Borràs, un año en el Parlament y cercada por las múltiples crisis

Laura Borràs cumple un año al frente del Parlament. Candidata de JxCat a las elecciones, quedó por detrás de Esquerra y se quedó sin la Generalitat: tuvo que conformarse con el liderazgo de la cámara catalana. Su paso por el Parlament está siendo caótico por la inestabilidad que se ha generado internamente (enfrentamiento entre funcionarios) y por la mala gestión en todos los frentes que ha tenido que afrontar.

«A Borràs le gustan las cuestiones protocolarias y recibir visitas. La parte de la gestión le sobrepasa», resume una voz conocedora de los entresijos parlamentarios. Y es que, precisamente, Borràs está usando el Parlament como plataforma política: aspira a usar la cámara como contrapeso a Pere Aragonès y marcar perfil propio, desmarcándose de Esquerra y su predecesor en el cargo, Roger Torrent, quien fue muy criticado por el independentismo más radical por su prudencia y rechazo a los desafíos a la Ley (pese a que ahora se enfrenta a un juicio por desobediencia).

No obstante, Borràs, a la que ha tenido la oportunidad de desafiar al Estado, ha seguido la misma línea que Torrent y ha evitado desobedecer: retiró el acta de diputado al parlamentario inhabilitado de la CUP, Pau Juvillà, acatando la orden dada por la Junta Electoral Central. Esa forma de actuar le ha acarreado duras críticas y acusaciones de «mentirosa» entre la oposición e, incluso, entre sus propios socios. Además del caso Juvillà, también ha quedado muy erosionada por las licencias de edad (funcionarios del Parlament que cobran sin trabajar tras haber estado 15 años y tener más de 60 años), ya que puso trabas a la transparencia.

Pero, para todas sus actuaciones, según indican varias fuentes parlamentarias, cuenta con una aliada: Esther Andreu. Erigida en secretaria general del Parlament con la llegada de Borràs, Andreu (pese a que es funcionaria) se ha convertido en la mano derecha de la presidenta del Parlament y, en muchas ocasiones, maniobra para favorecerle. En este sentido, las mismas fuentes señalan ocasiones en las que Andreu, obedeciendo órdenes de Borràs, retira o deja sin constar en el acta cuestiones que se han hablado o debatido en la reunión de la Mesa. Esto ha hecho que el PSC o la CUP hayan reclamado en los últimos días que las reuniones de la Mesa del Parlament se vuelvan a grabar para que quede constancia de todo lo que ocurre ahí dentro.

También, recientemente, sobre el tema de las licencias de edad, Andreu desautorizó al responsable de los servicios jurídicos por un informe que elaboró sobre esa cuestión que no le gustó: le destituyó e hizo otro informe del tema. «Algún día tendremos un susto», señalan algunos portavoces parlamentarios, en referencia a que este tipo de prácticas de Borràs y Andreu pueden generar un problema jurídico de primer orden.

De hecho, hay quien señala, incluso, que se pueden derivar irregularidades que acaben salpicando también al resto: por ejemplo, en el manejo de determinadas cuestiones, como los expedientes de contratación, hay quien teme que sus malas prácticas acaben desembocando en alguna ilegalidad (malversación de caudales públicos, entre otros delitos). Otras voces, en cambio, minimizan este extremo, pero también alertan que la forma de actuar de Borràs no es muy apropiada.

«Borràs se equivocó mucho con el nombramiento de la secretaria general. No creo que esté satisfecha, pero le cuesta rectificar. Esto será fuente de futuros problemas», señala otra persona conocedora de los entresijos del Parlament, aludiendo a la guerra que ha desatado entre funcionarios las licencias de edad. El ambiente enrarecido en el Parlament por el «procés» ha deteriorado las relaciones entre algunos funcionarios, pero el paso de Borràs y su gestión ha acentuado esos enfrentamientos, como se ha visto con la guerra de las últimas semanas, donde los letrados Miquel Palomares y Antoni Bayona han quedado defenestrados por Andreu por tratar de actuar con el máximo grado de transparencia posible.

En este sentido, también cabe decir que con el “procés”, cada vez menos funcionarios se han visto atraídos por cargos de responsabilidad y eso ha hecho que muchos de ellos hayan ido alejándose del foco, como el caso de Antoni Bayona, letrado durante el frenético mes de septiembre de 2017 (cuando se votaron las leyes de ruptura), que dio un paso al lado en 2018.