Los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP presentes en la Comisión Sectorial de Justicia que se celebra este viernes en Barcelona han abandonado la reunión.

Se trata de los consejeros de Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Valencia, La Rioja y Cantabria.

En la reunión, celebrada en el Recinto Modernista de Sant Pau, está presente el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas, entre los que está el conseller catalán, Ramon Espadaler.

En declaraciones a los medios, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que se han marchado porque en el orden del día "no se iba a hablar de financiación" de la ley de Eficiencia de la Justicia, ni tampoco del reglamento y los modelos de referencia de la nueva norma.

Ha detallado que le han pedido a Bolaños que convoque "una nueva conferencia sectorial mañana mismo, si quiere" para poder abordar estas cuestiones, y ha acusado al Ministerio de buscar hacerse la foto de la reunión pero cerrarse a abordar cuestiones que consideran fundamentales para poder aplicar con éxito la ley.

"Aquí no hemos venido a hacernos una foto, aquí hemos venido a trabajar. Esto es una conferencia sectorial, no es una tertulia", ha subrayado el consejero madrileño, que ha detallado que la aplicación de la norma tendría un coste de 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid.

Cumplir la LOFCA

Ha insistido en que no han visto ninguna voluntad por parte del Ministerio de hablar sobre la financiación de la norma, que ha recordado que debería asumir en cumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA): "Cuando la Administración General del Estado adopte decisiones que afecten a la financiación de las comunidades autónomas, lo tienen que financiar".

El consejero popular considera que "en lo único que está en este momento el Gobierno central es en pagar cuantos peajes le impongan los partidos independentistas y en ningunear una vez más a las comunidades autónomas", tras lo que ha insistido en que las gobernadas por el PP no van a ceder a este chantaje, textualmente.

García Martín ha respondido a las palabras de Bolaños, que ha sostenido que el abandono de la reunión es un gesto de 'gamberrismo institucional': "Lo que el ministro puede llamar macarra para mí es responsabilidad, la responsabilidad de implantar con medios una ley".

Ha negado que el Ministerio haya "aportado absolutamente nada" a las comunidades autónomas para aplicar la ley, al ser preguntado por los 325 millones de euros que Bolaños asegura que ya se han transferido, y ha añadido que este dinero son fondos europeos destinados a otras cuestiones.

"Lo podemos demostrar, no hay ningún papel, no hay ninguna transferencia, no hay ninguna partida que hayamos recibido las comunidades autónomas para esta cuestión. Y si la hay pues que me la traslade porque nuestra consejera de Hacienda va a estar muy contenta de que Madrid y el resto de comunidades autónomas podamos tener financiación de verdad para poder aplicar esta ley", ha insistido.

Andalucía

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado que ha sido un día duro, porque no le gusta que las reuniones importantes se desarrollen de este modo: "El Ministerio tiene que asumir algo, que hasta ahora es lo que echamos en falta y no ha habido ninguna asunción de responsabilidad", ha subrayado.

Ha explicado que Bolaños les dice que la ley no tiene ningún coste y que además generará ahorro, y ha preguntado que, si es así, "¿qué miedo tiene a que lo asuma el Ministerio?", tras lo que ha deseado que no se vuelva a repetir esta situación y también ha pedido que se vuelva a convocar una reunión con garantías de hablar sobre la financiación de la ley.

Galicia

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha lamentado la actitud del ministerio porque, ha asegurado, han intentado que incluyese todos los puntos del orden del día que veían "necesarios para poder aplicar la ley", pero que han recibido contestaciones vagas o sin compromiso.

"Incomprensiblemente, o quizá no, quizá reproduciendo una forma de trabajar a la que se nos tiene acostumbrados el Gobierno también en otros ministerios. El ministerio decide lo que quiere hacer y todas las comunidades tenemos que hacer un seguidismo", ha valorado.

Ha defendido que tienen argumentos de sobra para defender su posición, y ha calificado de paripé la Conferencia Sectorial que quería organizar el Ministerio: "Yo no he venido a tomar ningún canapé", ha concluido.

Aragón

Finalmente, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha considerado que el Ministerio ha perdido una oportunidad magnífica de llegar a acuerdos: "Lo que tenemos claro es que no vamos a someternos a un trágala, que es lo que se pretendía en el día de hoy: una foto", ha expresado.

Ha asegurado que el Ministerio ha trasladado unos datos y una información de la que no disponían las comunidades autónomas, que no habían negociado, y sobre las que no habrían "podido plantear nada".

También ha afirmado que no se esperaban esta situación, y que esperaban una Conferencia llena de contenido, pero que su posición demuestra "un claro compromiso, no queda ninguna duda, con el Poder Judicial", algo que cree que no ocurre por parte del Gobierno central.