La renuncia de Laia Estrada al escaño del Parlament, anunciada esta semana, ha sacudido a la CUP y ha puesto al descubierto una división estratégica en el seno del partido. Aunque se hará efectiva en septiembre, la decisión pone fin a un ciclo por parte de una de las voces más visibles de la izquierda anticapitalista catalana. La propia Estrada reconocía en redes sociales que su dimisión se debe a “discrepancias políticas” con la nueva estrategia del partido.

Una estrategia que responde al llamado Procés de Garbí, el proceso de refundación interna aprobado por la militancia en septiembre de 2024. En él, la CUP apostó por conjugar “radicalidad y pragmatismo”, abandonando el “no a todo” para explorar pactos concretos con otras formaciones, incluido el PSC. E objetivo es que la CUP deje de quedarse fuera de los debates clave, como el de la vivienda, donde la formación cuenta con una base social activa y movilizada, y de ahí el pacto alcanzado con el PSC en abril para regular el alquiler de temporada.

El Procés de Garbí, en concreto, es el nombre con el que la CUP bautizó su proceso de renovación estratégica y organizativa, impulsado en 2023 y culminado en una gran asamblea nacional en Sabadell en septiembre de 2024. Aprobado por la mayoría de la militancia, este proceso supuso un punto de inflexión en la trayectoria del partido, que dejó atrás su tradicional rechazo frontal a la política institucional para apostar por una línea más pragmática

Un giro estratégico aprobado por la militancia

El punto de inflexión llegó con el pacto con el gobierno de Salvador Illa para regular los alquileres de temporada, firmado en abril. Ese acuerdo fue interpretado por Estrada como una línea roja por el propio hecho de sentarse a negociar con el PSC, un partido con el que ha mantenido enfrentamientos especialmente duros durante su etapa como concejal en Tarragona, con acusaciones públicas de corrupción incluidas.

Tal y como indica Nació Digital, la dirección de la CUP insiste en que el relevo se ha hecho “de manera ordenada” y niega que haya una “fractura interna”. Aun así, la salida de Estrada, presidenta del grupo parlamentario y cabeza de lista en las últimas elecciones, supone un terremoto político para una organización que trata de mostrar cohesión tras haber redefinido su rumbo estratégico con amplio respaldo de las bases.

Aunque la CUP ha intentado rebajar la tensión, algunos medios apuntan a un choque directo entre Estrada y Laure Vega, diputada y actual referente emergente del grupo. Según una información del digital E-Notícies, Estrada llegó a pedir el cese de Vega en una reunión reciente, después de que se conociera que esta participaba en reuniones discretas con otras fuerzas de izquierda para preparar una posible lista antifascista unitaria de cara a las próximas elecciones. Desde la CUP se ha negado la existencia de tales encuentros, pero no se ha desmentido la petición de cese de Vega.

Esto ha hecho crecer las sospechas de que la dimisión no responde únicamente al pacto con el PSC, firmado meses atrás, sino a tensiones acumuladas que habrían estallado esta misma semana.

Un cambio generacional inevitable

El Procés de Garbí no solo implicó un viraje político, sino también una apuesta por nuevos liderazgos, con el objetivo de “madurar” la CUP y aumentar su capacidad de influencia institucional. En este contexto, el relevo de Estrada no será necesariamente asumido por Xavier Pellicer, siguiente en la lista por Barcelona, y la dirección asegura que los cuatro diputados actuales mantendrán un equilibrio de visibilidad y responsabilidades. Este mismo miércoles, de hecho, fue Dani Cornellà quien interrogó a Illa sobre la monarquía, mientras que Estrada preguntó a la consellera de Educación.

En cualquier caso, el adiós de Estrada marca un antes y un después en la trayectoria reciente de la CUP. Su marcha pone sobre la mesa una cuestión de fondo: la compatibilidad, o incompatibilidad, de los principios fundacionales con la voluntad de incidir políticamente desde dentro de las instituciones.