Los Mossos expulsan a los 6 agentes condenados por una agresión racista

Seis mossos d’esquadra –cinco agentes y un cabo– aceptaron ayer una condena de un año de prisión, que no cumplirán, y seis meses de inhabilitación como policías tras reconocer una agresión con motivos racistas en Sant Feliu Sasserra (Barcelona) en enero de 2019. El cuerpo les comunicó por la tarde su expulsión.

El juicio tenía que empezar este lunes en la Audiencia de Barcelona y se ha saldado con un acuerdo entre las defensas, la acusación particular que ejerce SOS Racisme y la Fiscalía.

Al tratarse de una condena inferior a dos años de cárcel, y como los policías no tienen antecedentes, no cumplirán la pena de prisión a condición de que no reincidan en los próximos tres años y de que sigan un programa de igualdad de trato y no discriminación.

La condena es por los delitos de atentado contra la integridad moral y por lesiones leves, y también incluye una multa de 300 euros, el pago de una indemnización de 80.000 euros al denunciante, Wubi, por daños morales y lesiones, y una orden de alejamiento de 500 metros durante cuatro años.

Al cerrar el acuerdo, se ha tenido en cuenta como atenuante para los seis policías que entre todos ya consignaron 30.000 euros como adelanto para la indemnización de la víctima.

Cinco de los seis policías fueron condenados con el agravante de delinquir por motivos racistas, mientras que el sexto está condenado por su actitud omisiva, es decir, por presenciar la agresión y no hacer nada para impedirla.

Acusaciones y defensas ya anunciaron que no recurrirán la sentencia que el tribunal dictó ‘in voce’ ayer, de manera que el tribunal declaró que la sentencia y la suspensión de la pena de prisión ya son firmes, y la inhabilitación como policías computa desde este lunes.

La resolución generó la indignación de dos activistas que estaban entre el público en la sala, y que gritaron expresiones contra la justicia como «mercenarios» y «vergüenza».

Antes de este acuerdo, la Fiscalía pedía para cada acusado una condena de tres años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación para ejercer como policía, mientras que SOS Racisme reclamaba seis años de prisión y que no estuvieran inhabilitados y no pudieran ser policías durante 12 años. Al final, el acuerdo dio lugar a la señalada sentencia.