La CUP ha decidido sentarse a negociar con el Govern de Salvador Illa una futura ley de vivienda. El movimiento sorprende por el contexto: los anticapitalistas no han apoyado unos presupuestos desde 2017 y han criticado duramente al PSC por su supuesta cercanía al "españolismo" y a los intereses económicos. Sin embargo, la gravedad de la crisis habitacional ha llevado a la formación a replantear su postura.

La diputada cupaire Laure Vega ha explicado que la CUP mantendrá una reunión con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, este lunes, con el objetivo de alcanzar acuerdos antes de la votación del miércoles en el Parlament, cuando se debatirá el decreto ley de medidas urgentes en vivienda y urbanismo. “Nuestro modelo de país es diferente, pero hay cuestiones clave como esta que no pueden esperar. El malestar social es evidente”, ha afirmado Vega, en referencia a las multitudinarias manifestaciones por el derecho a la vivienda.

Este cambio de rumbo de la CUP se enmarca dentro del llamado Procés de Garbí, un proceso de refundación interna de la formación tras sus últimos malos resultados electorales. La nueva estrategia pretende que las reivindicaciones sociales tengan un eco real en el Parlament. “La antipolítica es no hacer nada que tenga que ver con la vida de la gente”, ha remarcado Vega.

Reivindicaciones clave

Durante la negociación, la CUP ha planteado tres medidas clave para apoyar la futura ley. En primer lugar, exige regular los contratos de temporada y el alquiler de habitaciones, considerados el "agujero" de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos. Reclaman que estos contratos solo se apliquen en contextos recreativos o vacacionales, y que el resto se rijan por la legislación habitual de vivienda.

En segundo lugar, los cupaires piden blindar de forma retroactiva el régimen de protección oficial de la vivienda, denunciando que se está perdiendo parque público a pesar de que se plantea construir más. Finalmente, solicitan la creación de un cuerpo de inspectores que vele por el cumplimiento de la normativa vigente. “De nada sirve legislar si luego no se hace cumplir la ley”, afirman desde la formación.

Los comunes también han condicionado su apoyo al decreto a la inclusión de estas medidas. De aprobarse, supondría un giro significativo en la política de vivienda catalana, con un respaldo inédito entre fuerzas hasta ahora enfrentadas.