El falso repartidor acusado de 4 violaciones en Barcelona se limita a responder todas las preguntas de su abogado con un “no”

El falso ‘rider’ acusado de tres delitos de abuso sexual y uno de agresión sexual entre octubre de 2020 y enero de 2021 a vecinas de fincas de Barcelona ha negado este miércoles todos los hechos que se le atribuyen.

En su declaración en el juicio que sigue en la Audiencia de Barcelona, el hombre solo ha contestado a las preguntas de su abogado, que le ha preguntado si estuvo en el lugar y cometió las cuatro agresiones que la Fiscalía le atribuye, a lo que él ha contestado a cada una con solo un “no”.

Su abogado también le ha preguntado si siguió un tratamiento por drogodependencia y si ya antes del juicio pagó 4.500 euros para indemnizar a las víctimas, lo que podrían suponer circunstancias atenuantes ante una eventual condena, y el acusado ha contestado que sí.

El letrado le ha pedido que explicara cómo la policía accedió a su teléfono móvil, y ha contado que fue cuando estaba detenido en los calabozos: “Se me acercan dos agentes diciéndome que era obligatorio sí o sí entregar el móvil, a lo cual me negué pero me obligaron a acceder al móvil” y a desbloquearlo.

La Fiscalía pide para el hombre una condena de 19 años de cárcel, y el juicio empezó el martes pero quedó suspendido hasta este miércoles por la mañana cuando la fiscal pidió incorporar nuevas pruebas: el tribunal las ha admitido todas esta mañana y también ha acordado que la declaración de las cuatro víctimas se haga a puerta cerrada.

La sección 9 de la Audiencia de Barcelona había suspendido hasta hoy, a petición de la defensa, el juicio al un falso ‘rider’, para estudiar nuevas pruebas y testigos aportados por la fiscal.

En la primera sesión del juicio este lunes, la fiscal ha explicado que los hechos sucedieron entre noviembre de 2020 y enero de 2021, y que en un principio había cinco víctimas, pero una de ellas se ha retirado de la acusación.

La fiscal, a raíz de “una investigación hecha durante los últimos días” ha aportado como nuevos testigos a cinco policías, uno de ellos de la Policía Nacional y los otros de la Unidad Central de Agresiones Sexuales (Ucas) de los Mossos d’Esquadra, además de a un médico forense.

Ha detallado que uno de los agentes de la Ucas es un analista criminal, y ha explicado que si el tribunal admite a este testigo “es un avance en enjuiciamiento en material sexual”, ya que, por el momento, solamente se han admitido las pruebas de los analistas criminales en casos de homicidios, y no en agresiones sexuales.

Durante la sesión también ha explicado que al acusado, de 32 años, le constan antecedentes de intento de homicidio, lesiones graves y amenazas a funcionarios policiales en Chile en 2013, hecho que motivó su expulsión del país.

Tras los abusos sexuales y la agresión sexual en España, el acusado entró en prisión --donde actualmente sigue-- y, estando en la cárcel, “forzó una pareja de hecho con una mujer, coincidiendo con el momento en el que le llegó un expediente de expulsión del territorio español”.

En España, el acusado pidió el Número de Identidad de Extranjero (NIE) y “hubo un error administrativo y se le asignaron dos NIEs”: en uno le constaba la causa de expulsión del territorio español y, con el otro, pidió una tarjeta de residencia del país, aunque al formalizar la pareja de hecho observaron que la misma persona tenía dos NIEs.