Inhabilitan a Juvillà (CUP) por no retirar los lazos amarillos pero Borràs no obedecerá

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al diputado de la CUP en el Parlament Pau Juvillà a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por un delito de desobediencia durante la campaña electoral de las generales de 2019, cuando era concejal en Lleida.

La sentencia expone que Juvillà “se negó abiertamente y de forma reiterada y contumaz a dar el debido cumplimiento a los acuerdos y requerimientos” de la Junta Electoral de Zona y de la Provincial para retirar los lazos amarillos y una bandera estelada de la ventana del despacho de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Lleida.

A raíz de una denuncia de la entonces concejal de Cs Ángeles Ribes, la Junta Electoral de Zona envió el requerimiento de retirar los símbolos independentistas al entonces presidente del grupo municipal --que dejó el cargo ese mismo día--, pero el tribunal considera que Juvillà “tuvo conocimiento puntual” de la orden porque solo había dos concejales de la CUP en el consistorio.

Al justificar que Juvillà sí conocía la orden, los magistrados recuerdan que publicó dos tuits mostrando una imagen de la fachada del Ayuntamiento con los lazos y la bandera, además de una foto con la diligencia de requerimiento de la JEZ.

Una semana después de enviar la primera orden, la Junta requirió de nuevo --esta vez personalmente-- a Juvillà para que retirara símbolos al considerar que afectaban a la neutralidad de las instituciones en campaña electoral, y al constatar que no los retiró, ordenó que lo hicieran los Mossos, el 13 de abril.

A pesar de que entonces Juvillà no era diputado, le ha juzgado el TSJC porque ahora sí es aforado al tener escaño en el Parlament, donde también es secretario tercero de la Mesa.

En el juicio, la defensa de Juvillà cuestionó la orden de retirar símbolos independentistas alegando que el propio logo de su partido incluye una bandera estelada, por lo que sostuvo que esa instrucción “lesionaba” su libertad ideológica.

Los jueces señalan la “argucia argumental que supone intentar encontrar similitudes consistentes entre el emblema de la formación política y los símbolos independentistas a que las Juntas Electorales se refirieron” en sus órdenes, y exponen que la CUP no manifestó en su momento que esos acuerdos de la JEP y la JEZ supusieran renunciar a las siglas de su formación.

La defensa de Juvillà aludió a la libertad de expresión para pedir que se le absolviera, ante lo que los jueces admiten el “carácter inequívocamente partidista de los símbolos contenidos en el requerimiento de la JEZ de Lleida y, por tanto, contrario al deber de neutralidad electoral” pero recuerdan que se trata de un debate resuelto en la jurisprudencia del Supremo.

La sentencia también se basa en el reglamento del Ayuntamiento, que regula los despachos de los grupos municipales, y en que las órdenes de la Junta Electoral fueron formalmente correctas, para “descartar que el acusado pudiera invocar dicho derecho como miembro de una determinada formación política cuando se hallaba en el uso de un espacio público, que le fue reconocido por su condición de autoridad de la administración local y para el ejercicio de sus funciones públicas, y no como ciudadano y militante de un partido político”.

La diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí ha tachado este martes de “absurda” la inhabilitación de su compañero en el Parlament Pau Juvillà y ha calificado de “injusto” que se ordene la retirada de su escaño sin haber aún sentencia “firme”. “Es una tomadura de pelo”, ha resumido.

En una rueda de prensa en el Congreso, Vehí ha lamentado que su inhabilitación es un “atentado contra la desobediencia civil”, cuyo ejercicio tantos derechos ha ayudado a conquistar, y ha justificado la negativa de su compañero a retirar unos símbolos “en defensa de los Derechos Humanos”.

Vehí ha avanzado que, dado que la sentencia es recurrible, su formación ya analizará cómo hay que actuar si se acaba confirmando la condena pero, de momento, ya ha recalcado que “es injusto” que una persona a la que ha votado “muchísima gente” tenga que dimitir cuando aún hay por delante “recorrido judicial”.

Ahora será la Junta Electoral central (JEC) la que decida la aplicación o no de la sentencia. En caso afirmativo, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, tendría que ejecutar la orden judicial.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que no tiene “ninguna potestad ni voluntad” de retirarle el escaño al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa.

En declaraciones a los medios en frente del despacho de audiencias del Parlament, Borràs ha asegurado que actuará de acuerdo con “la defensa de los derechos y las libertades de todos los diputados”, y ha subrayado que aún no hay una sentencia firme, porque Juvillà puede recurrir al Tribunal Supremo.

Preguntada sobre qué hará si hay un requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) para retirarle el escaño, la presidenta ha reiterado que defenderá los derechos y libertades de los diputados y ha sostenido que el Parlament representa la soberanía del pueblo catalán y la JEC es “una entidad administrativa”.

“No porque estemos ante la crónica de una inhabilitación anunciada dejaremos de denunciar que es una nueva injusticia por parte de la justicia española”, ha censurado Borràs, que considera que la voluntad de los tribunales es apartar de la vida política a representantes independentistas.

Ha asegurado que “los independentistas y los demócratas” perseverarán en la defensa de los derechos y libertades, y ha calificado de injusta la condena a Juvillà, que se negó a retirar lazos amarillos en el despacho de la CUP cuando era concejal en Lleida en periodo electoral, como pedía la JEC.