Los alquileres de temporada en Cataluña tienen los días contados. Tras un mes de estudio, el Consell de Garanties Estatutàries, el órgano que vela porque las leyes catalanas respeten la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha dado luz verde al proyecto de ley del Govern para regular el alquiler de temporada en Cataluña.

El dictamen, consultado por Europa Press, se ha publicado este miércoles después de que Junts y PP lo solicitaran el 4 de noviembre, lo que paralizó la tramitación parlamentaria de esta iniciativa. En materia competencial, el CGE concluye que esta nueva regulación "no altera el régimen básico estatal de las obligaciones contractuales", como había alegado el PP, y tampoco contradice la normativa básica estatal ni altera el régimen obligacional. En este mismo sentido, el CGE considera que la Generalitat "ha ejercido correctamente sus competencias en derecho civil sin alterar la naturaleza ni los elementos nucleares del contrato de arrendamiento".

¿Cuándo podría aplicarse?

Tras recibir el aval jurídico del CGE, la norma podría aprobarse y aplicarse antes de final de año, tal y como ha solicitado el Sindicat de Llogaters al conocer el dictamen. La asociación ha pedido al Govern tramitar la norma "lo antes posible", y espera que sea aprobada antes de 2026.

La Junta de Portavoces puede decidir incluirlo en el orden del día del próximo Pleno, que se celebrará la semana del 15 de diciembre y será el último del año.

¿Y en Barcelona?

Entre las zonas tensionadas que deberán aplicar la normativa se encuentra Barcelona, la capital catalana. Por ello, "Collboni tiene la obligación de cumplir con los acuerdos de BComú y con la ciudadanía", ha advertido Janet Sanz, líder de los comunes en Barcelona.

En un comunicado de la formación, ha recordado que en el marco de la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de 2025, los Comuns acordaron con el gobierno municipal acabar con los alquileres de temporada "pero el PSC ha mantenido este acuerdo en el cajón".

"Barcelona tiene que ser la primera ciudad en prohibir el alquiler de temporada el mismo día 19 de diciembre, coincidiendo con el último pleno del año", ha defendido Sanz.

Ley sectorial

"Barcelona tiene que ser la primera ciudad en prohibir el alquiler de temporada el mismo día 19 de diciembre, coincidiendo con el último pleno del año", ha defendido Sanz.

Por su lado, Junts cuestionaba que la regulación se incorporase a través de una ley sectorial y no en el código civil catalán y también argumentaban que no preveían un régimen transitorio para definir la situación de los contratos vigentes. Al respecto, el Consell ha concluido que "corresponde a la libertad de configuración del legislador" la elección del instrumento normativo, por lo que puede optar por una regulación sectorial.

Además, entiende que la norma se aplicará a los contratos que concluyan tras su entrada en vigor, ya que no prevé la aplicación en anteriores, por lo que no ve vulneración de la seguridad jurídica, aunque recomienda incluir una disposición transitoria que lo aclare.

El Govern celebra el dictamen

Tras conocer la nota del CGE, la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha asegurado que "acoge favorablemente" el dictamen del Consell de Garanties Estatutaries (CGE) sobre el Proyecto de ley de medidas en materia de vivienda.

Ha valorado que el dictamen "constate la solidez jurídica" del proyecto de ley, y ha señalado que continuará trabajando para fortalecer el marco normativo que, textualmente, debe contribuir a garantizar el derecho a la vivienda.

El PP lo ve "más político que jurídico"

Por su lado, el PP ha criticado que el dictamen del CGE "es más político que jurídico", y consideran que se contradice a sí mismo. Fuentes populares han argumentado que hay dos dictámenes de 2019 y 2020 que "decían exactamente lo contrario, reconociendo que la Generalitat no podía regular el arrendamiento temporal". Además, han subrayado que el Tribunal Constitucional (TC) "se pronunció en este sentido al reconocer que la competencia en esta materia es exclusiva del Estado".

"Esto no hace más que perjudicar a los propietarios y a los inquilinos, al generarles una gran inseguridad jurídica y una reducción de la oferta de pisos en régimen de alquiler temporal, lo que perjudica a los jóvenes universitarios, al talento, a los profesores y médicos que no tendrán oferta suficiente", han lamentado.

Objeciones del CGE

Respecto a las objeciones del CGE a la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas declaradas de mercado tensionado, han dicho que estudiarán el informe y, si lo creen conveniente, lo enmendarán.

Candela ha dicho que están estudiando bien el informe, y que "puede ser enmendable dentro del periodo de enmiendas" que se abrirá hasta el Pleno, mientras que Segovia ha sostenido que se han asesorado jurídicamente para blindar el decreto, y que el CGE tan solo sugiere que se debería hacer a través de otra modificación legislativa.

Ha dicho que creen que es una medida que siguen considerando imprescindible porque hay actualmente "miles de viviendas que pierden la protección", y que el hecho que se plantee como medida temporal y en zonas tensionadas garantiza la seguridad jurídica de la medida.