La Generalitat debe a las entidades del tercer sector más de 33 millones de euros en concepto de subvenciones

“Estamos ahogadas, estamos al límite, hace años que acumulamos retrasos, pero éste es el peor retraso que hemos sufrido en el pago de las subvenciones y nunca antes hemos estado tan mal como ahora”, aseguraba en rueda de prensa Francina Alsina, presidenta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Cataluña, quien al respecto denunciaba que “las entidades sociales están avanzando 33.627.076 euros de proyectos que ya se están ejecutando”, dado que a estas alturas del año el Govern aún no les ha abonado las cantidades económicas correspondiente a las dos principales convocatorias de subvenciones: la COSPE y el 0,7% del IRPF.

En cuanto a la COSPE, que es una ayuda destinada a las entidades en el ámbito de las políticas sociales para el desarrollo de proyectos y actividades, existen dos líneas de subvenciones. Por un lado está la bianual para los años 2021 y 2022 y, pese a contar ésta ya con una resolución definitiva, la administración catalana tan solo ha abonado a las entidades el 95% del montante correspondiente a 2021, mientras que del de 2022 aún no ha pagado nada, de manera que las entidades han tenido que avanzar 11 millones de euros. Por otro lado, en cuanto a la línea de subvención anual de la COSPE de 2022, por ahora ni siquiera ha salido la resolución definitiva, por lo que, en este caso, el dinero adelantado por parte de las entidades asciende a los 8 millones de euros y se estima que no se hará efectivo el pago de la misma hasta el último trimestre del año.

Esto ha obligado a las entidades a poner en marcha proyectos de los que no tienen la total seguridad que recibirán la correspondiente subvención, pero es que además éstas tampoco disponen aún de la ayuda procedente del 0,7% del IRPF, que alcanza los 14 millones de euros. De hecho, las convocatorias para dicha subvención se publicaron el pasado mes de marzo, de manera que se espera que la resolución provisional se haga en los próximos días y, por lo tanto, los cálculos más optimistas apuntan a que la resolución definitiva y pago de la misma se produzca a finales de agosto.

En este sentido, cabe señalar que hay otras comunidades autónomas, como Madrid, Castilla y León o Andalucía, en las que las entidades del tercer sector disponen de las ayudas procedentes del 0,7% del IRPF desde el mes de marzo. Al respecto, el caso más ejemplar, tal y como señaló Marta Obdúlia , responsable del grupo de trabajo de financiación de la Taula del Tecer Sector Social, es el de “Aragón, donde a finales del año pasado ya se había pagado a las entidades la subvención correspondiente al 0,7% del IRPF y eso es lo que tiene sentido porque así puedes empezar el 2022 sabiendo el dinero del qué dispones”.

En definitiva, todos estos ejemplos demuestran, tal y como indicó Obdúlia, que “existe otra manera de gestionar el tema de las subvenciones diferente a como se hace en Cataluña” y, en este sentido, recuerda que “de hecho, cuando esta convocatoria la gestionaba el Estado antes de que hacer 4 años se transfiriera la competencia a los Comunidades Autónomas, la cuantía procedente del IRPF se cobraba en el mes de diciembre anterior”.

En cualquier caso, ello ha obligado a las entidades del Tercer Sector a decidir en este 2022 qué cantidad de dinero que debía haberles llegado vía subvención se arriesgaban a adelantar, pero sobre todo, les ha llevado a asumir gastos sin saber si éstos serán finalmente cubiertos y a aumentar las pólizas de crédito. “Al aumentar las pólizas hemos asumido los intereses que ésta ampliación implica y eso lo hemos de pagar nosotras, las entidades, razón por lo cual, en muchos casos hemos tenido que renunciar a profesionales de nuestro cuerpo técnico”, denunció Alsina para al respecto recordar, además, que todo ello sucede “en un momento especialmente complicado debido a las consecuencias a nivel social y económico de la pandemia”.

Sin ir más lejos, Inmaculada Fernández, de la Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer de Cataluña, reconocía que “la entidad no pueda pagar la nómina del mes de junio de los integrantes de nuestro equipo técnico y hemos agotado ya todas nuestras reservas económicas, porque el 60% de nuestro presupuesto son subvenciones”.

Ante esta grave situación, la respuesta de la administración ha sido decepcionante. “Propusimos al Govern la creación de un grupo de trabajo mixto con el tercer sector para abordar mejoras en el sistema de financiación y, aunque el Departament de Drets Sociales se comprometió en el mes de noviembre pasado a impulsar su creación y a pese a nuestras reiteradas peticiones, ésta aún no se ha convocado”, lamentaba Alsina, quien recordaba que “cuando el Govern nos ha pedido nuestra ayuda para dar respuesta a emergencias sociales, siempre hemos estado ahí”. “El reconocimiento a las entidades sociales se ha de hacer con hechos, no con palabras, porque las palabras no pagan a nuestros trabajadores, ni evitan que tengamos que ampliar nuestras pólizas de crédito ni que pagar los intereses que se derivan de esta ampliación”, añadía para a continuación recordar que “ahogarnos económicamente no es solo ahogar a las entidades, sino al cerca del millón y medio de personas a las que damos apoyo”.

Así las cosas, la Taula del Tercer Sector Social ha planteado a la Generalitat cinco propuestas, que quedan recogidas en una moción que la semana pasada fue aprobada en el Parlament, con la esperanzad de que el Govern la asuma. Así, reclama la constitución con celeridad del grupo de trabajo mixto y pactar con el tercer sector social un calendario de convocatorias de subvenciones para que las entidades conozcan antes de empezar el año de qué presupuesto disponen. Asimismo, solicita que se garantice el pago de esas convocatorias el primer trimestre del año de ejecución con el fin de que las entidades no tengan que avanzar ese dinero ni ampliar sus pólizas de crédito, realizar el proceso de revisión de los proyectos que son financiados por las convocatorias de la COSPE y el IRPF y que tendrían que pasarse a la cartera de servicio de forma consensuada con el tercer sector social y, por último, asegurar la interlocución permanente con las entidades sociales a todos los niveles.