El coste de la vivienda ya ahoga a casi la mitad de los barceloneses

El acceso a la vivienda se erige como uno de los problemas más graves para los habitantes de Barcelona, según los datos recientes del Barómetro de Barcelona, presentado en su segunda oleada de 2024 por la Oficina Municipal de Dades. Este informe, basado en entrevistas telefónicas a 805 residentes empadronados en la ciudad, subraya que el 28,8 % de los encuestados identifica la vivienda como el problema más acuciante de la ciudad, una cifra casi idéntica a la preocupación por la inseguridad (28,9 %), tradicionalmente uno de los temas más debatidos.

Más del 94 % de los barceloneses considera que la ciudad enfrenta un problema significativo de vivienda. Entre ellos, el 68,8 % lo describe como "muy grave", mientras que otro 25,5 % lo califica de "bastante grave". Esta preocupación se refleja también en el ámbito personal: un 45,8 % de los ciudadanos afirma que el coste de la vivienda supone un problema importante para su economía familiar.

La situación no solo afecta a quienes buscan alquilar o comprar un hogar, sino también a aquellos que intentan emanciparse. La edad media para adquirir una vivienda en la ciudad se sitúa en 1999, lo que indica que muchos residentes actuales compraron su propiedad hace más de dos décadas, en un contexto económico completamente distinto.

Desafíos estructurales en el acceso a la vivienda

El barómetro pone de relieve un panorama complicado en cuanto al régimen de tenencia. Un 34,1 % de los encuestados vive en alquiler, mientras que un 33,5 % reside en viviendas de propiedad ya pagadas, y un 22,4 % continúa pagando una hipoteca. Además, el 3,9 % habita en propiedades heredadas, y el 3,6 % ocupa viviendas cedidas por familiares o amigos, lo que evidencia una dependencia significativa de recursos familiares para acceder a un hogar.

El alquiler, aunque sigue siendo la opción más común para nuevos residentes y jóvenes, enfrenta una grave crisis de precios. A pesar de los intentos de regulación, los costos siguen estando fuera del alcance de muchos, lo que dificulta aún más el acceso a una vivienda digna.

La actuación de las administraciones: una asignatura pendiente

La valoración de las acciones emprendidas por las administraciones públicas para abordar la crisis de la vivienda es, en general, negativa. Según los datos, las medidas del Ayuntamiento de Barcelona obtienen una puntuación media de 3,5 sobre 10. Por su parte, la Generalitat y el Gobierno de España reciben evaluaciones aún más bajas, con puntuaciones de 3,3 y 2,9 respectivamente.

Los ciudadanos consideran que estas instituciones no están haciendo lo suficiente para mitigar la problemática. Las demandas de la población apuntan hacia políticas más contundentes y efectivas que permitan aliviar la presión sobre los precios del alquiler y aumenten la oferta de vivienda protegida.

Propuestas de solución: hacia un cambio necesario

El barómetro también explora la opinión de los barceloneses sobre posibles soluciones. Entre las medidas mejor valoradas, destacan:

• Construcción de más vivienda protegida pública, con una media de aceptación del 8,0 sobre 10.
• Limitación de los pisos turísticos, valorada con un 7,6.
• Regulación de los precios del alquiler, con una puntuación de 7,4.
• Asimismo, las ayudas y subvenciones dirigidas a grupos vulnerables y jóvenes para facilitar su emancipación también reciben una aceptación considerable, con medias de 6,9 y 6,5 respectivamente.

Sin embargo, medidas como la promoción del sector privado en la construcción y rehabilitación de viviendas no generan tanta confianza, obteniendo una puntuación de 6,1. Esto podría reflejar el escepticismo sobre el impacto real de las iniciativas privadas frente a una problemática de carácter público.

A pesar del pesimismo generalizado, hay una leve esperanza en cuanto al futuro. Según el informe, un 40,3 % de los barceloneses cree que la situación de la ciudad mejorará, aunque un 35,5 % teme que empeore. Esta percepción está vinculada a la necesidad de cambios estructurales en las políticas de vivienda, que deben incluir medidas más efectivas y mejor coordinación entre las diferentes administraciones.