Junts pide multar a las empresas que no regresen a Cataluña para apoyar los decretos de Sánchez

Mañana se someterán a votación en el Congreso de los Diputados los tres primeros decretos anticrisis del nuevo Gobierno. Los votos de Junts, necesarios a todas luces para que salgan adelante los preceptos del ejecutivo de Pedro Sánchez, estarán finalmente condicionados a una serie de exigencias que ha hecho públicas el portavoz y presidente del partido, Josep Rius, esta mañana en una entrevista en SER Catalunya. Tras las informaciones que apuntaban que el PSOE pretendía lograr el apoyo del PP para aprobar el llamado decreto Ómnibus, y que ha desmentido el presidente y líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, los socialistas deberán sentarse a negociar con Junts y fuentes del propio ejecutivo han confirmado que así se hará "hasta el último minuto" para tratar de llegar a un acuerdo.

Rius ha exigido que se retiren los decretos actuales y que se presenten separados por bloques temáticos -no como un decreto de aprobación única- y que se acuerden de antemano con su grupo parlamentario. Asimismo, en el marco de la reforma de ley de Sociedades de Capital, Junts pretende que se aprueben una serie de incentivos fiscales para las empresas que mantuvieron su sede en Cataluña en el año 2017 y aquellas que decidan volver y, a su vez, sean sancionadas aquellas que tengan el centro operativo en Cataluña y no lo hagan. La formación de Carles Puigdemont pretende, de esta manera, retrasar la aprobación de los decretos y condicionarlos a una contrapartida específica para Cataluña que pueda revertir los efectos del decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que facilitó el cambio de sede social a importantes empresas catalanas en el marco de la crisis del Procés.

Fuentes del Gobierno señalaron hace unas semanas que esta maniobra, a través de la imposición de sanciones, no podía llevarse a cabo, a pesar de que el retorno de las empresas que marcharon formaba parte del acuerdo de investidura firmado por socialistas e independentistas. La formación posconvergente también exige que se retire una de las modificaciones legales que, a juicio de su secretario general, Jordi Turull, "da herramientas a los jueces para retrasar la aplicación de la Amnistía" y ha pedido revisar otras cuestiones de ámbito económico. En cualquier caso, Rius se ha mostrado tajante respecto al apoyo de Junts al ejecutivo central: "Nuestros votos no son un cheque en blanco".

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado las pretensiones de Junts acerca de las multas a las empresas que no quieran regresar al territorio de "comunismo". "Las empresas tienen derecho a invertir y a instalarse donde quieran", ha asegurado Garamendi. "Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que vuelvan a su tierra, que es lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo 'usted vuelve porque si no le multan'. No sé ni si es constitucional pero esos planteamientos son de aurora boreal", ha afirmado. Para el líder de la CEOE, lo que hay que hacer es generar el clima de confianza y de ánimo para que las empresas que se tuvieron que ir de Cataluña "con auténtica tristeza" puedan regresar.

En la misma línea se ha pronunciado la patronal catalana, Foment del Treball, a través de un comunicado. "El retorno de las empresas a Cataluña no debe basarse en sanciones", apunta, a la par que muestra su desaprobación respecto a que las empresas que vuelvan y aquellas que mantuvieron su sede social en Cataluña "se beneficien de incentivos fiscales". Para Foment, "la normalidad institucional y la creación de un clima económico favorable son el contexto necesario" para favorecer el retorno de las empresas, y no la alternativa que plantea Junts y que el Gobierno está dispuesto a negociar.

Por su parte, también desde el propio entorno de Junts se han mostrado asombrados por las declaraciones de Rius. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, pese a mostrar su apoyo a la beligerancia de los partidos independentistas con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha declarado que "no se puede sancionar a alguien por tomar una decisión libre de quedarse o marcharse". El expresidente autonómico entiende que la relevancia de las fuerzas independentistas en Madrid debe servir para lograr un "pacto fiscal para Cataluña". La Generalitat, finalmente, también se desvincula de la propuesta de Junts y reafirma la postura de ERC de votar a favor de los decretos. "Un exceso de gesticulaciones podría provocar que se nos privara de los pocos recursos que llegan a Cataluña", ha declarado la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja.