«Están intentando acabar con la propiedad privada y la clase media»

Hace apenas un par de semanas, se presentó la asociación «Som Habitatge», una unión de propietarios de Cataluña cuya razón de ser es la defensa de los derechos de los propietarios de viviendas, especialmente de quienes alquilan inmuebles para uso residencial o profesional.

¿Qué les ha llevado a poner en marcha una iniciativa como esta? ¿Consideran que de algún modo sus derechos han sido vulnerados?

Totalmente. Nos han cosificado, nos acusan de ser especuladores y de abusar de la gente. Está siendo una persecución, sobre todo por parte de la televisión pública catalana, y ha llegado un momento en el que hemos llegado al límite. Lo que comenzó como una política de emergencia se ha convertido en un sistema de persecución legal y fiscal al propietario. Hoy tener una vivienda en alquiler en Cataluña es asumir un riesgo jurídico constante, sentimos que se ha vulnerado el derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica y al equilibrio contractual. Por eso nace «Som Habitatge», para dar voz a quienes se les está omitiendo. Creemos que ideológicamente ha interesado crear una dicotomía entre propietario e inquilino para poner una cortina de humo y así la administración evitar asumir la responsabilidad de proveer vivienda social y digna a sus ciudadanos. Por contra, lo que están haciendo es trasladar esta responsabilidad del Estado al particular, que es quien está haciendo vivienda social.

¿A quién representa la entidad? ¿No existía ya ninguna otra asociación que defendiera sus intereses?

No somos fondos ni grandes tenedores, sino familias de la clase media catalana, jubilados y pequeños ahorradores, personas que han heredado una vivienda o han invertido en ella y la alquilan como vivienda habitual o de temporada. En realidad, ya existe una asociación de propietarios de Cataluña, pero era muy pequeña y con poca actividad y ahora nos hemos asociado con ellos; «Som habitatge» es como una prolongación de esa asociación. Nosotros hemos salido por reacción, para defender nuestros derechos. Si hubiera habido una situación normal, no habríamos nacido. Hay que tener en cuenta que el 90% del mercado de alquiler en Cataluña está compuesto por pequeño propietario y el piso siempre ha sido el valor refugio.

¿Se sienten el chivo expiatorio? ¿Creen que son víctimas de la incapacidad de la administración a la hora de garantizar un mercado del alquiler estable y de calidad?

Totalmente. Servimos para desviar la atención del problema. Se están alimentando del problema y no están buscando soluciones realistas. Han acabado con el alquiler de vivienda habitual, en lugar de incentivar, construir y apoyar a los propietarios para que pongan facilidades para ayudar a la administración a solucionar este problema, porque aunque esa no es nuestra responsabilidad, queremos ayudar.

¿Cómo afecta esta situación al mercado? ¿Los propietarios de viviendas son los grandes perjudicados?

Sí, pero no solo ellos. El mercado está colapsado y baja la oferta, aumenta el alquiler temporal y la economía sumergida. El propietario vive con miedo a impagos, a cambios normativos repentinos o imposibilidad de recuperar su vivienda en caso de impago del inquilino. Pero el inquilino también sale perjudicado, porque hay menos pisos y mayor competencia. Lo más grave es que muchos propietarios están vendiendo y eso pone en riesgo el modelo social de propiedad. Es decir, la clase media está huyendo del mercado, pone sus pisos en venta y no los compra una familia vulnerable o los hijos de una familia de clase media, sino que los compran extranjeros o sociedades un poco opacas, con lo que se está despatrimonializando a la clase media del país.

¿Qué medidas cree que habría que emprender para solucionar el problema?

La primera sería derogar el régimen sancionador, que establece sanciones de 9 mil a 900 mil euros a los propietarios. Son una barbaridad y eso no pasa en ningún otro lugar. Además, la Generalitat ha creado un cuerpo de inspectores y en su web hay un formulario para que los inquilinos puedan denunciar a los propietarios. Es un acoso y derribo y eso es lo que va a venir a toda España. Además, proponemos eliminar la obligatoriedad de ceder el 30% cuando se hace rehabilitación u obra nueva para vivienda de protección oficial. Debido a esta normativa, en Barcelona hace 8 años que no se construye nada. También hay que eliminar el incremento del ITP, que está al 20% para grandes tenedores y el mínimo es del 10%, mientras que en Madrid es del 6% y para todos igual. Hay que reducir el tipo al 5% para la adquisición de primera vivienda, independientemente de la edad del adquiriente. También proponemos revertir la declaración masiva de zonas tensionadas y reformular el concepto de gran tenedor. Asimismo, hay que derogar la moratoria que impide hacer desahucios a personas vulnerables. Debido a estas prórrogas, hay asociados que hace 6 o 7 años que no pueden desalojar a sus inquilinos presuntamente vulnerables. Y es que se considera vulnerable al que cobra menos de 1600 euros al mes o si la suma del alquiler y los gastos de suministros es más del 30% o 35% de sus ingresos netos y estos dos parámetros los cumple casi todo el mundo. Y si son vulnerables, el desahucio no se puede ejecutar. La asociación quiere contribuir a una política de vivienda basada en el equilibrio y no en la ideología. Cataluña se ha convertido en un laboratorio de una política de vivienda que está resultando contraproducente y que quieren trasladar a toda España y es un peligro porque están intentando acabar con la propiedad privada y la clase media.