El traspaso de Rodalies a la Generalitat ha sido un tema central en la política catalana de las últimas semanas, generando críticas desde distintos frentes. En este contexto, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado una acusación directa a Junts per Catalunya: "La derecha catalana se aprovecha. Nos machacan por el traspaso de Rodalies mientras ellos meten a sus amigos en el consejo de administración de Renfe. Señora Nogueras, ruedas de prensa con la bandera de España no, pero meter a sus amigos en empresas españolas sí, eh".

Las palabras de Rufián se producen tras el nombramiento de Eduard Gràcia, profesor de Economía internacional y reconocido independentista, en el consejo de administración de Renfe Operadora, la matriz del grupo ferroviario público español. Su designación, que ha sido una decisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, se suma a otros nombramientos de personas vinculadas al centro derecha catalán en importantes empresas y organismos estatales.

La estrategia de Junts para reforzar su presencia en instituciones clave se ha evidenciado con la incorporación de figuras como Ramon Tremosa en Aena, Elena Massot en Enagás y Pere Soler en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este movimiento recuerda a la antigua Convergència, que durante décadas construyó un poderoso sector de influencia en el ámbito económico.

Uno de los actores destacados en este proceso es Antoni Castellà, vicepresidente de Junts y exdirigente de Unió Democràtica de Catalunya. Castellà ha intensificado su actividad en Madrid, reuniéndose con influyentes figuras del mundo político y económico español, con el respaldo de David Madí, exmano derecha de Artur Mas. Su objetivo parece ser consolidar la presencia de Junts en el tejido empresarial y regulador del Estado.

El pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, que garantizó la investidura del líder socialista, ya ha traído consecuencias tangibles en el reparto de cargos en organismos clave. La estrategia de Junts sugiere que el partido no solo busca influencia política, sino también afianzar su presencia en el ámbito económico, aprovechando su papel clave en la gobernabilidad del Estado.