La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Cataluña ha reclamado este jueves una revisión profunda del modelo de acogida vigente para ajustarlo a la “realidad migratoria” y a la creciente diversidad y complejidad de los perfiles de las personas que llegan al país. La entidad advierte de que el sistema actual, pese a los avances logrados durante las últimas décadas, resulta “demasiado rígido y burocrático” y no garantiza la inclusión plena ni la cohesión social.

Las entidades sociales han presentado el dossier Abrir puertas, construir futuro: la acogida de personas de origen migrado en Catalunya como garantía de derechos humanos, un informe que analiza la evolución reciente de las migraciones internacionales y examina el funcionamiento del modelo de acogida desarrollado en base a las competencias autonómicas y locales. El documento identifica los principales retos que afrontan los dispositivos de atención y propone una batería de mejoras dirigidas al Govern, los ayuntamientos y las propias organizaciones del tercer sector.

El presidente de la Taula, Xavier Trabado Farré, ha recordado que Cataluña ha sido históricamente “un país de migración y de acogida, con políticas pensadas para garantizar igualdad y cohesión”. Sin embargo, alerta de que el escenario actual ha cambiado de manera significativa: “Hemos sido pioneras en este ámbito, pero hoy llegan personas muy diversas y con más situaciones de vulnerabilidad. Cuando estas políticas se trasladan a la vida cotidiana de las personas, en su día a día, el actual modelo resulta insuficiente para dar respuesta a sus necesidades”.

Según los datos incluidos en el informe, en enero de 2025 Cataluña tiene una población de 8,1 millones de habitantes, de los cuales un 16% son extranjeros. Si se incluyen las personas nacionalizadas, la ratio asciende al 21%. La comunidad es la que concentra más población de origen migrado de todo el Estado en cifras absolutas, y solo Baleares y Melilla la superan en términos relativos. La última ola migratoria, iniciada alrededor de 2015, destaca por la amplia variedad de perfiles y por un aumento de las situaciones de vulnerabilidad entre quienes llegan.

El estudio señala que, pese a que Cataluña fue pionera en impulsar políticas de acogida, el modelo actual presenta importantes limitaciones para adaptarse a las nuevas realidades. Además, apunta que los dispositivos se encuentran “fuertemente tensionados”, especialmente en el ámbito municipal y en las entidades sociales que actúan como primera línea de apoyo.

Uno de los frentes críticos es la Ley de Extranjería, que continúa generando situaciones de irregularidad, tanto inicial como sobrevenida, y que dificulta el acceso a derechos básicos. Esta normativa, según la Taula, limita la capacidad de los ayuntamientos para garantizar itinerarios de integración sólidos y provoca situaciones de exclusión que repercuten en la vivienda, el empadronamiento o los servicios sociales.

Ante este escenario, las entidades reclaman un sistema “más flexible, ágil y menos burocrático”, que simplifique trámites, amplíe plazos administrativos y adapte los itinerarios a las circunstancias personales de cada recién llegado. Entre las medidas propuestas figura también la necesidad de garantizar cursos de acogida accesibles, reforzar el acceso al empadronamiento y mejorar las políticas de vivienda para evitar episodios de sinhogarismo.

La Taula defiende asimismo la superación del enfoque “exclusivamente laboral” que tradicionalmente se ha asociado a la migración. Considera imprescindible garantizar el acceso a todos los derechos y promover la participación social y política como elementos de integración. En esta línea, propone reforzar la coordinación entre los dispositivos de acogida y los servicios sociales para asegurar un acompañamiento “integral y coordinado” que tenga en cuenta las distintas formas de vulnerabilidad.

El dossier también subraya la necesidad de incorporar más recursos comunitarios desde una perspectiva intercultural, con el objetivo de combatir el racismo y la xenofobia. Además, insta a incluir de forma transversal la perspectiva de género e interseccional en todas las etapas de la acogida, teniendo en cuenta los factores que afectan de manera diferenciada a mujeres, menores o personas mayores migradas.