el acoso al que se enfrentan algunas familias que intentan que se cumpla la legislación vigente. En concreto, lo que pretende la formación naranja es que esta situación sea analizada por parte del Ejecutivo comunitario dentro del informe anual sobre el Estado de Derecho en todos los países europeos.

Éste es un nuevo mecanismo puesto en marcha en el año 2020 y que, hasta el momento, ha emitido dos informes. En ellos, se han criticado aspectos como el bloqueo en el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la vinculación del la Fiscal General (Dolores Delgado) con el Gobierno.

Según explica la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa, con este texto de denuncia se pretende «poner las gafas de ver» para que la Comisión Europea sea consciente de que el Estado español no está cumpliendo su deber de preservar los derechos fundamentales que están recogidos en la Carta europea y está permitiendo que un gobierno autonómico no acate las sentencias de los tribunales de justicia, «vulnerando la libertad de conciencia y actuando como verdaderos talibanes».

El PP, mediante la eurodiputada Dolors Montserrat,ha pedido a Bruselas que condene el acoso al menor y su familia. Lo ha hecho en una pregunta escrita a la Comisión Europea, en la que denuncia que el gobierno catalán está perjudicando la convivencia, la tolerancia y el respeto a la ley en Cataluña, al negarse a acatar la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en las escuelas catalanas en castellano. “El gobierno catalán ha anunciado que seguirá adelante con su estrategia de inmersión lingüística en lugar de cumplir la sentencia del TSJC y garantizar la seguridad y derechos del menor”.

No es la primera vez que eurodiputados españoles se dirigen a las autoridades europeas para denunciar la situación del castellano en el sistema educativo catalán, pero desde hace años Bruselas siempre ha preferido ponerse de perfil y asegurar que este tema pertenece al orden interno de cada país. Pagazaurtundúa explica a este periódico que la preocupación en los últimos años del Ejecutivo comunitario por la vulneración del Estado de Derecho en algunos países hace que tenga sentido analizar «esta persecución por cuestión lingüística», al igual que Bruselas ha puesto el foco en los últimos años por el acoso sufrido por parte de jueces y medios de comunicación en Polonia y Hungría.

El envío de esta carta se produce un día después de que el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá y de Societat Civil Catalana (SCC), con su presidente a la cabeza, se reunieran con el comisario de Justicia Didier Reynders para denunciar el acoso sufrido por la familia y el niño de 5 años de Canet de Mar .

«Señalar a un niño de 5 años da idea de la bajeza a la que ha llegado este movimiento. Y que la Generalitat en vez de ponerse del lado de las víctimas se ponga del lado de los agresores, muestra que esto ya no es un tema de nacionalismo, sino de supremacismo étnico. Cuando se pierde la humanidad, todo vale», denunció el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano.

«En la Europa democrática, de los derechos fundamentales, no puede ser tolerada una violación de derechos civiles constante y permanente por fanáticos identitarios excluyentes. No hay excusa posible para seguir mirando hacia otro lado. La Europa en la que vivimos cree en el multilingüismo y no en las obsesiones identitarias», criticó también Pagazaurtundúa.

En paralelo, el cerco sigue en Cataluña: el Tribunal Superior de Justicia ha ordenado a la Conselleria de Educación de la Generalitat y a la dirección de la escuela Turó del Drac de la localidad barcelonesa «adoptar las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad» de la familia ante la campaña de acoso por haber pedido un mayor porcentaje de castellano en clase. De hecho, la familia afectada solicitó amparo judicial y la AEB a presentar una denuncia ante la Fiscalía. Y ahora, el TSJC ordena a la Generalitat garantizar la protección del menor.

En una providencia, el tribunal también afirma que son el departamento y la dirección del colegio los responsables de preservar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo». Por tanto, deja clara la responsabilidad que tiene la Generalitat en el caso un día después de que el propio titular del departamento, Josep González Cambray (Esquerra) escenificara la estrategia del Govern con una visita al centro para cerrar filas, cargar contra la justicia, alentar las protestas y aislar de facto a la familia acosada.

También la Fiscalía ha puesto la lupa en el caso de Canet. El Ministerio Fiscal recibió el jueves por la tarde dos denuncias procedentes de Vox y la entidad Hablamos Español por los tuits contra el menor y la campaña de acoso a través de las redes sociales y ha incoado diligencias de investigación, ya que primero hay que ver si los mensajes de odio y amenazas «tienen trascendencia jurídica». Es decir, formalmente hay una investigación abierta, pero todavía queda por determinar si hay delito. Habrá que ver también si la familia interpone una denuncia porque si lo hace se cerraría la investigación del Ministerio Fiscal y sería preferente la vía penal.