Juicio
El exconsejero Buch dice que no sabía que un asesor suyo protegía a Puigdemont pese a que lo publicitaba en Twitter
El exresponsable de Interior niega que pagara a un mosso para escoltar al expresidente. La Fiscalía pide seis años de cárcel
El exconsejero Miquel Buch ha negado este jueves que contratara a un sargento de los Mossos d’Esquadra como asesor de Interior para que hiciera de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica y ha asegurado que no sabía de los viajes de Lluís Escolà a Waterloo pese a que el agente los publicitaba a través de Twitter. "No miraba las redes sociales", "él estaba de viaje y era su vida privada", ha esgrimido el posconvergente como argumentos ante el juez.
"Puedo decir rotundamente que no, nunca con el presidente Puigdemont hablamos del servicio de escoltas. En todo caso hablamos de la constitución de la oficina de expresidente, pero nunca hablamos del servicio de escoltas", ha añadido a preguntas del fiscal en el inicio de su declaración.
La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel y 27 de inhabilitación para el exconsejero de Interior Miquel Buch por presuntamente designar al mosso Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente del Govern Carles Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155.
Buch ha relatado que fichó a Escolà como asesor de Interior en verano de 2018 tras sondear sin éxito a “4 o 5 personas de confianza”. El exconsejero se decantó entonces por este mando policial, que había sido escolta de los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas y que había sido apartado por ayudar a Puigdemont en su fuga. Sobre esta circunstancia, Buch ha asegurado que conocía la investigación abierta, pero que esperó a que terminara el procedimiento para contratarle. Eso sí, la Fiscalía ha subrayado que el procedimiento se activó un día después de que se cerrase el proceso sancionador.
Entre julio de 2018 y marzo de 2019, Escolà pasó 103 de los 224 días que estuvo en el cargo de asesor fuera de Cataluña. Él mismo dio cuenta en Twitter de que estaba acompañando a Puigdemont en Bélgica y en sus viajes por Europa.
Buch no ha tenido reparos en restar importancia al hecho de que Escolà no estuviera presente pese a trabajar en Interior -"el Covid nos ha demostrado que se puede hacer"- y ha dicho no saber dónde estaba bajo este argumento: "No tengo costumbre de preguntar a la gente dónde está. Yo necesitaba de él información, no sus coordenadas".
"No le puedo decir si iba con Puigdempont o con sus amigos a San Fermín. Me daba igual dónde estuviera", ha abundado Buch, quien ha llegado a decir que los informes de Escolà eran pobres y breves porque eran simplemente "anotaciones". "Más que informes, eran opiniones, notas no muy extensas, porque a mí no me gusta leer".
En el trámite de conclusiones finales, el fiscal Pedro Ariche también ha reiterado la petición de condenar a Escolà a cuatro años y medio de cárcel y a 23 de inhabilitación. El fiscal atribuye a Buch los presuntos delitos de malversación agravada y prevaricación, y achaca los mismos a Escolà en calidad de cooperador necesario.
En su turno, Escolà ha admitido que acompañó a Puigdemont en su fuga, aunque lo ha justificado diciendo que fue un "viaje privado" de un "amigo". "El presidente Puigdemont me pide si le puedo acompañar en un viaje privado, informo de que estoy de vacaciones y para mí es un honor", ha dicho al declarar en el juicio en el que está acusado de proteger a Puigdemont en el extranjero tras el 155, mientras era asesor de Buch.
El intendente Toni Rodríguez, anterior jefe de investigación de los Mossos d’Esquadra, fue el primero en declarar como testigo en el juicio al exconsejero Buch, y puso al acusado contra las cuerdas nada más empezar la sesión. En concreto, Rodríguez confirmó la tesis de la Fiscalía de que el posconvergente fichó a Lluís Escolà, un sargento apartado que ayudó a huir al mismo expresidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2017 a Bruselas, como asesor para que le pudiera seguir prestando protección en Waterloo entre 2018 y 2019.
Escolà se mantuvo en el puesto –un cargo de confianza que los consejeros tienen la potestad de nombrar a dedo– hasta marzo de 2019 y en ese tiempo percibió más de 52.000 euros de sueldo de las arcas públicas. El fichaje cumplió todos los requisitos formales y fue legal, admitió el intendente Rodríguez, pero Buch lo aprovechó para que Escolà pudiese seguir protegiendo a Puigdemont en Bélgica pese a haber sido apartado por ayudarle a huir.
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