Órdago de Junts y ERC

El Parlament oficializa el precio a Sánchez: referéndum de independencia

El PSC, molesto, ya avisa con elecciones si siguen en el "callejón sin salida" después de la gesticulación de Junts y ERC también con la amnistía

(I-D) El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès; el líder del PSC, Salvador Illa y el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, durante el Debate de Política General de la legislatura, en el Parlament de Catalunya, a 26 de septiembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El debate arranca con el discurso del presidente de la Generalitat de Catalunya y continúa mañana, 27 de septiembre con las intervenciones de los ocho grupos parlamentarios, hasta el viernes, donde se d...
Aragonès inicia el Debate de Política General en el Parlament de CatalunyaDavid ZorrakinoEuropa Press

El independentismo usó de nuevo el Parlament para elevar el precio a Pedro Sánchez y formalizar sus exigencias de cara a la investidura: negociar un referéndum y aprobar una ley de amnistía para despenalizar el «procés». Así lo aprobaron ayer Junts y Esquerra en la Cámara catalana coincidiendo con la última jornada del debate de política general, el más importante del curso autonómico.

La propuesta de resolución sobre el referéndum salió adelante con el apoyo de Junts y ERC, sus impulsores, además de la abstención de la CUP. Ciudadanos no votó al tildarla de inconstitucional y el resto de partidos se opusieron. Al texto a favor de una amnistía a cambio de la investidura se sumaron también la CUP y los Comunes, mientras que el resto la rechazaron.

«El Parlament se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no den apoyo a una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum», recoge la propuesta suscrita por los republicanos y los posconvergentes en una insólita tregua independentista que llega en un momento clave de la negociación. El documento, eso sí, no fija plazos ni límite temporal, aunque condiciona la autodeterminación a la investidura del líder socialista y lo hace oficial a través del Parlament de Cataluña.

Un órdago en toda regla, que institucionaliza las líneas rojas del independentismo y que fue respondido con rapidez por el PSC. El jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, quiso ser muy tajante, negó que los socialistas vayan a aceptar fijar las bases para un referéndum, ya que los socialistas no están «en el camino de la ruptura», e incluso avisó de la posibilidad de una repetición electoral: «Si hay que ir a elecciones, iremos».

«Queremos ser claros: nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando en el camino de unas políticas que han dado resultados positivos en Cataluña y que cuentan con el aval mayoritario de la ciudadanía, y a hacerlo con discreción, coherencia y siempre dentro del marco de la Constitución. Pero no daremos ni un solo paso por el camino de la ruptura y la división», avisó visiblemente molesto por el paso dado por el independentismo y, en concreto, por Aragonès.

Preguntado específicamente sobre si habrá antes nuevos comicios que referéndum de autodeterminación, el dirigente insistió en que por el camino que propone el independentismo, que calificó en varias ocasiones de «callejón sin salida», «no se puede ir a ningún lugar». Por lo que «si se tiene que volver a ir a elecciones, iremos a elecciones y que la ciudadanía elija, pero el camino de la división y de la ruptura es un camino sin recorrido por parte de los socialistas catalanes», reiteró.

El PSC rechaza todas las propuesta sobre la amnistía

La segunda exigencia de Junts y ERC para la investidura es la amnistía, una despenalización del «procés» que entienden como «un punto de partida» para resolver el «fondo del conflicto con la autodeterminación», según aseguró ayer mismo la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, en el transcurso del debate parlamentario. Esta segunda resolución defiende «la necesidad de una ley de amnistía para dejar sin efecto lo tipificado como infracción penal o administrativa, en relación a la defensa en el ejercicio del derecho a autodeterminación de Cataluña, e insta al Govern de la Generalitat y las instituciones catalanas a sumarse al esfuerzo colectivo por la aprobación de esta ley y a realizar un seguimiento proactivo de su aplicación de forma inmediata a su aprobación»

El PSC, que no apoyó ninguna propuesta sobre la amnistía de las que se votaron ayer, incluida otra en el Ayuntamiento de Barcelona -salió con los votos de Colau, Junts y ERC- vio tumbada su resolución para «avanzar mediante el diálogo por el camino del reencuentro, en el marco de la Constitución» con el rechazo del independentismo.

Un carrusel de votaciones que sirve como termómetro para medir las exigencias del soberanismo al PSOE, decidido a hacer valer sus votos y a trasladar su órdago a Sánchez cuanto antes.

Batalla soterrada entre ERC y Junts

La foto que deja esta semana es también la del frente común independentismo, una alianza de conveniencia para elevar el precio de la investidura. Y aquí, cada actor interpreta a su gusto el rédito obtenido: el president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC) consideró que la «apuesta por la negociación sale reforzada» tras la aprobación de las propuestas independentistas. Es decir, destacó que los posconvergentes se han sumado ahora a la estrategia de los republicanos y puso el acento en la amnistía y en la exigencia de poner las bases de un referéndum. De hecho, se prevé que en próximos días el grupo de expertos académicos designado por el Govern emita su informe sobre ese acuerdo de claridad basado en la vía canadiense– y que servirá de base para la propuesta de Aragonès.

Por su parte, en Junts siguen mirando hacia Carles Puigdemont, recuerdan las condiciones que impuso el expresidente de la Generalitat desde Bruselas y celebran que sea ahora ERC la que se sumé «a la mayoría del 52% independentista».

Es decir, señalan que los republicanos van detrás después de que los posconvergentes hayan elevado el precio de Sánchez al tener también la llave de la investidura. Discursos contrarios que evidencian las discrepancias que hay pese a la tregua firmada con las exigencias de la amnistía y el referéndum.