Societat Civil Catalana rechaza el modelo de financiación singular para Cataluña porque "es perniciosa y favorece la fractura de España"

La organización Societat Civil Catalana (SCC) ha expresado su firme rechazo ante los planes del Gobierno para implantar un modelo de financiación singular en Cataluña. Según han denunciado en un comunicado, la cesión de la recaudación de impuestos a la Generalitat y el posible establecimiento de un sistema similar al concierto vasco no solo vulnerarían los principios constitucionales, sino que pondrían en riesgo la igualdad entre españoles y la cohesión territorial del Estado.

SCC considera que esta propuesta es perjudicial desde el punto de vista político, social, económico y técnico, y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de responder únicamente a sus necesidades de mantenerse en el poder gracias al apoyo de partidos independentistas. “Nos negamos a aceptar que se mercadee con la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre los territorios”, afirma la entidad.

En su argumentario, Societat Civil Catalana expone diez razones de peso para oponerse a esta financiación diferenciada. La primera de ellas es que rompería la unidad de caja de la Hacienda pública española, elemento que consideran esencial para sostener el Estado del bienestar y garantizar la solidaridad interterritorial. Además, advierten de que haría inviable el mantenimiento de las funciones del Estado en su conjunto.

La organización alerta de que un modelo singular generaría ciudadanos con diferentes obligaciones fiscales y distintos niveles de prestaciones sociales según la comunidad autónoma en la que residan, lo cual abriría la puerta a una fragmentación aún mayor del sistema. En esa línea, critican también que aumentaría los obstáculos en el mercado interior español, elevaría la carga regulatoria y, en consecuencia, afectaría negativamente a la actividad económica, tanto en Cataluña como en el resto del país.

Según SCC, lejos de mejorar la situación financiera de Cataluña, esta propuesta agravaría los problemas existentes. Apuntan al riesgo de una mayor fuga de empresas, el fomento del fraude fiscal y la corrupción, así como un incremento del descontrol institucional que podría desembocar en la existencia de hasta 19 haciendas independientes. Todo ello, aseguran, alimentaría la fragmentación territorial y socavaría la unidad de España.

A nivel jurídico, Societat Civil Catalana sostiene que esta financiación singular sería incompatible tanto con el marco constitucional como con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Además, subrayan que contraviene los principios del mercado común y vulnera el Tratado de la Unión Europea, al introducir desigualdades y romper los equilibrios institucionales que rigen el funcionamiento del Estado.

Por todo ello, SCC exige la retirada inmediata de la propuesta. En su opinión, no responde a una voluntad de mejora del sistema de financiación autonómica en beneficio del conjunto de los ciudadanos, sino a una cesión política que solo busca asegurar la supervivencia de un Gobierno “rehén de los chantajes del separatismo”.